Los efectos de la cooptación gubernamental para la recuperación de la democracia en Venezuela

Federico Parra / AFP

Benigno Alarcón Deza

El caso venezolano, a pesar de lo que muchos afirman, no es un caso inédito sino uno que encaja consistentemente, con las especificidades propias de todo fenómeno social, con la evolución del autoritarismo tras el inicio de lo que ya hoy se conoce como la tercera ola de autocratización, que se inicia al finalizar la tercera ola de democratización en 2010.

El proceso de autocratización en Venezuela comienza con la llegada de Chávez al poder en 1999, con el desconocimiento de la Constitución vigente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente con poderes supra-constitucionales que no obedecía a balances ni contrapesos para, a partir de allí aprovechando sus altos niveles de popularidad, implementar lo que Levitsky y Way conceptualizan como “autoritarismo competitivo” —una forma híbrida de régimen en la que, a pesar de la vigencia formal de las instituciones democráticas, la cancha política está estructuralmente inclinada en favor del incumbente, dificultando la alternancia y erosionando la posibilidad real de control ciudadano sobre el poder —que se mantuvo desde entonces hasta la derrota del oficialismo en la elección parlamentaria de 2015, para emprender, a partir de 2016, un mayor cierre político en el que, dependiendo del peligro que la elección representara para el gobierno, se priorizaría, más o menos, la estética “democrática-electoral” al no haber otros mecanismos de legitimación política que sean capaces de sustituirla.

Esta lógica fue especialmente visible en el contexto de la eleccíón presidencial de 2024, y lo vuelve a ser de cara a las elecciones regionales y parlamentarias convocadas para el próximo 25 de mayo, donde, más que una competencia libre y justa, se observa la repetición de un patrón de manipulación institucional, control de recursos y neutralización de opositores, que ha sido sistemáticamente utilizado para intentar blindar la permanencia del gobierno en el poder. Es así como el régimen ha desplegado, en vísperas de estas elecciones, la habitual combinación de cooptación, amenazas legales y control institucional y mediático para condicionar el comportamiento de actores políticos, sociales y económicos, bloqueando toda posibilidad de contribución real de este proceso a la recuperación de la democracia en Venezuela y al reconocimiento del resultado de la elección presidencial del pasado 28 de julio.

En este artículo exploramos con algún nivel de detalle cómo en el caso venezolano, la cooptación e instrumentalización estatal han operado como pilares fundamentales de la estabilización autoritaria y analiza cómo esta estrategia se continuará utilizando para intentar reducir las probabilidades de una transición democrática por la vía electoral, tras la elección presidencial del pasado 28 de julio.

El Estado como instrumento de control político

Una de las características más relevantes del autoritarismo competitivo es el uso sistemático de instituciones estatales para inhibir y condicionar la competencia política, mientras se preserva la fachada electoral. Lejos de disolver las instituciones, el Gobierno venezolano ha colonizado organismos clave como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General de la República, transformándolos en extensiones funcionales del Poder Ejecutivo.
Particularmente notorio ha sido el uso de la inhabilitación política de opositores mediante sanciones administrativas, una práctica que ha permitido excluir de procesos electorales a dirigentes con una clara capacidad para derrotar al oficialismo, como fue el caso de María Corina Machado en la elección presidencial del 28 de julio, sin que medien condenas judiciales firmes, en franca violación del principio de presunción de inocencia y del derecho a la participación política consagrado en la Constitución vigente y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Simultáneamente, cuerpos de seguridad han sido instrumentalizados no solo como herramientas represivas tradicionales, sino como dispositivos de vigilancia e intimidación dirigidos a inhibir la acción política y social independiente. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado en múltiples informes la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, dirigidas a neutralizar tanto a dirigentes opositores como a líderes sociales y sindicales, así como a periodistas.

La cooptación económica: beneficios, subsidios y contratos a cambio de lealtad

En los regímenes autoritarios, el control sobre la economía y la distribución de recursos públicos se convierte en una herramienta clave para asegurar la lealtad de actores económicos y limitar el surgimiento de apoyos materiales a la oposición. En Venezuela, el chavismo ha perfeccionado esta lógica a través de un sistema clientelar que combina beneficios fiscales, contratos públicos, concesiones extractivas y acceso a divisas, condicionados todos ellos a la adhesión política o, al menos, a la neutralidad estratégica de empresarios y actores económicos relevantes.

El control de la asignación de divisas, durante más de una década, constituyó uno de los instrumentos más efectivos para garantizar la subordinación empresarial. En el marco del régimen de control de cambio que rigió entre 2003 y 2018, las empresas dependían del acceso preferencial a dólares oficiales para importar insumos y mantener sus operaciones. La asignación de estas divisas no obedeció a criterios técnicos o de eficiencia, sino a criterios políticos, lo que convirtió al empresariado en un actor vulnerable, condicionado por la necesidad de preservar sus operaciones en un entorno de escasez artificialmente inducido.

Además del control cambiario, el otorgamiento de contratos públicos —especialmente en el sector petrolero, la construcción y, más recientemente, en la explotación del Arco Minero— ha sido instrumental para consolidar alianzas de conveniencia con empresas nacionales e internacionales. Estas adjudicaciones, marcadas por la opacidad y la discrecionalidad, han permitido al gobierno establecer relaciones clientelares con sectores empresariales que, a cambio de acceso preferencial a contratos y concesiones, han evitado cualquier confrontación con el poder político.

Un caso emblemático de este patrón es la aprobación y aplicación de la denominada Ley Antibloqueo en 2020, que otorgó al Ejecutivo amplias facultades para manejar activos públicos y celebrar contratos bajo cláusulas de confidencialidad, eludiendo controles parlamentarios y permitiendo negociaciones directas con actores privados seleccionados. Esta legislación institucionaliza la opacidad y permite la canalización de beneficios hacia actores alineados o sumisos, fortaleciendo la red de lealtades políticas sobre la que se sostiene el régimen.

Este tipo de prácticas no solo generan dependencia económica, sino que reducen la disposición de los empresarios a respaldar o financiar alternativas democráticas. La percepción de que el éxito o la supervivencia empresarial depende de una buena relación con el gobierno induce a la autocensura, la pasividad y, en muchos casos, a la colaboración tácita con el régimen.

La cooptación social y cultural: universidades, ONG y medios de comunicación

El autoritarismo no se sostiene únicamente sobre la manipulación del aparato político y económico, sino que requiere también el control o neutralización de los espacios donde se produce, circula y debate el conocimiento, la cultura y la opinión pública. En Venezuela, esta lógica se ha expresado en una estrategia que combina la asfixia financiera, el hostigamiento judicial y la cooptación indirecta dirigida contra universidades, organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, generadores de opinión pública y medios de comunicación, con el objetivo de desarticular los nodos de resistencia intelectual y social.
En el sector de los medios de comunicación, el gobierno ha combinado mecanismos regulatorios y financieros para forzar la venta, cierre o alineación de empresas informativas. La imposición de sanciones administrativas, la revocatoria arbitraria de concesiones radioeléctricas y el uso discrecional de la publicidad estatal han inducido la autocensura o el colapso financiero de medios críticos.
Las universidades públicas, tradicionalmente espacios de crítica y disenso, han sido blanco de una política de estrangulamiento presupuestario que ha limitado su autonomía y ha reducido drásticamente sus capacidades de funcionamiento. A través de la asfixia financiera, la imposición de autoridades designadas desde el Ejecutivo y la persecución de líderes estudiantiles, académicos y sindicales, el gobierno ha logrado silenciar a buena parte de las universidades, minimizando su potencial de articulación social y de cuestionamiento político.

En el caso de las organizaciones no gubernamentales, la adopción de marcos legales restrictivos, como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales ha buscado limitar sus fuentes de financiamiento y exponer a sus integrantes a sanciones penales y administrativas.

Estas medidas no solo han reducido el espacio cívico, sino que han promovido una cultura de la neutralidad forzada, en la que tanto instituciones como individuos priorizan su supervivencia por encima de cualquier compromiso con los valores democráticos. La cooptación social y cultural constituye así un complemento esencial de la supervivencia autocrática que permite al régimen mantener la apariencia pluralista mientras vacía de contenido real la esfera pública.

La autoexclusión y el silenciamiento inducido: el costo de la disidencia

En regímenes autoritarios como el venezolano, el control no se ejerce únicamente a través de la represión o la cooptación directa, sino también mediante la creación de un entorno de amenazas latentes que inducen la autocensura, el repliegue o la neutralidad estratégica. Esta forma de control indirecto, que Levitsky y Way denominan “self-sidelining”, genera una dinámica en la que los actores sociales e institucionales, enfrentados a un cálculo de costos cada vez más adverso, optan por apartarse de la confrontación con el poder, debilitando progresivamente a la oposición.

En Venezuela, esta lógica se ha manifestado de forma particularmente intensa en sectores empresariales, académicos y mediáticos. El empresariado, en lugar de respaldar iniciativas de cambio o financiar opciones opositoras, ha adoptado por una actitud de retraimiento o colaboración pragmática, consciente de que su supervivencia económica depende no de la competitividad de su actividad sino de la buena disposición del poder político para otorgar permisos, divisas, contratos o concesiones.

En el campo académico, la combinación de asfixia presupuestaria, amenazas de intervención institucional y hostigamiento judicial o policial contra docentes, estudiantes y autoridades ha generado una cultura de autocensura y desmovilización. Las universidades han reducido su presencia en el debate público, mientras que investigadores y expertos han optado por la emigración o por el silencio ante la imposibilidad de ejercer una crítica que no acarree represalias.

Algo similar ha ocurrido con los medios de comunicación, donde la judicialización de periodistas, las demandas por difamación y la presión sobre empresas publicitarias han provocado un efecto inhibidor que va más allá de la censura directa. La autocensura se ha vuelto una práctica defensiva y rutinaria, limitando la capacidad del periodismo de ejercer su rol de vigilancia democrática y debilitando la oferta informativa crítica²⁰.

Este fenómeno de silenciamiento inducido se extiende también al campo de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada, donde la amenaza de criminalización ha generado una retirada progresiva de actores sociales del espacio público, reduciendo las posibilidades de organización y protesta y configurando un entorno donde el conformismo y la pasividad son estrategias racionales de supervivencia política.

Elecciones parlamentarias y regionales 2025: control institucional y manipulación previa al 25 de mayo
La convocatoria de elecciones regionales y legislativas para el 25 de mayo de 2025 se ha convertido en el último episodio de una secuencia repetida de prácticas autoritarias disfrazadas de competencia electoral. En lugar de representar una oportunidad de renovación institucional y control político ciudadano, el proceso ha sido estructurado para pasar la página del 28 de julio y garantizarle al chavismo el control de la mayoría de los estados y del poder legislativo, a través de la combinación de obstáculos administrativos, control mediático y manipulación de los recursos públicos.

Los medios de comunicación regionales han intensificado su alineación con la narrativa gubernamental en el marco de estas elecciones, reforzando el cerco informativo en torno a las candidaturas críticas y amplificando la visibilidad de las fórmulas asociadas al oficialismo.

Finalmente, el uso de recursos públicos se ha enfocado en reforzar las redes clientelares en los territorios, vinculando el acceso a programas sociales como las cajas CLAP o los bonos del sistema Patria con la fidelidad electoral, sobre todo en regiones donde la hegemonía chavista se ha mostrado más vulnerable.

En suma, estas elecciones parlamentarias y regionales no se perfilan como un desafío electoral como el del 28 de julio, sino como un mecanismo controlado para intentar consolidar la dominación política del régimen en todos los niveles del Estado después del revés, sufrido el pasado 28 de julio.

Conclusión

El caso venezolano confirma que los regímenes autoritarios contemporáneos no dependen exclusivamente de la represión para asegurar su estabilidad, sino de la capacidad de cooptar, condicionar y desincentivar la acción colectiva adversa mediante un uso sofisticado y estratégico del poder estatal. Tal como advierten Levitsky y Way, la transformación del aparato estatal en un instrumento de control político, económico y social —más que la eliminación formal de la competencia democrática— permite a los gobiernos autoritarios contemporáneos blindarse de la amenaza de alternancia, mientras preservan la ilusión de la legitimación electoral.

La experiencia venezolana revela cómo la manipulación institucional, la asignación clientelar de recursos y la inducción sistemática a la autocensura han reducido drásticamente las capacidades de movilización y articulación de los sectores democráticos, cooperando, consciente o inconscientemente, a la estrategia electoral del régimen, mediante elecciones en las que la incertidumbre propia de los procesos democráticos ha sido cuidadosamente eliminada. En este contexto, la aparente pasividad social y la fragmentación de la oposición no son producto de una adhesión ciudadana al gobierno, sino de un entramado de costos y amenazas que inhiben la acción colectiva, desalientan la disidencia y debilitan la resiliencia institucional.

El reto para cualquier estrategia de recuperación democrática en Venezuela pasa por comprender que, sin desmontar estos mecanismos de cooptación y control, ninguna elección será más que una simulación de democracia frustrada. La reconstrucción de un espacio público genuinamente democrático y competitivo no depende únicamente de reformas institucionales, sino de romper la lógica clientelar y represiva que ha reconfigurado las relaciones entre el Estado y la sociedad bajo el régimen autoritario venezolano. Mientras esa matriz de control persista, la democracia en Venezuela seguirá siendo un horizonte difícil de alcanzar.

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FUENTE: >>https://politikaucab.net/2025/04/21/los-efectos-de-la-cooptacion-gubernamental-para-la-recuperacion-de-la-democracia-en-venezuela/

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