El descubrimiento de dos fosas comunes con los cadáveres descuartizados de 12 personas le da la razón, nuevamente, a los criminólogos y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que es un error que funcionarios de la FANB tengan competencia en materia de protección ciudadanaÁLVARO PULIDO
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9 DE DICIEMBRE 2016 - 10:27 AM
A comienzos de octubre el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio unas declaraciones en las que aseguraba que planes de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) tendrían un nuevo impulso. El resultado en esto últimos dos meses no ha sido muy
diferente a lo que se viene realizando.
Un procedimiento militar de seguridad que se realizó en Barlovento, estado Miranda, conocido como Operación Rondón, trajo más desgracia que tranquilidad al sector.
Los familiares de 12 personas denunciaron las desapariciones de sus allegados entre el 15 y 17 de octubre de este año mediante estos procedimientos, en los que se vieron involucrados funcionarios del Ejército Nacional.
Más de un mes después, el 25 de noviembre, de las 18 personas denunciadas como desaparecidas 12 fueron encontradas entre dos fosas comunes ubicadas en La Maturetera, del municipio Brión, y en Aragüita, municipio Acevedo, según información oficial otorgada por las autoridades y hasta la misma fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
En la llamada masacre de Barlovento fueron aprehendidos 11 funcionarios del Ejército, acusados de asesinato, y están siendo procesados por el Ministerio Público; dejaron un precedente sobre las constantes críticas de criminólogos y defensores de los derechos humanos: el error de los planes de seguridad ciudadana impuestos por el gobierno nacional.
El criminólogo Luis Izquiel considera necesario que se coloque un coto a las Operaciones de Liberación del Pueblo, procedimiento de seguridad que se realizó en el sector mirandino, debido a que el plan se ha convertido en un nido para la violación de derechos humanos.
“El problema es el mismo: siguen utilizando a las Fuerzas Armadas para asuntos en los que no están preparados. No esperemos que se revise la participación de funcionarios militares en los procedimientos, lo que necesitamos en que eliminen estos planes que sólo han servido para atentar contra la vida de los ciudadanos. Es necesario imponer la seguridad permanente con una policía bien preparada”, resaltó el especialista en una consulta realizada por El Nacional Web.
Según las cifras manejadas por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), se han registrado las denuncias de más de 850 presuntas muertes durante los procedimientos de la OLP desde que inició el plan el 13 de julio de 2015.
De acuerdo con Izquiel, el responsable del fallo de estos planes de seguridad ciudadana es el gobierno nacional. “No se va a producir una transformación policial y judicial si se sigue ofreciendo lo mismo y siguen incumpliéndole al país. El denunciar y apresar a los funcionarios del Ejército por los hechos de Barlovento es el reconocimiento de la incapacidad de estos funcionarios para participar en procedimientos de seguridad”, destacó.
También resaltó que mientras el Ejecutivo nacional siga alentando a los cuerpos militares de “neutralizar” a grupos delictivos en la frontera o en cualquier parte del país, hay muchas probabilidades de que sucesos como los de Barlovento sigan ocurriendo.
Desde la llegada del chavismo al gobierno se han aplicado al menos 24 planes de seguridad ciudadana en los últimos 18 años.
“No es un hecho aislado”
Luego de los sucesos en Barlovento, en el que se vieron implicados 11 funcionarios de Ejército, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado para rechazar el hecho.
El general en jefe de la Fuerza Armada aprovechó la oportunidad para decir que todo lo sucedido fue un “caso aislado” que mancha la imagen del todo el ente castrense del país.
“...Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria...”, resaltó el comunicado.
Ante estas declaraciones el coordinador de investigación de Provea, Inti Rodríguez, aseguró que los hechos de impunidad en Barlovento no son aislados, sino que forman parte del llamado constante de las autoridades para que operen contra la delincuencia.
“Lamentablemente esto que ocurrió no es algo nuevo.Ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones el uso excesivo de la fuerza durante estos procedimientos, especialmente en la OLP. Este año se han presentado casos como el del 23 de Enero (cinco asesinados en julio) y ahora los de Barlovento. Todos estos sucesos ya constituyen una masacre y deben ser atendidos como tal”, dijo el defensor de DD HH en una entrevista realizada por El Nacional Web.
Rodríguez aseguró que a pesar de la gravedad de la situación, su mayor preocupación del caso Barlovento es la forma en la que fueron encontrados los cadáveres en las fosas comunes.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), se determinó que hubo signos de tortura en los desaparecidos antes de haber sido ultimados y desmembrados.
“La responsabilidad de este caso va más allá de la autoría intelectual, como han declarado algunos funcionarios públicos. Hay que determinar las sanciones penales y administrativas con el alto mando de estos cuerpos del Ejército, principales responsables de que esto haya pasado”, agregó.
Hasta la fecha, la cifra de militares aprehendidos por los sucesos de Barlovento aumentó a 18.
Ayuda a medias
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha manifestado que los planes de seguridad ciudadana deben “estudiarse” para evitar que se sigan registrando violaciones a los derechos humanos durante los operativos de seguridad.
Otro de los funcionarios del Estado que ha sido crítico con los sucesos del estado Miranda fue el defensor del Pueblo,Tarek William Saab, quien aseguró que se realizarán las investigaciones necesarias para determinar quiénes son los autores intelectuales de los asesinatos en Barlovento.
A pesar de las intenciones de los organismos públicos de resolver el caso, para Inti Rodríguez la participación de las instituciones en este tipo de acontecimientos ha sido “muy pobre”.
“Desde Provea, hemos tenido varias reuniones con funcionarios del Ministerio Público y nos han demostrado su interés en resolver este tipo de sucesos. Sin embargo, la fiscal general y el organismo deben hacer más. Ellos tienen los recursos y el equipo necesario para atender todas estas investigaciones”, dijo.
También criticó la actuación de la Defensoría del Pueblo, que asegura no atiende a tiempo las denuncias de los afectados por violación de derechos humanos.
“Víctimas de las OLP nos confirmaron que desde hace unos días fue cuando la Defensoría se contactó con ellos para atender los casos que ocurrieron en julio y agosto de 2015”, concluyó.