@CarlosRamirezL3
La única estatua que en todo el mundo hay de un presidente de Corte Suprema es la de John Marshall (EEUU) ¿Saben porqué tal honor?
El tiempo que llevo en este país y desde que adquirí esta mi segunda nacionalidad he estado presenciando fuertes episodios en el desenvolvimiento de su sistema de justicia que es muy diferente al nuestro, al venezolano, el cual conozco a profundidad no solo por dilatada vivencia en el ejercicio de la abogacía litigante, sino además por mi paso por aulas universitarias donde he participado en diversos paises sobre derecho constitucional, y es en base a todo esto que me dispongo a dar mis reflexiones sobre lo que estimo cruciales momentos para el sistema de justicia norteamericano a propósito de los últimos acontecimientos que al respecto aquí vivimos.
El contexto
El presidente Donald Trump ha estado rompiendo esquemas de tradición, entre otros sobre el tema de la inmigración. Larguísimas riadas de ciudadanos de distintos países han estado huyendo perseguidos por el hambre, por la miseria buscando aquí lo que en el glosario popular se le denomina “el sueño americano” que no es otra cosa que poder vivir con paz, con trabajo remunerado dignamente, con educación y formación ciudadana para sus hijos, con libertad, con democracia.
La historia de la formación de este gran país es la de inmigrantes en una terrible lucha por su independencia en la cual se produjeron conflictos armados que por años hicieron correr ríos de sangre para liberarse del dominio inglés. Con el advenimiento de la independencia los más preclaros líderes asumieron como tarea primordial elaborar una ley que rigiera para todos, eso fue la Constitución que se redactó se discutió y finalmente se promulgó en el año 1787 y en ella se diseñó la nueva república federal que estrenó presidente en la persona de George Washington en 1789.
El Estado Norteamericano se diseñó con tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno con sus funciones específicas para así impedir la hegemonía de uno solo, estableciendo un sistema de separación entre ellos que se define como de equilibrio y balance, pero de estos tres poderes, y de estos, originalmente el judicial vino a ser el más débil hasta que un particular episodio le dio la fuerza, el poder que luego adquirió y que seguidamente les narro.
La designación de los magistrados
Corresponde al presidente de Estados Unidos nominar los candidatos a magistrados, pero la aprobación es potestad exclusiva del Congreso. Al principio el cargo no tenía la relevancia de hoy día, y tanto es así que, por ejemplo, su primer presidente, John Jay, renunció para ir a ocupar una gobernación, su excusa fue que “el cargo carecía de peso, energía, dignidad y respeto”. Alexander Hamilton no aceptó el puesto porque prefirió ejercer como abogado. Robert Harrison también renunció para ocupar un ministerio. Entonces llegó John Marshall en el año 1801, quien sí se dio cuenta del poder que le estaban dando y tuvo la inteligencia y visión para hacer valer la importancia que ameritaba. En este caso se hizo verdad el decir de que es el hombre el que hace al cargo y no viceversa. Allí estuvo 34 años, solo la muerte lo hizo dejarlo. Su impronta está indisolublemente visible al lado de la grandeza de lo que ha llegado a ser el sistema judicial norteamericano.
John Marshall, el hombre que le dio el poder a la Corte Suprema
John Marshall fue nominado para la Corte Suprema por el presidente John Adams, y al ser sometido a la aprobación del Congreso tuvo consenso bipartidista y se votó solo por una razón de menosprecio. “Ese quizás ni se entere de su propia candidatura”, fue el burlón comentario que trascendió de los opositores políticos en el Senado, pero el sí entendió claramente que Estados Unidos necesitaba fortalecer su condición de país líder en el sistema democrático republicano y que para ello se hacía necesario reforzar el papel del Poder Judicial como árbitro entre los poderes y entre estos y los ciudadanos, y el caso de un banquero, William Marbury, demandando al gobierno para que se le entregara el cargo de juez de distrito que le había dado un gobierno en las últimas carreras para entregar el poder tras perder una elección, esto brindó a Marshall la gran oportunidad, y esta es la historia:
El caso Marbury-vs-Madison
Para entender este relato hay que ubicarse en el escenario de un país en formación, con el diseño de un Estado con los tres poderes clásicos donde el dominante era el Congreso, punto de convergencia de las colonias originarias y donde radicaba el verdadero poder, desde allí se gobernaba todo, se dictaban las leyes nacionales y estadales, etc. En segundo lugar, estaba el Ejecutivo a cargo de un presidente con las potestades que conlleva, pero siempre sometido a las decisiones del Parlamento, donde todo estaba pendiente de las negociaciones políticas, y en tercer lugar, la Corte Suprema plasmada en la Constitución pero sin mayor relevancia por su falta de poder real.
En el año 1800 el presidente John Adams y su partido Federalista, a pesar de que tenían mayoría en ambas cámaras del Congreso, perdieron las elecciones y antes de entregar usaron aquella mayoría para emitir una ley que autorizaba al presidente para nombrar jueces distritales, lo cual hicieron a toda prisa. Uno de los allí designados, el banquero William Marbury, no pudo posesionarse porque el secretario de Estado saliente no ejecutó los trámites legales para que pudiera asumir su ansiado cargo de juez del Distrito de Columbia. Se instaló el nuevo gobierno y tampoco le quisieron facilitar las cosas. Entonces este puso una demanda ante la Corte Suprema: “Demando al (nuevo) secretario de Estado para que haga los trámites necesarios y se me entregue el cargo de juez del Distrito de Columbia que me ha otorgado el presidente en virtud de ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos”, decía el escrito.
Aquella demanda de Marbury puso al nuevo presidente de la Corte, el menospreciado John Marshall, ante la disyuntiva de darle la razón al banquero demandante y ordenar al Ejecutivo que hicieran lo necesario para que asumiera como juez, o negarse a hacerlo. Lo primero implicaría un golpe para la Corte, porque por su debilidad seguramente sería desobedecida y sin poder real para imponer su decisión la expondría a un fracaso con el consiguiente deterioro de su ya precario poder. La segunda opción era sentenciar sin lugar la demanda bajo cualquier pretexto, lo cual también demostraría debilidad presente y futura ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, específicamente negaría la posibilidad futura de someter al gobierno y al Congreso a las decisiones de la Corte. Allí brilló el intelecto de John Marshall, la sentencia fue magistral, visualizó una tercera opción, dijo que el Congreso había violado la Constitución al dictar aquella ley autorizando al presidente para nombrar jueces, que esos nombramientos no eran potestad ni del Congreso ni del presidente, solo era atribución de la US Supreme Court, y en consecuencia, declaró nula la ley y nulos todos los nombramientos hechos por el presidente con base en dicha ley.
Así, por primera vez, se asentó el poder de la Corte para revisar los actos del hasta entonces todopoderoso Congreso. Allí estuvo el histórico punto de inflexión, la atribución de declarar cuál ley era constitucional y cuál no. Allí nació el principio del poder revisorio de la constitucionalidad de las leyes, el famoso “judicial review”.
La única estatua que hay en Estados Unidos de un presidente de la Corte Suprema John Marshal, su legado ha perdurado, ahora cabe la pregunta ¿la quitarán, removerán esa estatua para colocar la del presidente Trump?
Como ciudadano invoco el legado del magistrado John Marshal
La deportación masiva de latinoamericanos, en particular de venezolanos para enviarlos a una cárcel en El Salvador acusados de delincuentes sin fórmula de juicio constituye un desafío al sistema de justicia, a la constitución de Estados Unidos que así está ante la necesidad de reafirmar su papel en este país del cual por cierto soy otro de sus ciudadanos, y que en tres oportunidades desde que adquirí tal condición he participado en los últimos procesos electorales lo cual he hecho por cierto dando mi voto a Donald Trump, la primera vez cuando ganó y ejerció la presidencia. La segunda vez que le voté fue cuando perdió y se formó aquel lío del asalto al Capitolio en relación a lo cual le defendí publicamente de las apreciaciones de la distinguida periodista Patricia Janiot cuando calificó de su “jugada sucia” lo que entonces ocurrió (Ver: “Seguimiento a la batalla judicial Trump-Biden” https://carlosramirezl3.medium.com/carta-a-patricia-janiot-f424760052a7. Y en esta tercera vez cuando de nuevo le dí mi voto volvió a ganar. Pero mi simpatía por él no se sobrepone a esto que considero una arbitrariedad que requiere el recordatorio del gran magistrado John Marshal y me sumo a la petición de que aquí se restablezca el Estado de Derecho y de Justicia en base a su predicado de que “Sin lugar a dudas, compete al poder judicial decir cual es la ley aplicable”, y ahora como en aquella oportunidad, en enero de 1801, hace 224 años, debe ratificarse y quizás hasta ampliarse.
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FUENTE: >>https://carlosramirezl3.medium.com/que-har%C3%A1-la-us-supreme-court-con-trump-9b076522aa63
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