Interesante discrepancia

Gonzalo Oliveros

El señor El Aissami reaparecerá ante los ojos del país en algún momento, cuando ello les reditúe a quienes gobiernan.

Un buen amigo venezolano radicado en Colombia desde hace largos años por la situación política de nuestra tierra, preocupado siempre por los derechos humanos, me inquiere respecto de la ausencia de Tarek El Aissami del escenario político nacional. Sostiene él que este fue desaparecido por el Estado venezolano y que por consiguiente existe responsabilidad del mismo al respecto.

Seguramente alguno de quienes estas columnas leen se preguntará que cómo es posible esa preocupación si se trata de una persona a la que se le atribuye –aparte de otras conductas- la pérdida de más de 23 mil millones de dólares.  Lo anterior habría motivado  la detención y enjuiciamiento, iniciado hace exactamente un año, de un grupo de particulares y funcionarios públicos que, según las informaciones de medios, formaban parte del entorno de quien fuere uno de los hombres más importantes del país estos últimos 25 años.

Al respecto sostengo que, a diferencia de cómo se observa actúan las autoridades venezolanas, especialmente quien ocupa la sede de la Fiscalía General de la Nación, los derechos humanos son inherentes a toda persona, independientemente de su posición política, económica o social y de su actuar ciudadano. La inquietud de mi contertulio, quien comparte nuestro parecer, es entonces coherente con esa posición conceptual que, en el caso de las autoridades venezolanas, no se compadece con la realidad.

Debe recordarse que, una vez que se destapó el escándalo nacional atinente a la pérdida dineraria señalada, el señor El Aissami desapareció del escenario nacional. Nadie nunca más supo oficialmente de él, tejiéndose alrededor de su ausencia múltiples hipótesis. Sin embargo, hay una certeza: que se sepa, su tocayo fiscal, quien es la persona que ostenta en Venezuela el monopolio de la acción penal y quien es tan dado a comparecer ante los medios que en el país funcionan, para informar respecto del ejercicio de la misma, contra quienes matan perros o cazan gatos y ratones, nada ha dicho respecto de que ponga todo el peso de la administración de la justicia en ejercicio a los fines de determinar la responsabilidad del funcionario defenestrado, respecto de las pérdidas al país –aparentemente- originadas por las personas que, en comandita, el último año investigó respecto de los hechos en cuestión y cuya relación con el señor El Aissami es incuestionable.

Bajo ese argumento, le sostuve al preocupado amigo, que, en el caso del exministro, este a mi juicio no se encuentra –jurídicamente- desaparecido. Que técnicamente, pasó a ser un ciudadano del común que hace vida privada en el país pues ni contra él, que se sepa, hay causa penal alguna en curso, ni sus familiares han denunciado, que se conozca, tal desaparición, por lo que, a mi juicio su preocupación es vana.

Para sustentar la inquietud que me manifestó, mi amigo me comparte una publicación en la red X publicada por otra organización venezolana de derechos humanos, refiriéndose nuevamente al referido funcionario, como persona objeto de desaparición y me alega que, en virtud de la misma, por notitia crimimis, el estado debería estar actuando. A él le sostuve, nuevamente, que es Tarek William Saab quien controla el inicio o no de una investigación y que, a juicio de este –quizás por el conocimiento que tiene del personaje y su personal situación actual- no lo considera conducente.

Lo que es indubitable es que si alguna práctica se le conoce al estamento cubano -que mucha influencia tiene en Venezuela- es el de defenestrar a sus funcionarios y pasarlos al oprobio eterno, sin explicación alguna, cuando a juicio del establishment gobernante los mismos han incurrido en alguna conducta que lo amerite, las cuales, normalmente, podían poner en riesgo la cabeza de quien el proceso dirigía. Quizás, en el caso venezolano, privó más esto último que la pérdida de esa “minucia” en dólares.

Probablemente estas líneas resulten incongruentes para quienes consideran que, por el hecho que a una persona se le atribuya la comisión de un delito, máxime si ella es chavista y más aún alto funcionario del estado, ella no debe ser en modo alguno defendida. A eso respondo dos cosas, lo primero, que mientras una persona no sea condenada, ella es inocente y lo segundo, que a través de posiciones como las del amigo que motiva la columna y porque no, de la nuestra, reivindicamos verdaderamente los derechos humanos pues entendemos que estos no tienen color político, tal como, lamentablemente y para desgracia nacional, lo interpretan quienes en Venezuela deben cuidar de estos.

El señor El Aissami reaparecerá ante los ojos del país en algún momento, cuando ello les reditúe a quienes gobiernan, de ello, en lo personal, no me cabe la menor duda. 

*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural

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FUENTE: >>https://lalineadelmedio.com/interesante-discrepancia/

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