Caracas — El nuevo proceso para renovar la magistratura en Venezuela avanza bajo una fachada de flexibilización procedimental que, en el fondo, oculta las costuras de un sistema diseñado por y para el cálculo político. Mientras los titulares se concentran en las novedades logísticas, como la opción de que terceros autorizados consignen los documentos de los aspirantes, tras bastidores se consolida una realidad alarmante: la justicia venezolana sigue siendo un tablero de negociación donde las leyes se moldean según el interés de las cúpulas.
El más reciente comunicado del comité para postulados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expone una contradicción que roza el absurdo jurídico. A los magistrados nombrados en 2015 por la Asamblea Nacional, hoy en el exilio, se les
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