Ludmila Vinogradoff
Los presos políticos venezolanos recurren a los organismos internacionales para buscar justicia pues no pueden contar con el sistema judicial de su propio país ya que este no solo se las niega sino que los tribunales y los fiscales se convierten en su propio verdugo.
Las “vidas detenidas” que sufren los disidentes y los que protestan, que han sido encarcelados arbitrariamente por motivos políticos claman a los organismos internacionales por una justicia y reparación de daños, lo que en Venezuela no consiguen. Son 15.803 víctimas registradas durante estos 10 años del régimen de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional, sección Américas, convocó el pasado martes una rueda de prensa telemática para presentar su último informe titulado: «Vidas detenidas. Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” donde denuncia la política sistemática de represión implementada por el gobierno de Maduro y documenta nueve casos de personas que se encuentran arbitrariamente detenidas. La AI exige su liberación inmediata e incondicional así como la de otros 300 presos políticos.
“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.
“Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas, maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno,” añadió.
Las nueve víctimas de detenciones documentadas en la investigación y que forman parte de un patrón represivo son: Emirlendris Benítez: madre y comerciante, detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo: matrimonio y profesionales, con doble nacionalidad de España e Italia, detenidos en marzo de 2019; Roland Carreño: periodista y activista político, detenido en octubre de 2020.
También Guillermo Zárraga: exsindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020; Darío Estrada: ingeniero y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020; Robert Franco: profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020; Javier Tarazona: defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021 y Gabriel Blanco: activista y trabajador humanitario, detenido en julio 2022.
En el panel de la rueda de prensa participaron: Diannet Blanco, activista de los DH y esposa del detenido Gabriel Blanco, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, Marta Tineo, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y el chileno Francisco Cox, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Impacto en los familiares
La abogada Marta Tineo es muy popular entre los presos políticos y sus familiares. La detención de casi 300 prisioneros impacta directamente a 1.000 personas que llevan literalmente sus “vidas detenidas”. La madre, cónyuge, hermanos, hijos son los primeros afectados. Su vida cambia radicalmente en lo económico y social. Se convierten en otros presos de su detenido.
Los hijos crecen sin el padre y la familia se dedica a suministrar 5 litros de agua semanal, medicinas y alimentos por cada detenido pues la cárcel no les provee los insumos necesarios ni la atención médica aunque está obligada por ley a hacerlo.
Marta Tineo señala que las esposas y hermanas son amenazadas de violación sexual y agresiones por parte de los carceleros, “esto también es otro patrón de la represión sistemática de los derechos humanos”.
Los detenidos en aumento
Gonzalo Himiob destacó en su intervención que detrás de cada preso político hay todo un conglomerado de personas, familia y conocidos que resultan afectados. “En los 10 años de Maduro se han registrado 15.803 arrestos políticos arbitrarios, de los cuales 9.440 han seguido procesos judiciales. De los 282 presos políticos hay 156 que no han sido condenados y 126 que han sido imputados por delitos injustamente”.
El vicepresidente del Foro Penal subrayó que el 100% de los casos de detenidos presentan como patrón constante el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial y militar. “Pasan más de 3 años internados en los centros de reclusión, sin juicios y ausencia absoluta de evidencias y cuando las presentan están viciadas y forjadas del supuesto delito que se les acusa”.
De los 156 detenidos no condenados hay 113 casos que han excedido el límite de 3 años en detención preventiva. “Y así pueden pasar hasta 8 años internados. Las autoridades no tienen interés en cerrar los casos pendientes. El Ministerio Público por lo general les imputa delitos falsos, recalca Himiob.
“Es por ello que las autoridades venezolanas están siendo investigadas penalmente por la Corte Penal Internacional, por tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal, y sujetas al escrutinio de las Naciones Unidas bajo el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La presión de la comunidad internacional no puede ceder”, dijo Erika Guevara.
El circuito represivo
Por su lado, Francisco Cox, el representante de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU, acusó directamente a Nicolás Maduro y a su segundo en la cadena de mando, Diosdado Cabello, de ser los responsables de las torturas y represión que cometen contra los venezolanos y manifestantes de protestas.
A través de sus investigaciones el circuito represivo es: “Maduro y Cabello son los que deciden y dan las órdenes de la persona o grupo que van a ser detenidos, a través de los asesores cubanos que filtran al DGCIM y el SEBIN (organismos represivos), persiguen e intervienen los teléfonos de las víctimas u objetivos políticos, luego bajan las instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez extiende las órdenes a los jueces y tribunales de primera y segunda instancia para cometer los delitos de lesa humanidad”, asegura Cox.
Considera que Venezuela es el único país que presenta violaciones graves, torturas, detenciones arbitrarias en completa impunidad que busca aplastar a la oposición.
La misión de la ONU está investigando en el terreno desde hace 3 años. Su mandato fue renovado y concluirá su mandato a mediados del 2024. El 25 de septiembre próximo presentará un nuevo informe ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que deberá tomar medidas al respecto.
Cox reconoce que las acciones de la ONU han sido tardías pero siente que ha cumplido con su parte, “hemos dado una contribución de lo que ha vivido y vive Venezuela para que se haga justicia, señalando a los responsables directos de estos delitos”.
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FUENTE: >>https://politikaucab.net/2023/09/01/amnistia-internacional-denuncia-al-gobierno-venezolano-por-recrudecer-detenciones-torturas-y-desapariciones-forzadas/
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