Esta publicación impide la implementación de nuevas y más severas sanciones contra el país, de acuerdo a lo que días atrás, sugería el gobierno norteamericano. La información fue dada a conocer por la embajada del Reino de Noruega en México, en su condición de mediador y facilitador de las negociaciones entre las partes.
El texto se presta para cualquier tipo de interpretación, y seguramente los más radicales harán de ello críticas muy severas, pero ese texto supone lo máximo que podía conseguirse a esos fines por parte de los negociadores.
La última palabra la tendrá entonces la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, una vez que los interesados acudan a presentar sus respectivas solicitudes.
El gobierno logró con ese acuerdo el respeto a las instituciones del país, el respaldo a las decisiones judiciales, y la defensa de la paz como mecanismo de lucha política, condenando los llamados a la violencia y el uso de improperios contra las formas republicanas.
Como se ve, se convierte en una camisa de fuerza para quienes ven en la violencia verbal, o política, las formas de luchar contra el gobierno de Maduro.
Eso abre una amplia discusión acerca de lo que pueden o deben hacer quienes han sido atropellados con inhabilitaciones injustas, pero reales porque existen y están vigentes.
No podemos saber que decidirán los inhabilitados, y por ello hay que esperar; no obstante tienen pleno derecho a luchar democráticamente por sus derechos ciudadanos, pero la política supone administrar la realidad y tratar de desarrollar una estrategia que permita tener un paso adelante del adversario.
Lo cierto es que, aunque exista el texto con el procedimiento para solicitar la habilitación de estos ciudadanos, el gobierno –como se sabe- tiene el control de todo el entramado institucional del país, que le fue regalado por la absurda insistencia en la convocatoria de la abstención, y ello hace presumir o sospechar cuál sería el resultado en el TSJ.
Así, para quienes insisten tercamente en la confrontación con un gobierno todopoderoso, sin tener herramientas para convertirse en una amenaza real, deben pensar con frialdad si la reiteración de esos errores tienen sentido.
Pareciera no haber más remedio que desarrollar unos mecanismos de entendimiento y convivencia con el gobierno, con garantías de coexistencia pacífica, eliminando las amenazas y odios que algunos alimentan sin posibilidad de llevar a cabo.
Se impone la necesidad de desarrollar inteligencia, y pragmatismo para poder llevar adelante la alternabilidad en el gobierno, y eso no es posible en el contexto actual sin un acuerdo con el gobierno.
Luce predecible –visto el acuerdo- que el gobierno podrá hacer hincapié en el tema de impedir el paso a quienes en el pasado reciente han proferido amenazas y ejercicio de violencia en contra del país; sus instituciones, y líderes del oficialismo, lo cual, debe estar en el presupuesto de los factores de oposición, a objeto de buscar alternativas en cuanto a candidaturas posibles.
Esta circunstancia impone la necesidad de explorar la vía del consenso en torno, no solo a una candidatura ganadora que pueda cobrar y gobernar la transición en paz, sino también alrededor de un programa mínimo de gobernabilidad que pueda ser acompañado por todos, y que sirva de guión inexcusable para que el próximo gobierno –gane quien gane- atienda con urgencia la recuperación de áreas sensibles hoy destruidas, y concite confianza para que haya inversión suficiente en el relanzamiento socioeconómico del país y su gente. Se puede.
@romanibarra
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FUENTE: >>https://www.costadelsolfm.org/2023/12/02/roman-ibarra-inhabilitaciones-y-acuerdos/
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