Proyecto de Ley de Amnistía

Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad venezolana ha vivido momentos de gran confrontación en los últimos

lustros, caracterizada por una dinámica polarizante. Sin que las diferencias entre

pareceres o incluso entre intereses legítimos si bien parciales, dejen de existir, y a

conciencia de que la distancia que los separe puede ser ancha, convivir es un

imperativo de la vida venezolana, en las perspectivas del funcionamiento

institucional, el desarrollo social y la prosperidad económica de todos según la

pauta de la Constitución a partir de su Preámbulo. En su solícita preocupación por

Venezuela, Su Santidad el Papa Francisco, quien ha recibido, escuchado y

aconsejado al Ciudadano Presidente de la República y otras autoridades públicas,

a líderes de la oposición democrática, a familias que sufren la separación de sus

seres queridos a consecuencia de la radicalidad en la confrontación política, nos

ha dicho que “No hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo”.

Animados por todo el pueblo venezolano que de modo pacífico, democrático,

constitucional y mediante su voto, decidió la integración de esta Asamblea

Nacional, demostrando así su decisión acerca de cómo deben ser resueltas las

controversias entre nosotros, en el espíritu republicano de nuestra Constitución y

en el llamado del Papa, presentamos este proyecto de Ley de Amnistía y

Reconciliación Nacional.

El discurso del poder, tanto en la retórica y la propaganda, como en la motivación

de decisiones de diversos órganos del Poder Público, ha influido en proporción

significativa a la exacerbación de la pugnacidad política y de ello deriva una

responsabilidad, pero a su vez, los sectores políticos y sociales que lo han

adversado no son ajenos a la responsabilidad de contribuir a generar un clima que

favorezca la convivencia en la diversidad, dimanación natural del pluralismo que

es tanto uno de los valores preeminentes de nuestro Estado democrático y social

de Derecho y de Justicia, como una de la características de nuestro sistema de

gobierno (arts. 2 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

A consecuencia del mutuo respeto que debe signar nuestras relaciones sociales,

se impone un consenso mínimo acerca de lo que nos es común, susceptible de

ser identificable como espacio compartido para el encauzamiento institucional del

proceso democrático, al cual concurren, como le es propio, distintas ideas,

propuestas, proyectos.

En consonancia con el espíritu que debe distinguir una amnistía, este Proyecto de

Ley no intenta dilucidar quién es el principal factor político causante de la escisión

de la conciencia nacional ni asume una u otra respuesta a esta cuestión como

premisa. Más bien obedece a la convicción de que es preciso recomponer el tejido

social y el sentido de pertenencia a una misma comunidad política, lo cual exige

colocarse por encima de la diatriba parcial y sentar las bases para la

reconciliación. La amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto

de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal

respecto de determinados delitos, con la finalidad de cerrar heridas políticas o

sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la

participación de todos los sectores en los asuntos públicos.

La amnistía está en último término al servicio de la paz, como valor constitucional

fundamental que debe ser preservado para las futuras generaciones (Preámbulo

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y que define al tipo

de sociedad propugnado por la Constitución (art. 3 ejusdem). La paz es además

un derecho humano de los pueblos que sustenta soluciones como la amnistía ante

situaciones de conflicto político.

La facultad de decretar la amnistía es propia de la Asamblea Nacional, ya que es

un cuerpo plural y representativo el que debe evaluar si existen las circunstancias

que justifican adoptarla, siendo esta una apreciación fundamentalmente política.

Hasta tal punto estaba consciente el constituyente de 1999 de la significación de

esta atribución de la Asamblea Nacional que excluyó las leyes de amnistía del

ámbito de aplicación del referendo abrogatorio de leyes (art. 74 de la

Constitución), pues entendió que la visión mayoritaria del cuerpo legislativo acerca

de la conveniencia o necesidad de la amnistía no debía ser menoscabada por una

opinión popular circunstancialmente contraria a ella, que podría ser expresión de

la misma división sociopolítica que la amnistía pretende superar. En la actual

realidad venezolana la amnistía recibiría seguramente un respaldo popular

mayoritario pero no es eso lo que ahora se quiere subrayar, sino la naturaleza de

la amnistía como medida de pacificación y de reconciliación, que responde a los

altos intereses nacionales, cuya ponderación ha de efectuar la Asamblea

Nacional.

Esta valoración positiva de la amnistía presupone obviamente que se respeten los

límites impuestos por el Derecho Internacional a esta forma de condonación de los

delitos y de sus penas. La amnistía no debe conducir a la impunidad en relación

con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a

violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades o

funcionarios. Así lo han establecido los tratados y la jurisprudencia internacional y

de ello se hizo eco cabalmente la Constitución vigente en su artículo 29. Dentro

de estos linderos la amnistía es un mecanismo legítimo y en ocasiones necesario

para la promoción, preservación o la recuperación de la paz.

La amnistía ha tenido además una especial importancia en nuestra historia

constitucional. Ha sido empleada en distintos momentos de nuestra evolución

política como manifestación de un espíritu de tolerancia hacia los adversarios, que

mediante esta condonación legal pueden volver a la vida pública y recuperar el

ejercicio de sus derechos. Ha estado presente desde la etapa fundacional de la

República. La utilizó el Congreso General de Venezuela respecto de la

sublevación de Valencia, tal como se obligaría después a concederla el gobierno

español en atención a lo dispuesto en la capitulación de Miranda. La decretó

Bolívar frente al movimiento de la Cosiata, así como lo haría después el Congreso

de Venezuela, bajo el impulso de Soublette, en relación con la Revolución de las

Reformas. La lista de situaciones en las que se acudió a la amnistía en el siglo XIX

es muy extensa, siendo también digna de mención la decretada por la Asamblea

Constituyente de 1864, tras la Guerra Federal, la cual se fundó en que “para

destruir todos los odios convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional”.

La sucesión de alzamientos o revoluciones característica del siglo XIX y la

reacción que suscitaban desde el poder instaurado estuvieron acompañadas con

frecuencia de medidas de clemencia adoptadas por los vencedores para facilitar la

naciente gestión oficial o la recuperación de la normalidad institucional. Las

consideraciones prácticas se conjugaban con el respeto a las razones políticas

que animaban las luchas libradas.

En el siglo XX se recurrió igualmente a la amnistía, aunque en menor grado dado

el carácter fuertemente represivo o autoritario de la mayoría de los gobiernos que

dominaron la escena pública hasta finales de la década de los cincuenta, y en

parte también debido a la mayor estabilidad política que aseguraron. Luego de la

recuperación democrática y de la intensa conflictividad de los años sesenta, se

adoptaron medidas de pacificación que, si bien tuvieron una forma jurídica distinta

a la de la amnistía, respondían a ese espíritu de tolerancia que ha sido benéfico

para nuestro devenir institucional. Lo mismo sucedió cuando se dictaron medidas

de sobreseimiento respecto de los líderes y participantes del movimiento armado

del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, impulsadas primero por el

Presidente que sufrió la insurrección militar, Carlos Andrés Pérez, y continuadas

por sus sucesores, los Presidentes Velásquez y Caldera.

En los albores del siglo XXI, pocos meses después de la entrada en vigor de la

Constitución de 1999, las organizaciones que respaldaban al Presidente de la

República promovieron y aprobaron una Ley de Amnistía Política General, que fue

sancionada por la Comisión Legislativa Nacional y luego promulgada por el

Presidente Chávez (Gaceta Oficial No. 36.934 del 17 de abril de 2000). Allí se

otorgaba amnistía general y plena “a favor de todas aquellas personas que,

enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o

perseguidos por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos

con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos

noventa y dos”. Mediante esta Ley se dejaba atrás la persecución de hechos

relativos a episodios de la historia nacional que han merecido distintas lecturas

pero que implicaron en todo caso la comisión de diversos delitos, incluso de

algunos relacionados con el uso de la violencia, los cuales quedaron condonados

con las consecuencias propias de una amnistía.

Una valoración especial corresponde al Decreto Ley Especial de Amnistía dictado

por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007 (Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela 5870 extraordinaria), el cual recoge fielmente

el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve su vinculación con

el valor de la paz. En este Decreto Ley el Presidente Chávez declaró la amnistía

respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del 11 y 12

de abril de 2002, así como en relación con acciones ilícitas posteriores,

enmarcadas en el paro petrolero, e incluso concedió de manera general amnistía:

“Por la Comisión de los Delito de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el

dos de diciembre de 2.007” y “Por los hechos que configuren o constituyan actos

de Rebelión Civil hasta el 02 de Diciembre de 2.007”. Con lo cual el Presidente

Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática y demostró el amplio

alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la

animen. En aquella oportunidad el Presidente Chávez afirmó que su voluntad era

“dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz”, y

añadió que estaba “lanzando una señal en representación de quienes quieren el

camino de la paz”. Todos los venezolanos queremos transitar el camino de la paz

y la Ley de amnistía contribuirá a alcanzarla.

En atención a los principios ínsitos a una amnistía, este Proyecto de Ley alude

directamente a los hechos punibles comprendidos por la amnistía, sin que ello

implique un reconocimiento o atribución de culpabilidad o autoría respecto de los

eventuales beneficiarios de esta medida. En el país existe un debate en la

actualidad en torno a la independencia de la administración de justicia y muchos

venezolanos sostienen, con buenas razones, que las imputaciones, juicios o

condenas relacionados con los delitos objeto de esta amnistía responden a una

persecución política. Más allá de esta discusión, el Proyecto de Ley señala los

hechos punibles amnistiados y alude a algunos supuestos especiales en los

cuales no han sido satisfechas las garantías objetivas de una administración

imparcial de la justicia. Al identificar estos supuestos se han tenido en

consideración la jurisprudencia internacional de derechos humanos e informes

emitidos por la Unión Interparlamentaria referidos a Venezuela.

El proyecto de Ley que se presenta ante la Asamblea Nacional contempla una

amnistía que comprende los siguientes hechos punibles, cometidos desde el 1 de

enero de 1999 y hasta la entrada en vigor de la Ley:

a.- Los hechos delictivos especificados en el artículo 4 del Proyecto de Ley,

cometidos o que pudieran haberse cometido como parte de actuaciones que

respondieran a una motivación política, en el marco de manifestaciones o

protestas; de la difusión de opiniones o informaciones; o de la realización o

promoción de acciones, proclamas o pronunciamientos públicos que pudieran

atentar contra el orden general establecido. El artículo 7 del Proyecto de Ley

precisa, sin carácter limitativo, las situaciones comprendidas por la amnistía

concedida por el artículo 4, y el artículo 5 del Proyecto establece las excepciones

aplicables.

b.- Los delitos de difamación, injuria y de vilipendio u ofensas contra funcionarios

públicos que pudieran haberse cometido en las condiciones señaladas en el

artículo 8 del Proyecto de Ley.

c.- Los hechos delictivos contemplados en el artículo 4 del Proyecto de Ley u otros

adicionales que se hubieran cometido en el contexto de las situaciones señaladas

en los artículos 10 y 11 del Proyecto de Ley, las cuales se refieren a los

acontecimientos del 11 de abril de 2002 y días subsiguientes; y al paro nacional y

petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y los primeros meses del 2003.

d.- Los artículos 12 a 15 del Proyecto de Ley conceden amnistía en relación con

otros hechos vinculados a protestas, expresiones o pronunciamientos con fines

políticos.

e.- Delitos previstos en el Código Penal, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, o en otros leyes penales, con las

excepciones específicas allí contempladas, cuando la investigación o

enjuiciamiento penal hayan quebrantado la confiabilidad en la administración

imparcial de la justicia, según disponen los artículos 16 y siguientes del Proyecto

de Ley.

f.- Otros delitos previstos en el artículo 22 y siguientes del Proyecto de Ley, que

guardan relación con protestas o manifestaciones o que se incluyen en la amnistía

porque la persecución penal ha implicado violación de garantías judiciales o de

otros derechos humanos

g.- El delito de fuga y de quebrantamiento de condena, en relación con las

personas procesadas o condenadas por la comisión de cualquiera de los hechos

punibles comprendidos por la amnistía.

Por otro lado, la utilización indebida en varios casos de las facultades

sancionatorias contra jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios

públicos, en el ámbito disciplinario, ha motivado la causal de amnistía prevista en

el artículo 32 del Proyecto de Ley. Igualmente, dado el uso político que se ha

hecho de la facultad del Contralor General la República de imponer

inhabilitaciones, se incluyen en la amnistía las infracciones administrativas

señaladas en el artículo 34 del Proyecto de Ley.

Los artículos 35 y siguientes del Proyecto de Ley se refieren al alcance y efectos

de la amnistía, así como al procedimiento para su aplicación. El Proyecto de Ley

precisa que el disfrute de la amnistía no está condicionado a que las personas

presuntamente responsables de los delitos respectivos se encuentren o hayan

estado a derecho en los procesos correspondientes. Establece igualmente las

consecuencias de la amnistía y la forma en que deben proceder las autoridades o

funcionarios para darle cumplimiento. La regulación sobre esta materia contenida

en el Proyecto de Ley se ajusta a la naturaleza de la amnistía, ya que esta

produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y

todas las consecuencias penales de la misma (art. 104 del Código Penal), lo cual

implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción

personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal).

Finalmente, los artículos 41 y siguientes prevén medidas complementarias a la

amnistía que pueden contribuir a la reconciliación nacional, las cuales presuponen

la participación de todos los sectores del país en la construcción de la paz, con

especial mención a las organizaciones de víctimas de la violencia en todas sus

formas y de las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.

En atención a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates

de la Asamblea Nacional, se aclara que el Proyecto de Ley que se presente no

tiene implicaciones económico-financieras.

Habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de

la Asamblea Nacional, y en uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo

204, numeral 3, de la Constitución, los Diputados que suscribimos este Proyecto

de Ley lo presentamos a la Asamblea Nacional para su discusión y sanción.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 187, numeral 5, de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETA

La siguiente,

LEY DE AMNISTÍA Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto sentar las bases para la reconciliación

nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos,

faltas o infracciones que se señalan en esta Ley y otras medidas aquí

contempladas.

Artículo 2.- Se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos,

faltas o infracciones mencionados en la presente Ley, cometidos o que puedan

haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de

esta Ley, en las condiciones que esta dispone.

Artículo 3.- Quedan exceptuados de la amnistía otorgada por esta Ley los

crímenes de guerra; y los delitos de lesa humanidad o delitos relativos a

violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por autoridades o

funcionarios públicos.

En relación con las sentencias condenatorias ya dictadas, relativas a casos en los

que altas autoridades del Estado, incluyendo a las que cumplen funciones

políticas, hayan sostenido que se han perpetrado crímenes de esa naturaleza,

tales excepciones solo resultan aplicables cuando el dispositivo del fallo judicial

correspondiente haya aludido expresamente a la comisión de los delitos

mencionados en el párrafo anterior.

Capítulo II

De los hechos relacionados con manifestaciones, ideas, informaciones o

pronunciamientos con fines políticos

Artículo 4.- Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas

que se indican a continuación, cuando se hayan cometido o puedan haberse

cometido por la participación en manifestaciones o protestas o en reuniones que

hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria; por la

expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la

realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o

pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden

institucional o el gobierno establecido, acompañados o no de acciones

consideradas conspirativas. En estas circunstancias se otorga amnistía de los

siguientes hechos punibles:

a. Instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y apología

del delito, tipificados en el artículo 285 del Código Penal;

b. Instigación a delinquir, tipificado en el artículo 283 del Código Penal;

c. Lesiones, tipificado en los artículos 413 y siguientes del Código Penal,

siempre que no se trate de las lesiones dolosas graves o gravísimas

previstas en los artículos 414 y 415 del Código Penal;

d. Violencia o resistencia a la autoridad, tipificados en los artículos 215 a 221

del Código Penal y Desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo

483 del Código Penal;

e. Causar pánico en la colectividad o mantenerla en zozobra mediante la

difusión de informaciones falsas, previsto en el artículo 296-A del Código

Penal;

f. Agavillamiento, tipificado en los artículos 286 al 292 del Código Penal;

g. Obstaculización de la vía pública con el objeto de preparar el peligro de un

siniestro y demás delitos, tipificados en el artículo 357 del Código Penal;

h. Daños a los sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de

comunicación, tipificado en el artículo 360 del Código Penal;

i. Destrucción o deterioro de caminos y obras destinados a la comunicación

pública, tipificado en el artículo 362 del Código Penal;

j. Daños a la propiedad, tipificado en los artículos 473, 474 y 479 del Código

Penal;

k. Asociación para delinquir, tipificado en el artículo 37 de la Ley Orgánica

contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo;

l. Importación, fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de

artefactos explosivos o incendiarios, tipificado en los artículos 296 y 297 del

Código Penal;

m. Perturbación de la tranquilidad pública, falta tipificada en el artículo 506 del

Código Penal;

n. Ultraje al funcionario público, en sus diversas modalidades, tipificado en los

artículos 222 al 224 del Código Penal;

o. Uso de menores en la comisión de delitos, tipificado en el artículo 264 de la

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

p. Incendio y otros delitos de peligro común, en sus diversas modalidades,

tipificados en los artículos 343, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354 y

356 del Código Penal;

q. Traición a la patria y otros delitos contra ella, tipificados en los artículos 128,

129, 132, 134, 140, 141 y 163 del Código Penal;

r. Rebelión y otros hechos punibles, tipificados en el artículo 143 del Código

Penal;

s. Insubordinación, rebelión de civiles, traición a la patria, rebelión militar,

instigación a la rebelión militar, sublevación, falsa alarma, ataque y ultraje

al centinela, revelación de secretos militares faltas al decoro militar, uso

indebido de condecoraciones insignias y títulos militares, y sustracción de

efectos pertenecientes a la fuerza armada, tipificados en los artículos 412,

486, 464, 476, 481, 497, 500, 501, 502, 550, 565, 566 y 570,

respectivamente, del Código Orgánico de Justicia Militar;

t. Negativa a servicios legalmente debidos, tipificado en el artículo 238 del

Código Penal;

u. Encubrimiento, tipificado en los artículos 254 al 257 del Código Penal;

v. Porte ilícito de arma de fuego y su uso indebido, tipificados en los artículos

272 al 277 y 281 del Código Penal, respectivamente, o los delitos de

posesión ilícita de armas de fuego, porte ilícito de arma de fuego y porte de

armas de fuego en lugares públicos, previstos en los artículos 111, 112 y

113, respectivamente, de la Ley para el Desarme y Control de Armas y

Municiones;

w. Daños a las instalaciones en el Sistema Eléctrico Nacional, previsto en el

artículo 107 de la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico, y

x. Otros hechos punibles conexos o que aparezcan íntimamente relacionados

con alguno de los anteriormente mencionados.

Artículo 5.- La amnistía contemplada en el artículo anterior no se extiende a

quienes se considere responsables de la comisión de los delitos de homicidio

doloso en cualquiera de sus modalidades, o de lesiones dolosas graves o

gravísimas. Tampoco comprende los delitos que se considere que han sido

perpetrados por miembros de cuerpos de seguridad del Estado con ocasión de la

realización de protestas o manifestaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 10 de esta Ley.

Están comprendidos por la Amnistía prevista en el artículo 4 los casos en los

cuales el Ministerio Público, al investigar los hechos correspondientes, antes de la

entrada en vigor de la presente Ley, hubiera ejercido la acción penal sin incluir

expresamente los delitos de homicidio doloso, o lesiones dolosas graves o

gravísimas

Artículo 6.- A los efectos de esta Ley se entiende que se persigue una finalidad

política o un móvil político cuando las protestas, manifestaciones, o reuniones en

lugares públicos o privados; las ideas o informaciones divulgadas; o los acuerdos

o pronunciamientos hayan estado dirigidos a reclamar contra alguna medida

adoptada por el gobierno nacional u otras autoridades, contra las omisiones en

que hayan incurrido en el desempeño de sus funciones, contra la política general

desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional u otros órganos del poder público, o

cuando hayan expresado un rechazo global al gobierno nacional o hayan exigido

un cambio político.

Artículo 7.- La amnistía prevista en el artículo 4 de la presente Ley comprende

particularmente los delitos o faltas allí señalados, en todas las modalidades de

autoría y participación, que se considere que han sido cometidos con ocasión de

los hechos mencionados a continuación, sin perjuicio de otros que no estén

expresamente enunciados en esta disposición:

a. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar durante los años 2003 y

2004, con motivo de la promoción y realización del referendo revocatorio

presidencial de este último año.

b. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar ante las sedes de las

Embajadas de Colombia y España, en la ciudad de Caracas, durante el mes

de febrero de 2003.

c. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2006, con

ocasión a las elecciones presidenciales de ese año.

d. Las protestas y manifestaciones universitarias, que tuvieron lugar en el Estado

Mérida, en el mes de mayo de 2006.

e. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2007, con

ocasión de la revocatoria o no renovación de la concesión del uso del espectro

radioeléctrico al canal de televisión Radio Caracas Televisión, y la propuesta

de reforma constitucional sometida durante ese año a referendo aprobatorio.

f. Las protestas y manifestaciones, así como los conflictos, que concluyeron en

la detención y despido de varios trabajadores y empleados de la Alcaldía

Metropolitana en Caracas, en el año 2009.

g. La participación, organización, convocatoria pública, coordinación o dirección

de la marcha contra la Ley Orgánica de Educación realizada en la ciudad de

Caracas, el 22 de agosto de 2009, o la participación en general en cualquier

protesta o manifestación, en todo el territorio de la República, contra la

discusión o aprobación de dicha Ley Orgánica, en el año 2009.

h. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar frente al Circuito Judicial

Penal del Estado Barinas, en el año 2011.

i. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2013, con

ocasión a las elecciones presidenciales de ese año.

j. Las protestas, manifestaciones y hechos relacionados con estas que tuvieron

lugar en el año 2014, en especial los que se indican a continuación:

1 Las protestas que tuvieron lugar en el mes de enero en el

contexto de la celebración de la “Serie del Caribe” en el Estado

Nueva Esparta.

2 Las protestas y manifestaciones iniciadas a partir del 4 de

febrero en el Estado Táchira.

3 Las protestas y manifestaciones realizadas a partir del 5 de

febrero en el Estado Mérida.

4 La marcha realizada el 12 de febrero hacia la sede de la

Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, sector la

Candelaria en la ciudad de Caracas, así como la manifestación y

concentración de personas en ese lugar y en sus alrededores, tanto

respecto de los estudiantes, manifestantes y dirigentes políticos a

quienes se atribuye su convocatoria, como de las personas que

participaron en la marcha, manifestación y concentración.

5 Las manifestaciones llevadas a cabo en fechas 19 y 20 de

febrero, en las cercanías de la Universidad Rafael Belloso Chacín

(URBE), situada en la Urbanización La Trinidad, Maracaibo, Estado

Zulia.

6 Los hechos ocurridos en el mes de marzo relacionados con las

manifestaciones de ese periodo, por los cuales se haya investigado,

procesado o sometido a cualquier tipo de procedimiento a militares o

civiles, o hayan sido imputados, acusados o condenados, por la

supuesta vinculación con la posesión y el tráfico de armas y

explosivos.

7 Las manifestaciones llevadas a cabo en fecha 21 de marzo de

2014, en la Avenida Bolívar, frente al Complejo de Ferias de

Maracay, Estado Aragua.

8 Los hechos relacionados con las reuniones que tuvieron lugar

en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en la

ciudad de Caracas, y en la ciudad de Maracay, Estado Aragua,

durante el mes de marzo.

9 La manifestación llevada a cabo el mes de abril en el

distribuidor Santa Fe de la ciudad de Caracas.

10 Los hechos acontecidos en el mes de abril, relacionados con la

supuesta entrega de dinero para el financiamiento de protestas y

manifestaciones que se llevarían a cabo en los sectores Santa Fe,

Prados del Este y Altamira de la ciudad de Caracas.

11 Las manifestaciones llevadas a cabo en el mes de mayo en la

Plaza “Astolfo Romero” y sus adyacencias en la ciudad de

Maracaibo, Estado Zulia.

12 Las manifestaciones y protestas ocurridas desde el mes de

enero hasta el 31 de diciembre, en el Estado Carabobo.

13 Los hechos ocurridos en los meses de febrero, marzo, abril,

mayo y junio relacionados con las protestas en la ciudad de San

Felipe, Estado Yaracuy.

14 Los hechos relacionados con las manifestaciones ocurridas el

día 4 de abril en la Urbanización Montalbán de la ciudad de Caracas.

15 Los hechos relacionados con supuestas reuniones celebradas

en el mes abril en la Plaza Altamira y sus inmediaciones, del

Municipio Chacao de la ciudad de Caracas, en las que varios

ciudadanos supuestamente abordaron temas vinculados a la

realización de acciones destinadas a subvertir el orden público.

16 La convocatoria y realización en los meses de febrero, marzo,

abril mayo y junio de la movilización de estudiantes y sociedad civil,

en el Municipio Chacao de la ciudad de Caracas.

17 Los hechos que dieron lugar o fueron invocados como

justificación de los allanamientos realizados en el Municipio Chacao

del Estado Miranda, donde habrían sido incautados insumos y dinero

supuestamente para financiar las protestas.

18 Los acontecimientos que tuvieron lugar en fecha 11 de junio en

las inmediaciones de la Décimo Cuarta Brigada Blindada del Ejército

Bolivariano de Venezuela, ubicada en la Avenida Los Leones con

Avenida Venezuela de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.

19 Los acontecimientos que tuvieron lugar en fecha 12 de

septiembre, en las inmediaciones de la Avenida Bracamonte de la

ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.

20 Los hechos que dieron lugar o fueron invocados como

justificación para el allanamiento residencial y la detención de varios

ciudadanos en la urbanización Sebucán de la ciudad de Caracas,

durante el mes de mayo.

21 Los pronunciamientos que se hayan emitido públicamente

ocurridos en los meses de febrero y marzo en el Estado Táchira, en

el marco de las protestas y manifestaciones existentes en esa

entidad, expresando críticas al régimen político o a las autoridades

constituidas, o su rechazo a sus políticas, considerados por las

autoridades de persecución penal como supuestos actos de

desconocimiento del gobierno.

22 Los hechos relacionados con la presunta cedulación de

extranjeros para participar en las protestas y manifestaciones en el

Estado Táchira.

23 Los hechos que dieron lugar o fueron invocados como

justificación para las detenciones masivas y el desmantelamiento de

los Campamentos de ciudadanos instalados en todo el país,

practicados en el mes de mayo.

Artículo 8.- Se concede amnistía de los hechos considerados como delitos de

difamación o injuria, en cualquiera de sus modalidades, tipificados en los artículos

442 a 445 del Código Penal, y aquellos considerados como los delitos de ofensas

al Presidente de la República o a otros funcionarios públicos, previstos en los

artículos 147 y 148 del Código Penal, que se hayan cometido o puedan haberse

cometido por cualquier ciudadano, bien se trate de dirigentes políticos, periodistas,

directores o editores de medios de comunicación social o integrantes de sus

consejos directivos, editoriales o de redacción, o de cualquier otra persona,

cuando las expresiones consideradas difamatorias, injuriosas u ofensivas se

hubieran manifestado en el contexto de la crítica a autoridades o funcionarios de

cualquier poder del Estado, o de la difusión o reproducción de informaciones

referidas a conductas punibles supuesta o presuntamente perpetradas por ellos.

Artículo 9.- Esta amnistía también comprende los hechos punibles mencionados

en la presente Ley cuando se considere que han sido cometidos mediante la

difusión de imágenes, mensajes o expresiones a través del uso de las redes

sociales o cualquier otro medio de divulgación de información.

Artículo 10.- Se concede amnistía de los delitos o faltas, incluso distintos a los

contemplados en el artículo 4 de la presente Ley, vinculados con los hechos

contrarios a la paz y al orden general establecido, ocurridos entre el 11 y el 14 de

abril de 2002, si los respectivos delitos o faltas no quedaron abarcados por el

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, publicado en la

Gaceta Oficial Nº 5.870 Extraordinario del 31 de diciembre de 2007.

Artículo 11.- Se concede amnistía de los delitos o faltas, incluso distintos a los

contemplados en el artículo 4 de la presente Ley, cometidos o que puedan

haberse cometido con motivo del paro nacional y petrolero declarado y ejecutado

desde los últimos meses del 2002 y hasta los primeros meses del 2003, si los

respectivos hechos punibles no quedaron abarcados por el Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, publicado en la Gaceta Oficial Nº

5.870 Extraordinario del 31 de diciembre de 2007.

Artículo 12.- Se concede la amnistía de los hechos relacionados con las

expresiones emitidas por dirigentes políticos los días 23 de enero de 2014 y

siguientes, a través de los medios de comunicación y redes sociales, en el

contexto de la propuesta denominada “La Salida”.

Artículo 13.- Se concede la amnistía de los hechos relacionados con el “Acuerdo

Nacional para la Transición” suscrito por varios dirigentes políticos el día 11 de

febrero de 2015, y con el llamado público a suscribirlo o respaldarlo.

Artículo 14.- Se concede amnistía de los hechos considerados como desacato del

mandamiento de amparo constitucional, previsto en el artículo 31 de la Ley

Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando los

hechos correspondientes guarden relación con los fines o circunstancias

contemplados en el artículo 6 de esta Ley.

Artículo 15.- Se concede amnistía de los hechos considerados como terrorismo

individual de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica

Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que se hayan

cometido durante el año 2014, relacionados con la planificación de actos

tendientes a la evasión o fuga de personas privadas de libertad por los supuestos

comprendidos en esta Ley de Amnistía, siempre que no se haya vulnerado la vida

o la integridad física de las personas.

También se concede amnistía de los hechos considerados delictivos conforme al

artículo 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo, cuando las acciones supuestamente punibles se

hayan realizado en el contexto de protestas o manifestaciones del año 2014,

siempre que no se haya vulnerado la vida o la integridad física de las personas.

Capítulo III

De los hechos relacionados con procesos o sentencias penales que hayan

quebrantado la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia

Artículo 16.- Además de los hechos punibles previstos en el capitulo anterior, se

concede amnistía de los hechos punibles previstos en el Código Penal y en el

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la

Corrupción, u otras leyes penales, cuando la persecución penal del supuesto

responsable se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad

en la administración imparcial de la justicia. Se entiende que se ha menoscabado

la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia cuando algún

funcionario de cualquiera de las ramas del Poder Público haya sido imputado o

acusado penalmente con motivo de una decisión adoptada en cumplimiento de

sus funciones, luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada

públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional

con funciones políticas, en la cual se requiriera el encarcelamiento o condena del

funcionario.

Quedan exceptuados de la amnistía prevista en este artículo los delitos de

homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades; lesiones dolosas graves o

gravísimas; violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e

indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de

mayor cuantía; peculado, tipificado en los artículos 54 a 56 del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, y

corrupción, tipificado en los artículos 63 a 65 de ese Decreto Ley, siempre que la

acusación o condena correspondiente se haya referido a la efectiva obtención de

un beneficio económico por el acusado o condenado.

Artículo 17.- Además de los hechos punibles previstos en el capitulo anterior, se

concede amnistía de los hechos punibles previstos en el Código Penal y en el

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la

Corrupción, u otras leyes penales, cuando la persecución penal contra un

Diputado a la Asamblea Nacional, como supuesto responsable del delito o falta

correspondiente, se haya producido en circunstancias que hayan restado

confiabilidad en la administración imparcial de la justicia.

A los efectos de esta disposición, se entiende que no ha existido una

administración imparcial de la justicia cuando la investigación o proceso penal

contra un Diputado se hubiese iniciado, o reactivado, después del 26 de

septiembre de 2010, a solicitud de las autoridades directivas o de alguna Comisión

de la Asamblea Nacional, o de la mayoría progubernamental de este órgano

deliberante, siempre que ello hubiera conducido al allanamiento de su inmunidad y

a su separación forzosa de la Asamblea Nacional e inhabilitación política, sin que

se hubiera dictado una sentencia condenatoria en primera instancia antes del 31

de diciembre de 2015.

Se considera que se ha menoscabado la confiabilidad en la administración

imparcial de la justicia cuando un Diputado, en las condiciones indicadas, hubiera

tenido que renunciar a su escaño para evitar el allanamiento y las demás

consecuencias mencionadas, o cuando el proceso penal hubiera sufrido una

alteración en perjuicio del imputado o acusado, mediante la anulación del juicio u

otra medida similar, después de su proclamación como Diputado en las elecciones

parlamentarias del 26 de septiembre de 2010, sin que se hubiera dictado una

sentencia condenatoria en primera instancia antes del 31 de diciembre de 2015.

Rigen en estos casos las mismas excepciones establecidas en el artículo anterior.

Artículo 18.- Además de los hechos punibles previstos en el capitulo anterior, se

otorga igualmente amnistía de los hechos punibles previstos en el Código Penal y

en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la

Corrupción, u otras leyes penales, cuando la persecución penal contra algún

dirigente político de la oposición u otras personas que hayan mantenido

posiciones críticas frente al gobierno nacional, se haya producido en

circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la

justicia, en virtud de una aplicación discriminatoria de las normas penales

procesales o sustantivas. A los efectos de esta disposición se entiende que ha

existido discriminación en la aplicación de la ley penal cuando la investigación o

proceso penal se haya prolongado por un tiempo excesiva o injustificadamente

largo, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria firme, o cuando por

otros factores o circunstancias pueda concluirse que ha habido discriminación

durante el proceso penal o a causa de la condena.

Rigen en estos casos las mismas excepciones establecidas en el artículo 16 de la

presente Ley.

Artículo 19.- Se concede la amnistía de los hechos ocurridos a partir del año 2011

hasta la entrada en vigencia de esta Ley de Amnistía, que hayan originado la

investigación, procesamiento, privación de libertad o condena de directivos,

empleados o representantes de las empresas productoras, comercializadoras o

distribuidoras de medicinas, alimentos o bebidas, bienes calificados como de

primera necesidad, u otros bienes similares, extendiéndose además a otras

personas naturales, cuando la persecución penal se haya producido en

circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la

justicia. A los efectos de esta disposición, se entiende que no ha existido una

administración imparcial de la justicia cuando la investigación o el proceso penal

se hayan iniciado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada

públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional

con funciones políticas, en la cual se requiriera la detención, encarcelamiento o

condena de alguna persona como supuesto responsable de los delitos de

especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta,

expendio de alimentos vencidos y acaparamiento, previstos en la Ley Orgánica de

Precios Justos o en la Ley respectiva, vigente para el momento de la ocurrencia

del hecho.

Artículo 20.- Se concede amnistía del delito de financiamiento al terrorismo,

previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo, cuando la investigación o el enjuiciamiento penal se

hayan iniciado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada

públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional

con funciones políticas, en la cual se requiriera la detención, encarcelamiento o

condena de alguna persona, siempre que con motivo de los hechos considerados

punibles no se hubiera vulnerado la vida o la integridad física de las personas.

Artículo 21.- A los efectos de verificar la existencia de las circunstancias que

restan confiabilidad en la administración imparcial de la justicia o que, en

particular, representan una discriminación en la aplicación de la ley penal, el juez

competente tendrá especialmente en cuenta que el imputado, procesado o

condenado haya sido excluido de la lista o base de datos de personas requeridas

de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), o que la

Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de

Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, o los Comités, Comisiones, Relatorías o Grupos de Trabajo del Sistema

de Naciones Unidas, hayan declarado la violación de algún derecho del imputado,

procesado o condenado durante el desarrollo del proceso penal correspondiente o

que el presunto responsable se haya visto forzado a salir del territorio de la

República Bolivariana de Venezuela y haya obtenido asilo o refugio en otro país.

Capítulo IV

De otros hechos punibles comprendidos por la Amnistía

Artículo 22.- Se concede amnistía de los hechos punibles previstos en el Código

Penal y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley

Contra la Corrupción o la legislación que le precedió, Ley Orgánica contra la

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo u otras leyes penales,

cuando en la persecución penal de dirigentes políticos de la oposición,

funcionarios públicos u otras personas supuestamente responsables, ya sea que

hayan o no mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, se haya

verificado alguno o varios de los siguientes supuestos:

a. Cuando la investigación o el proceso penal se hubiera iniciado, reabierto

o reimpulsado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud, efectuada

públicamente por el Presidente de la República u otra alta autoridad de los

organismos de rango constitucional con funciones políticas, en la cual se exigiera,

pidiera o requiriera el encarcelamiento o condena de un dirigente político

determinado de la oposición o de otras personas que hayan mantenido posiciones

críticas frente al gobierno nacional, incluso de aquellas ya investigadas o

imputadas.

b. Cuando los supuestos enriquecimientos ilícitos que hayan dado lugar a la

imputación o la acusación con fines de persecución penal en contra de la

disidencia política, hayan tenido como sustento el inconstitucional procedimiento

de verificación patrimonial efectuado por la Contraloría General de la República.

c. Cuando la investigación se hubiere iniciado con motivo del ejercicio de

funciones de representación indígena, sindical, gremial, laboral o profesional.

Artículo 23.- Se concede la amnistía de los hechos ocurridos desde el año 2010,

que hayan originado la investigación, imputación, acusación, detención, proceso o

condena, o cualquier forma de persecución contra ciudadanos civiles o militares,

por la supuesta comisión de delitos de revelación de secretos políticos o militares,

o de otros hechos punibles contra la Seguridad e Independencia de la Nación,

previstos en Código Penal y en el Código Orgánico de Justicia Militar.

Artículo 24.- Se concede la amnistía de los delitos de sustracción de efectos y

bienes de las Fuerza Armada Nacional, abuso de poder y de faltas al decoro

militar, cuando la persecución penal del supuesto responsable se haya

desarrollado vulnerando la garantía del juez natural. A los efectos de esta

disposición, se entiende que ha sido vulnerada la garantía del juez natural cuando

civiles, incluyendo a los militares retirados, hayan sido enjuiciados o condenados

por la jurisdicción militar.

Artículo 25.- Se concede la amnistía a los hechos ocurridos en el año 2010,

relacionados con la supuesta planificación, en el Estado Táchira, del sabotaje o de

acciones supuestamente violentas contra las elecciones parlamentarias del 26 de

septiembre.

Artículo 26.- Se concede la amnistía a los hechos de fecha 28 de noviembre de

2008, que dieron lugar a actos de persecución penal contra diversos ciudadanos

en la ciudad de San Felipe del Estado Yaracuy, con ocasión de las elecciones

municipales celebradas en dicha entidad.

Artículo 27.- Se concede amnistía de los hechos considerados conspirativos o

contrarios al poder legítimamente constituido, producto de reuniones celebradas

en el año 2010, dentro y fuera del territorio de la República, supuestamente con el

objeto de derrocar al gobierno nacional, en especial los hechos vinculados con la

reunión denominada como la “Fiesta Mexicana”.

Artículo 28.- Se concede amnistía de los hechos considerados punibles, u otras

infracciones, cometidos o supuestamente cometidos por abogados, activistas o

defensores de Derechos Humanos con motivo de la defensa, representación,

asistencia o apoyo que hayan proporcionado a los beneficiados por la presente

Ley de Amnistía durante los procesos o procedimientos correspondientes.

Artículo 29.- Se concede amnistía de los delitos de fuga y quebrantamiento de

condena, tipificados en los artículos 258 y 259 del Código Penal, en relación con

las personas procesadas o condenadas por la comisión de cualquiera de los

hechos punibles comprendidos por la presente Ley.

Artículo 30.- Se concede amnistía de los hechos considerados delito de tráfico de

drogas de menor cuantía, tipificado en los artículos 149, segundo aparte, y 151,

primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, cuando su supuesta comisión se

hubiere producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes

que se hayan congregado con algunos de los fines previstos en el artículo 6 de la

presente Ley.

Artículo 31.- Se concede amnistía de los hechos presuntamente constitutivos de

los delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la

construcción de viviendas, cuando haya existido una actuación desproporcionada

de los organismos administrativos facultados para la defensa de las personas en

el acceso a bienes y servicios, y el Ministerio Publico y los órganos

jurisdiccionales hayan actuado vulnerando la presunción de inocencia mediante

actos de persecución y medidas de coerción personal o de restricción de la

libertad que no guardaran relación con la colaboración de los imputados en el

desarrollo de las investigaciones o del proceso.

Artículo 32.- Quedan amparados por la presente Ley las personas que hayan sido

objeto de investigación, imputación, acusación o condena por cualesquiera de los

hechos a que se refieren los artículos precedentes, si el proceso iniciado al efecto

se sustentó o consideró el testimonio o los informes rendidos por sujetos cuya

identidad no se haya acreditado expresamente o en pruebas obtenidas mediante

grabación, interceptación o difusión de las comunicaciones privadas, sin la previa

autorización judicial, si se creó una jurisdicción especial para el conocimiento de

los hechos o existieron otras violaciones graves al debido proceso o actos de

persecución por motivos políticos reconocidos formalmente por cualquier órgano

del sistema de justicia o mediante hechos comunicacionales públicos y notorios.

Capítulo V

De las infracciones disciplinarias o administrativas comprendidas por

la Amnistía

Artículo 33.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las

infracciones disciplinarias supuestamente cometidas por Jueces, Fiscales del

Ministerio Público u otros funcionarios públicos con ocasión del desempeño de sus

funciones, cuando en el procedimiento correspondiente, o en la imposición de la

sanción, concurran circunstancias que hayan restado confiabilidad en la aplicación

de la normativa disciplinaria judicial o funcionarial, tales como la vinculación de la

sanción del funcionario con casos que tengan una connotación política o la

apertura del procedimiento administrativo o disciplinario a raíz de la toma de

decisiones o de la expresión de ideas por el funcionario contrarias a la posición o

intereses oficiales.

Artículo 34.- A los efectos de verificar la existencia de las circunstancias que

restan confiabilidad en la aplicación de la normativa disciplinaria judicial o

funcionarial, la autoridad judicial competente tendrá especialmente en cuenta que

la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de

Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, o los Comités, Comisiones, Relatorías o Grupos de Trabajo del Sistema

de Naciones Unidas hayan declarado la violación de algún derecho con motivo del

procedimiento disciplinario correspondiente.

Artículo 35.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las

infracciones administrativas siguientes:

a. Los actos, hechos u omisiones relacionados con la administración

financiera del Sector Público, ocurridos entre los años 1999 a 2015, en los

cuales no haya habido recepción, apoderamiento o sustracción de bienes o

fondos públicos en beneficio particular y que, en sus elementos

constitutivos, coincidieren o pudieren coincidir con los supuestos

generadores de responsabilidad administrativa previstos en el artículo 91 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, así como en las disposiciones legales que

contenían los mismos supuestos en la derogada Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República de 1995.

b. Las omisiones, inexactitudes o incumplimientos vinculados a la obligación

de presentar, dentro de un determinado plazo, la declaración jurada de

patrimonio prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción o

en la normativa precedente a este Decreto Ley, ocurridos entre los años

1999 al 2015, que hayan sido subsanados, cuando se trate de la

inobservancia de la obligación de presentar dicha declaración.

c. Queda entendido que en los casos de los actos, hechos u omisiones

referidos en los literales anteriores, las sanciones pecuniarias o de

inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que se hubieren

impuesto con fundamento en la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal o en el Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, o

en la normativa precedente a este Decreto Ley, quedan sin efecto desde el

mismo momento de la entrada en vigor de la presente Ley.

Capítulo VI

Del alcance, efectos y procedimiento de la Amnistía

Artículo 36.- La amnistía otorgada en la presente Ley no está condicionada a que

las personas consideradas autores, determinadores, cooperadores inmediatos y

cómplices de los hechos punibles respectivos estén o hayan estado a derecho en

los procesos penales correspondientes.

Únicamente en los casos contemplados en los artículos 17 y 18 de la presente

Ley, el órgano jurisdiccional competente para verificar los supuestos de la amnistía

podrá tener en cuenta si el imputado o procesado ha estado a derecho, a fin de

evaluar la justificación de la demora en el desarrollo del proceso penal.

Artículo 37.- Los efectos de la amnistía concedida por esta Ley se extienden a

todos los autores, determinadores, cooperadores inmediatos y cómplices en los

hechos punibles correspondientes, hayan sido o no imputados, acusados o

condenados.

Artículo 38.- En virtud de la amnistía decretada en esta Ley, se extinguen de

pleno derecho las acciones penales surgidas por la comisión de los delitos o faltas

que aquella comprende, así como las penas que hayan podido imponerse y cuya

ejecución esté en curso. En consecuencia, cesan las investigaciones iniciadas por

el Ministerio Público o la Fiscalía Penal Militar, y los procesos que actualmente

cursan por ante los tribunales penales, sean estos ordinarios u especiales,

incluidos los de la jurisdicción militar, que se correspondan exclusivamente con los

delitos a que se refiere la presente Ley. Asimismo, se condonan las penas

principales y accesorias que se hayan impuesto a sus autores y partícipes.

Artículo 39.- En aquellos procesos penales que se encuentren en fase

preparatoria, el Ministerio Público procederá a solicitar el sobreseimiento de la

causa por extinción de la acción penal dentro de los cinco días hábiles siguientes

a la entrada en vigencia de la presente Ley. El tribunal competente deberá

pronunciarse en un lapso no mayor de tres días hábiles a partir de la solicitud

fiscal.

En aquellos procesos penales que se encuentren en fase intermedia o de juicio, o

en fase de apelación o casación, el tribunal que esté conociendo procederá, de

oficio, en un lapso no mayor de tres días hábiles, contados desde la entrada en

vigor de esta Ley, a decretar el sobreseimiento de todas las causas en curso que

versen sobre los hechos respecto de los cuales la presente Ley concede la

amnistía, con todas las consecuencias relativas a la extinción de las medidas de

coerción personal que se hubieran dictado en los procesos correspondientes,

incluyendo la liberación de quienes se encuentren detenidos.

De existir una sentencia condenatoria definitivamente firme referida a los delitos

comprendidos por la amnistía, el juez de ejecución respectivo declarará la

extinción de la pena mediante auto, en un lapso no mayor de tres días hábiles

contados desde la entrada en vigor de esta Ley, y ordenará la inmediata libertad

plena del respectivo penado o el cese de la fórmula alternativa de cumplimiento de

pena distinta a la privación de libertad, de ser el caso.

En cualquiera de los casos referidos, quien se considere beneficiado por la

presente Ley, en su condición de investigado, imputado, acusado o condenado,

podrá solicitar directamente por ante el órgano judicial competente el

sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, o, de ser el caso, la

extinción de la pena. Si el investigado, imputado o acusado no está a derecho, o si

el condenado se ha sustraído del cumplimiento de la pena, la solicitud podrá

presentarla también su representante judicial, su cónyuge o persona con quien

mantenga relación estable de hecho, o sus parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad. La tramitación de la solicitud del

interesado no excluye la responsabilidad en que haya incurrido el juez por no

haber actuado de oficio dentro del plazo antes fijado.

Las decisiones que adopten los jueces competentes sobre la verificación de los

supuestos de la amnistía serán apelables o recurribles en casación, según

corresponda. La interposición del recurso respectivo no suspenderá los efectos de

las sentencias en las que se haya constatado que el procesado o condenado está

amparado por la amnistía.

Artículo 40.- Los organismos administrativos, judiciales, militares o policiales en

los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la

presente Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes

relacionados con ellas, en lo que atañe a los hechos punibles o infracciones

comprendidos por esta Ley. Si las autoridades o funcionarios correspondientes no

lo hubieren hecho de manera oportuna, el interesado en dicha supresión podrá

exigirlo ante el órgano respectivo, con base en el artículo 28 de la Constitución, y

luego ante el tribunal competente en materia de habeas data, sin perjuicio de las

responsabilidades en que aquellos incurran por la demora o denegación.

Artículo 41.- Los funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que

incurran en retardo u omisión de pronunciamiento oportuno y motivado, o en

omisión de cumplimiento de las normas previstas en los artículos anteriores, serán

castigados con prisión de 2 a 5 años.

Con la misma pena serán castigados los funcionarios policiales, miembros de

cuerpos de seguridad del Estado, integrantes de la Fuerza Armada Nacional y

funcionarios del servicio penitenciario que se abstengan de dar inmediato

cumplimiento a las órdenes de excarcelación dictadas por las autoridades

competentes según lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo VII

De otras medidas destinadas a lograr la reconciliación nacional

Artículo 42.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las

infracciones o faltas supuestamente cometidas por empleados o trabajadores de

los entes de la Administración Publica Central o Administración Publica

Descentralizada, de carácter Nacional, Estadal o Municipal, incluyendo a las

Empresas del Estado y sus Empresas Filiales y demás Personas Jurídicas

vinculadas al Estado venezolano, cuando el despido, destitución o remoción

correspondiente haya obedecido a razones políticas.

Artículo 43.- Con el propósito de lograr una plena reconciliación, basada en el

respeto y garantía de los derechos humanos, los tribunales y demás órganos del

poder público darán estricto cumplimiento a las sentencias, medidas u otras

decisiones que hayan dictado los organismos internacionales encargados de la

protección de los derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela, relativas a las acciones u omisiones del

Estado venezolano que se hayan traducido en la vulneración de tales derechos,

en conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados, pactos o

convenciones ratificados por el Estado venezolano y a las demás obligaciones

internacionales de la República.

Artículo 44.- La Asamblea Nacional creará una Comisión especial para la

Reconciliación, de composición políticamente plural, que haga seguimiento a la

aplicación de la presente Ley y que identifique, en consulta con todos los sectores

políticos y sociales del país, los principales obstáculos para lograr la más amplia

reconciliación nacional, delibere sobre las medidas necesarias para superarlos y

formule, en atención a las conclusiones obtenidas, las correspondientes

propuestas o recomendaciones, las cuales serán sometidas a la consideración de

la plenaria de la Asamblea Nacional en el informe respectivo, en los términos

establecidos en su Reglamento Interior y de Debates. Esta Comisión oirá

especialmente la opinión de las organizaciones no gubernamentales de defensa

de los derechos humanos, de las organizaciones de las víctimas de la violencia en

todas sus formas, de las organizaciones populares, de las Universidades y de las

Iglesias, e incluso promoverá en cada uno de estos ámbitos sociales una

discusión sobre el tema señalado, cuyos resultados se incorporen a la consulta

pública.

Capítulo VIII

Disposición final

Artículo 45.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea

Nacional, en Caracas, a los _______días del mes de______ de dos mil dieciséis.

Año 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

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