Resulta cuando menos sorprendente que, a estas alturas de la presencia venezolana en Colombia, algunas autoridades y medios de comunicación insistan, con interés digno de mejor causa, en estigmatizar nuestra presencia en Colombia.
Ello queda muy de presente con el tema de la presunta comisión de hechos punibles.
Es así como observamos que, cuando en los mismos se considera que intervienen venezolanos o como consecuencia de la actuación policial, se detiene a un nacional de ese país, la nota hace énfasis en ello. No importa que más adelante, en el curso de la actuación judicial, quede desvirtuada la misma. A los efectos de la opinión pública, fueron coterráneos de la tierra de Bolívar los infractores de la ley.
El problema, sin embargo, no es solo de Colombia. Así, por ejemplo, cuando en España se descubre una red de pederastía, por citar un ejemplo, los medios al mencionar los presuntos participantes, hacen énfasis en la nacionalidad de sus integrantes, entre ellos, algún colombiano. Con esa caracterización, inciden, allá y aquí en el concepto que la opinión pública tiene de la migración y relacionan a la misma con delincuencia.
Obvian quienes así proceden que las cifras evidencian, en el caso venezolano en Colombia que, a pesar de la masiva presencia de migrantes de esa nacionalidad en el país, su participación en hechos delictivos es ínfima. Olvidan asimismo, convenientemente que, mientras a esa ínfima minoría se le atribuye la comisión de delitos -cuya autoría debe probarse- la otra parte de sus paisanos está tratando de producir en el país, manteniendo con dignidad y esfuerzo a su familia y contribuyendo con este último al desarrollo nacional.
Ninguna persona delinque por ser nacional de un país; tan injusto es afirmar -como ocurre en ciertas partes del mundo- que los colombianos son delincuentes en vista de la fama lamentable de Pablo Escobar, como sostener que todos los venezolanos forman parte de esa mega banda trasnacional que es el tren de Aragua.
Nada le aporta a la información sobre la presunta comisión de un hecho punible la nacionalidad de las personas a quienes se le imputa el mismo. La persona pudo haber delinquido con o sin intención pero lo mas probable es que no lo hubiere hecho por la nacionalidad.
La caracterización que se hace en las informaciones de prensa al precisar la nacionalidad del presunto infractor es tan selectiva que, en el supuesto que un colombiano cometiere un hecho punible contra un venezolano, muy pocos afirmarán que el acto se cometió por la nacionalidad de este último, aún cuando ello hubiere sido el motivo fundamental de la acción del contraventor a la ley.
El Estado debe tomar cartas en el asunto y no es un tema de libertad de expresión. Están en juego valores tan importantes como este y cuando ello ocurre, debe hacerse una ponderación de los mismos para privilegiar el más conveniente.
Se contraría la presunción de inocencia cuando se distingue a un presunto infractor de la ley por su nacionalidad; se refuta igualmente el derecho al buen nombre y la honra que el mismo tiene -así como sus demás connacionales- cuando se privilegia en la información la nacionalidad sobre el hecho en sí y ello queda perfectamente de presente cuando, al finalizar el proceso judicial, el Estado no puede probar las afirmaciones -aún indirectas- que respecto de la persona hizo. Pero más aun, en el supuesto que las pruebe, a los efectos de la ley, lo fundamental no es la nacionalidad del agresor sino el hecho por el que se le juzgó, así de simple.
Colombia es, conforme a los artículos 1 y 2 de su Constitución Política, un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, cuyas autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en el país, entre otros elementos, en su honra y tan residentes son los nacionales de la tierra de Nariño y Caldas como los de otra parte del mundo que dentro de los linderos colombianos se encuentre.
Contradice esos postulados constitucionales -de manera abierta- la Alcaldía de Tocancipá, municipio del departamento de Cundinamarca situado al norte de Bogotá, cuando informa a la opinión pública la detención de una persona -a la que identificaron por tener cédula de Colombia y de Venezuela- por portar un arma con la que, presuntamente, cometería un delito; lo contraría asimismo la misma institución cuando informa la detención de dos personas, identificándolas expresamente como venezolanos, que circulaban en moto por una vereda con un arma traumática con la que, de nuevo, presuntamente, cometerían un delito. De hecho, en el fondo hay muchas presunciones sin confirmar, pero sí una certeza, según la información, la atinente a la nacionalidad de los detenidos.
No se entienda esta columna como una defensa de quienes, venidos de Venezuela en Colombia han delinquido, ni más faltaba. Para ellos, lo hemos dicho y lo repetimos, juicio imparcial y si resultan condenados que cumplan en Colombia su pena y luego, solo luego de cumplirla, extrañarlos del territorio nacional, pero no por venezolanos sino por infractores de la ley caracterizados en tal sentido por sentencia firme.
Cada quien es responsable de sus actos y lo es por su formación personal más que por su nacionalidad. Sobre eso deben enfocarse las autoridades para que, ni los venezolanos en Colombia sean estigmatizados en el país, ni los colombianos lo sean por el mundo. Pero también, las autoridades son responsables de sus acciones y omisiones y si con ellas causan perjuicio, deben responder por estos.
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FUENTE: >>https://www.gacetaregional.com/sitegr/xenofobia-implicita/
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