Humberto García Larralde: La justicia social como política de Estado en la transición democrática

La semana pasada escribí unas líneas alertando acerca del peligro de reducir al máximo al Estado, como propone el argentino Javier Milei como fórmula para superar la tragedia en que nos sumió la deplorable gestión chavo-madurista. Me apoyé en el argumento más “neutro”, menos controversial (políticamente hablando) para justificar el imprescindible rol del Estado ante una situación como la que presenta nuestro país: su responsabilidad como proveedor de bienes públicos y externalidades positivas, incluyendo la seguridad, la igualdad ante la ley y la observación de las normas del Estado de derecho, sin los cuales seguiremos sumidos en la miseria. Lejos de acabar con el Estado venezolano, habrá que reconstruirlo, devastado como está por el saqueo “revolucionario”, para que pueda asumir tan importantes funciones. Pero hay un asunto que va más allá de este argumento “neutral” de la economía positiva en torno al rol del Estado, que obligatoriamente incorpora lo normativo, es decir, los juicios de valor sobre los cuales se apoyan, implícita o explícitamente, muchas decisiones de política. Es propio de los criterios usados para definir lo que se entiende como justicia social y el rol que le toca jugar el Estado al respecto.A muchos venezolanos les extrañará que esto pueda considerarse objeto de discusión. Y es que, en nuestro país, esto se daba por descontado. Durante décadas, el influjo de considerables rentas por la venta de nuestro crudo en los mercados internacionales aportaba ingentes recursos para invertir en salud, educación, servicios, como en transferencias diversas a los sectores más desasistidos, tanto por los gobiernos de AD como los de Copei. Nadie cuestionaba que el Estado interviniera a favor de la justicia social. Si no lograban superarse los problemas era por ineficiencia, corrupción u otras razones (sectarismo), pero no porque hubiese oposición a que se hiciesen tales erogaciones.

Hoy, la situación ha cambiado, del cielo a la tierra, dada la desolación del país urdida por las huestes chavo-maduristas desde el poder. No es que el pueblo venezolano haya cambiado de parecer respecto a la importancia de construir la justicia social, es que, simplemente, el Estado carece de recursos para tal fin. Un cínico señalaría que, para los “revolucionarios”, la “justicia social” se alcanza empobreciendo de forma drástica a la población para igualarnos a todos por debajo, a excepción de ellos, claro está.

Sin embargo, para la inmensa mayoría de venezolanos que no comulgamos con el fascismo de Maduro, Cabello y Padrino López, la situación plantea un desafío inédito de políticas, de enorme importancia, dada la severa restricción presupuestaria que han provocado en Venezuela estos señores. Plantea dos retos cruciales para la prosecución de la justicia social por medio de la instrumentación de políticas de Estado. El primero, claro está, es cómo revertir esta restricción o, al menos, aliviarla en algo. La segunda introduce de manera inexorable el criterio de costo de oportunidad para decidir cuáles objetivos proseguir y con qué profundidad, para avanzar hacia una mayor justicia social. Es decir, si los recursos no alcanzan para satisfacer todos los criterios de justicia a la vez, ¿cuáles objetivos deben privilegiarse?, ¿qué debe sacrificarse, es decir, qué objetivos deben posponerse?, ¿cómo justificarlo políticamente?

Cabe recordar, una vez más, la dimensión de la penuria a ser superada en Venezuela. Una economía que fue reducida a apenas la cuarta parte en menos de diez años generó una merma aun mayor de lo que podría denominarse “Estado social”, como lo recoge un informe reciente publicado por Provea:

“Se trata de una involución que no tiene precedentes en la historia del Estado Social en América Latina (…)  El extraordinario retroceso venezolano ha repercutido en lamentables resultados económicos-sociales como la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) … (que) no ha sido originada por ninguna guerra ni por alguna catástrofe natural. Es producto del deterioro e incapacidad político-institucional de un régimen que dilapidó gran parte de la pasajera fortuna generada por el inmenso caudal de recursos provenientes del petróleo, sobre todo entre los años 2004 al 2014”. (Pág. 8)

Las causas de este deterioro anteceden la imposición de sanciones sectoriales, aunque el informe reconoce que pudiese haberse acentuado en consecuencia. Ante la ausencia de cifras oficiales —intento burdo por ocultar su fracaso— las encuestas Encovi, como los informes de ONG que atienden insuficiencias diversas, han venido dando a conocer las abismales carencias en un sinnúmero de indicadores. Destacan los niveles de desnutrición infantil, el colapso en la atención (pública) de salud y la precariedad en la prestación de servicios públicos básicos. Bienvenidos los recursos no reembolsables para atender, de manera urgente, la emergencia humanitaria del país, pero eso, obviamente, no es suficiente ni podrá contarse con ello eternamente.

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FUENTE: >>https://www.costadelsolfm.org/2023/09/05/humberto-garcia-larralde-la-justicia-social-como-politica-de-estado-en-la-transicion-democratica/

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