Desde que creamos Fundación2Paises, esa entidad sin ánimo de lucro radicada en Colombia que pensamos desde junio de 2020 y que formalizamos jurídicamente en noviembre de 2021, hemos desarrollado dos líneas de acción.
La primera, obvia, es la relativa a la atención legal de los migrantes venezolanos en Colombia, los retornados y la población vulnerable que en el país reside a la cual, en ocasiones, se les dificulta el acceso a respuestas de carácter jurídico.
Ello deriva, posiblemente, de la circunstancia que sus integrantes y colaboradores somos abogados, venezolanos unos y colombovenezolanos otros, quienes hemos decidido que ese ámbito de actuación es el más acorde a nuestro perfil. Así, mientras otras organizaciones de asistencia legal humanitaria dedican su atención al litigio estratégico, nosotros nos hemos empeñado en desarrollar lo que denominamos el litigio personalizado, ese que impacta exclusivamente a una persona y siempre, porqué no decirlo, a su familia.
La segunda línea de actuación, menos visible pero si se quiere de mayor impacto, es lo que denominamos diseño y promoción de políticas públicas aplicables a la migración venezolana en Colombia.
Hemos escrito –y lo reitero- que fuimos nosotros los venezolanos, los que, por decisiones erróneas que adoptamos en nuestra política interna, estamos impactando con nuestra presencia, a distintos países de la comunidad internacional, en mayor o menor medida. Es por ello que, desde nuestra llegada a Colombia, hace casi seis años, decidimos integrar un grupo de trabajo de venezolanos que, por compartir nuestra preocupación, decidimos proponerle al Estado colombiano distintas políticas que facilitaren nuestra incorporación al país, para así coadyuvar en su desarrollo, lo cual, sin duda alguna, no es suficiente.
El gobierno del señor presidente Duque implementó el año 2021 el Estatuto de Protección al Migrante venezolano, a través del decreto 216 de ese año. En el mismo se contempló la regularización migratoria de aquellos que habían llegado a Colombia sin sellar pasaporte al entrar al 31 de enero de ese año. Esa decisión, repetía la regularización que acordó el gobierno del señor presidente Santos en 2018 a través del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos que originó el denominado PEP RAMV.
De ese enero del 2021 a la fecha han transcurrido más de dos años y a Colombia siguen llegando, seguramente en menos cantidad por la atracción que ejerce el sueño americano, migrantes connacionales en similar condición a quienes, hasta la fecha, no se les ha propuesto mecanismo de regularización alguno, conspirando –seguramente de forma nvoluntaria- no solo contra su estabilidad personal y familiar en el país, sino también contra la posibilidad de que Colombia aproveche los conocimientos que los mismos tengan, así como contra la seguridad interna nacional pues es obligación del estado, así lo creo, tener conocimiento cierto de quien se encuentra dentro de los límites nacionales.
Pero nuestra preocupación no solo puede estar dirigida a influir en las autoridades colombianas.
En estos tiempos de campaña electoral interna que existe en Venezuela, donde un grupo de ciudadanos aspira a sustituir a la actual gestión que internamente se desarrolla y a pesar de todas las trabas que a los mismos se les impone, quienes tienen esa aspiración deberían fijar su atención en los connacionales que afuera se encuentran, en todos ellos y en especial, a los que en donde estén, se encuentren en condición migratoria irregular.
Quienes así se encuentran seguro estoy, que recibirían con agrado una manifestación de preocupación por ellos, situación que, en el caso colombiano, implica no tener acceso al trabajo, salud, educación, bancos, etc. Probablemente todos los aspirantes tienen un familiar o amigo en esa situación y ese afectado, no lo dudo, vería con agrado una expresión personal en la cual se manifieste la decisión de quien resulte electo, de hacer las gestiones a su alcance para que el gobierno Petro reabra el registro de migrantes y les permita integrarse al país mientras el gobierno que habría de dirigir, crea las condiciones para el definitivo retorno al lar nativo, aun antes de concurrir a la elección presidencial.
Pero ello no puede quedarse en esa opinión.
En el caso de Colombia, es menester ampliar la protección de quienes, por encontrarse en esa situación de irregularidad migratoria y carecer de acceso pleno a servicios, requieren una suerte de atención primaria que les permita una suerte de estabilización.
Es por ello que quienes nos acompañan en nuestra fundación, hemos propuesto a quienes tienen acceso a mecanismos de financiamiento internacional, incentivar a los donantes a destinar recursos económicos para crear en Colombia las Casas de Atención Popular (CAP).
Sería este un centro en el cual, médicos colombianos y venezolanos –estos últimos convalidados en el país- presten atención médica inicial a esos migrantes irregulares para paliar su necesidad de ese tipo de atención mientras se resuelve su situación migratoria.
Asimismo, en ese centro, educadores de ambos países complementarían el conocimiento en materias básicas, incluyendo música e inglés a los efectos de que los muchachos beneficiarios del programa, cuando ingresen formalmente al sistema educativo del país, hubieren podido minimizar las falencias que traían al momento de acceder formalmente al sistema educativo y, por tanto, no compitan con sus pares en desigualdad de condiciones y finalmente, uno donde abogados con conocimientos en DDHH y comprometidos con estos, presten asistencia legal personalizada a esos migrantes, a los retornados y a la población vulnerable.
Son esas propuestas pensadas por mentes venezolanas en Colombia, comprometidas con este país que es nuestro hogar de elección pero que no olvidamos, ni más faltaba, la tierra de donde venimos y a la cual en algún momento Dios nos permitirá regresar.
@barraplural
@fundacion2pais1
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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