@CarlosRamirezL3
@DrLeyCRL
Como se sabe, he venido activando en el tema del reconocimiento de los derechos de la gran masa de trabajadores arbitrariamente despedidos de PDVSA por Hugo Chávez entre los años 2002–2003. Mi participación fue motivada a solicitud del presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado Falcón, señor Iván Freites, quien vive en Miami y me dijo que un amigo le recomendó plantearme el caso pidiéndo mi intervención lo cual acepté dentro de mi acostumbrada línea de lucha en defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la juridicidad. También porque el caso está íntimamente relacionado con toda la problemática de Pdvsa y Citgo de lo cual vengo ocupándome por años.
Estudiando y analizando el caso observé que nunca en los más de veinte años de aquel genocidio laboral nadie se planteó como primera tarea la opción del reconocimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores, además del castigo correspondiente. Que se documentara la acreencia de las víctimas la cual debería abarcar tanto los conceptos prestacionales como la de los daños materiales y morales de aquel monstruoso hecho de la Guardia Nacional sacando a las familias de los trabajadores de sus casas en la urbanización “Los Semerucos” en Punto Fijo, estado Falcón, a punta de bombas lacrimógenas y plan de machete.
Sobre aquellos hechos lo único que se promovió fue una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que no avanzó a más de ciertas recomendaciones al gobierno que no fueron acatadas.
Examinando el caso en búsqueda de justicia primeramente me dispuse a elaborar una programación de actividades para que los trabajadores tuvieran una alternativa real de justicia, entonces llegué a una primera conclusión que consistió en la necesidad de que sus derechos fuesen formalmente reconocidos por la autoridad correspondiente, en este caso por el presidente de la empresa deudora de tales acreencias, es decir, Pdvsa, la cual actualmente está dividida en dos facciones, una a lo interno del país, que está bajo el dominio del gobierno de Nicolás Maduro, y la otra, la que preside el ingeniero Horacio Medina bajo la denominación Pdvsa Ad hoc que opera en Estados Unidos con reconocimiento del gobierno norteamericano y que actualmente está bajo autoridad de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015.
En el desarrollo de esa idea diseñé un plan que consistió en primer lugar en tratar de obtener reconocimiento voluntario de los derechos en cuestión de parte de la mencionada Asamblea Nacional 2015 que actualmente preside la diputada Dinorah Figuera. Sostuve una larga conversación telefónica con ella en virtud de una conexión que nos facilitó un diputado amigo. Ella me escuchó pacientemente y me pidió un resumen escrito del caso lo cual le cumplí. Nunca obtuve respuesta
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FUENTE: >>Carlos Ramírez López
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