La última barrera.

Esa es en las democracias civilizadas el Poder Judicial. Sus decisiones son inapelables y por ende de mandatorio cumplimiento. Así, cuando el resto de los poderes públicos se desmadra, él pone orden y todos lo acatan. Sin embargo, cuando sus integrantes a éllo renuncian, se entra en una fase desconocida, normalmente destructiva.

Si el Poder Judicial venezolano hubiere hecho su trabajo en 1999 la situación del país probablemente sería la siguiente: i.- Hugo Chávez sólo hubiere sido Presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2004; el Poder Legislativo estaría integrado bicameralmente de forma que los ciudadanos y las regiones se hicieren control recíproco en ambas cámaras; iii.- No habría sido posible politizar las fuerzas armadas de la forma y manera que ha ocurrido en estos 22 años; iv.- El proceso de descentralización no se hubiere detenido y revertido como en estos tiempos ocurrió; V.- El Poder Judicial, con sus falencias, sería mucho mejor que lo que es hoy. 

Venezuela no necesitaba una constituyente. Esta –las evidencias lo demuestran- terminó siendo el ariete utilizado para la destrucción institucional del país y todo éllo motivado a interpretaciones preciosistas e internacionalmente minoritarias que los señores magistrados de la Sala Político Administrativo de la Corte Suprema de Justicia venezolana hicieron ese aciago 1999. Su “avanzada” interpretación constitucional nos trajo al país que hoy tenemos.

Esa patria a la cual hoy nos enfrentamos es una absolutamente des institucionalizada.  Los cinco poderes que los constituyentes del 99 convinieron –y la mayor minoría nos impuso- están desconfigurados, generando una absoluta anarquía, aunada a la circunstancia de que, gracias a esos juristas, una constituyente que actúa internamente, produce “leyes constitucionales” y elimina la seguridad jurídica de forma absoluta,  contribuyendo grandemente  al caos. 

Cualquiera diría que carece de sentido práctico esta remembranza y pienso lo contrario. Hay personas menores de treinta años que desconocen que tuvimos un país con instituciones pero que el trabajo de zapa de algunos las eliminó, conduciéndonos al ex país de hoy.

Si alguna cosa reivindica a la Constitución de 1961 es el estado actual de las instituciones políticas venezolanas, lo que a todos debería  obligarnos  a pensar en la forma y manera de rescatar lo que aquélla nos dejó y que –no me canso de repetirlo- gracias a la “genialidad” jurídica de algunos, a los errores de nuestra dirigencia y a la activa conducta de ciertos medios, perdimos. 

 

Gonzalo Oliveros Navarro

@barraplural

Nota: Esta columna ha sido publicada en la edición impresa del diario El Tiempo, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela, en la semana del 15 al 21 de octubre 2020 y puede leerse en su página web www.eltiempo.com.ve

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