La falta de juramentación del Presidente electo crea tensiones políticas y sociales.
La juramentación del Presidente electo es objeto de controversia y su manejo es considerado por muchos como un gran error político que genera incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional. El diferimiento de este acto carecería de lógica y, al no llevarse a cabo, se entraría en un proceso de desgaste innecesario.
La ausencia de juramentación no sólo debilita la legitimidad del nuevo gobierno, sino que también crea tensiones políticas y sociales que pueden prolongar la crisis en lugar de resolverla. Esta falta de claridad y acción ha generado desconfianza entre los ciudadanos y en la comunidad internacional, máxime cuando las circunstancias son complejas y difíciles de interpretar.
Los cálculos erróneos de algunos asesores, respecto a la juramentación, han minado el deseo de cambio en el país. Especialmente los de exiliados en España, quienes serían financiados por bonistas encubiertos con conexiones cuestionables a figuras como Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Algo similar sucedería en EEUU.
En tal sentido, no todos los miembros de la oposición están comprometidos con la libertad, algunos han estado involucrados en actividades ilícitas, como el narcotráfico y el contrabando, mientras que otros colaboran con el régimen actual para mantener sus propias posiciones y beneficios económicos.
Esto ha llevado a una percepción negativa de la oposición en general, particularmente de ciertos líderes que han dificultado la confianza del pueblo venezolano en su capacidad para liderar un cambio real. Algunos de estos líderes se han visto al lado del Presidente electo tanto en Europa como en América.
En este contexto, es fundamental cuestionar qué esperan figuras clave como Edmundo González Urrutia para avanzar hacia una legitimidad plena como Presidente electo. La Constitución no contempla la posibilidad de juramentarse fuera del país y la jurisprudencia patria ha señalado que los actos procesales esenciales deben realizarse dentro del territorio nacional.
La juramentación fuera del territorio nacional, stricto sensu, presenta limitaciones significativas según las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales. Esto genera una situación en la que se espera lo anhelado, pero no se avanza hacia lo esperado, creando un estado de incertidumbre jurídica y política.
En el plano práctico y efectivo, las medidas legales para avanzar en su juramentación no surtirían el impacto deseado a nivel local. Por ello, es fundamental robustecer el apoyo internacional y la movilización social, convirtiéndolos en factores determinantes que generen presión sobre el estatus quo. Sin obviar una comunicación transparente, clave para mantener la confianza de la sociedad venezolana.
Por supuesto, es crucial que el Presidente electo se desvincule de cualquier influencia o alineación que obstaculice la implementación de una estrategia efectiva para el cambio político en Venezuela. En particular, las asociaciones con organismos o corrientes ideológicas, como la Internacional Socialista, pueden limitar la capacidad de acción y generar percepciones de dependencia que debiliten su liderazgo.
Concretar un apoyo internacional palpable, una movilización social irresistible y superar cualquier influencia o alineación perniciosa, permitiría consolidar una hoja de ruta clara y autónoma, enfocada en restaurar el orden constitucional, fortalecer la legitimidad y garantizar el triunfo de la sociedad venezolana en su lucha por la democracia.
La juramentación no es solo un acto simbólico; es un paso crucial hacia el cambio real que tanto anhela la sociedad venezolana. La falta de acción en este sentido no solo perpetúa la crisis, sino que también socava las esperanzas de un futuro mejor. Es hora de actuar con determinación y claridad para restaurar la confianza y avanzar hacia un verdadero cambio.