Los presos venezolanos en El Salvador y Venezuela no son equivalentes.

Luis Carlos Díaz 

 No deberían ser intercambiables. Tampoco pueden ser fichas en un tablero tan discrecional y con altas posibilidades de que las cosas salgan mal, porque ya se están haciendo mal.

Veamos esto por partes.

Los 252 venezolanos presos en El Salvador están allí porque fueron enviados desde Estados Unidos. No cometieron delitos en territorio salvadoreño ni tienen garantizada su defensa (ni casi nada) en El Salvador. Si se revisa su situación en Estados Unidos, se consiguen muchas disparidades. La mayoría no tenía antecedentes penales, los que tienen vinculaciones con crímenes no pasaron por un proceso de justicia con garantías, otros solo tenían situaciones migratorias que deben ser esclarecidas y otros tenían o estaban en proceso de refugio. Además, la mayoría fueron enviados a El Salvador utilizando una ley del año 1798 y con procedimientos que no son correctos porque generan desprotección y vulnerabilidad según los estándares actuales.

Todas las personas tienen derecho a un proceso de justicia justo. Es más, sobre todo aquellos que pueden ser responsables de crímenes graves necesitan un proceso correcto, para que quede muy claro qué pasó, cómo y por qué son sentenciados. Eso no ha ocurrido con los enviados a El Salvador en una suerte de show de populismo punitivo con impacto global, que solo vinculó a dos países en un abuso de poder que no debía ocurrir y debe ser corregido.

Tomen en cuenta esto: si hay personas que necesitan protección y refugio entre esos detenidos, sería un error enviarlas o intercambiarlas con Venezuela, porque su situación podría empeorar. Si hay personas vinculadas a actos criminales, enviarlas a Venezuela sería premiarlas y garantizarles impunidad. Ante esas dos posibilidades, el trato que se propone no es óptimo.

Hay una parte de la opinión pública que se pliega con bastante pasividad a los líderes para creer que, si ha habido gente presa, deportada y enviada a Guantánamo o El Salvador “es por algo”. Y ese es el problema cuando la discrecionalidad política interviene en la justicia. Tomaba más tiempo y dinero determinar la situación de cada persona, pero no se hubiesen cometido errores que hoy son costosos y dolorosos. El debido proceso importa y hoy se debe revertir devolviéndolos a Estados Unidos y haciendo las cosas bien. La narrativa de El Salvador pasó de decir que no podía hacer nada por las personas detenidas a tratar de negociar una entrega con Venezuela. ¿Cómo es eso? ¿Qué cambió y por qué?

Plantear un intercambio de presos, como si fuesen rehenes, terminaría igualando a los negociadores.

Ahora hablemos de los presos venezolanos. ¿Cuántos son? Las cifras no están claras. Las ONG venezolanas, haciendo un trabajo extraordinario, dan una cifra parcial que ronda las 900 personas, porque la cantidad de civiles y militares presos puede ser mayor debido a que los familiares no siempre pueden denunciar. 

También hay discrepancias sobre los extranjeros presos políticos en Venezuela, que el propio Estado ha dicho que son 150, de más de 25 nacionalidades distintas. 

A eso se le suma que hay decenas de personas en desaparición forzada, entre los cuales hay gente no reportada. 

Entonces los números son importantes y graves, dentro de una maquinaria de horror que es peor de lo que imaginamos.

Los presos políticos venezolanos no son reconocidos por el aparato gubernamental.

 En todo caso se les condena llamándolos “criminales” y “terroristas” y se les niega el derecho a nombrar un abogado de confianza, recibir atención médica y psicológica oportuna, no han podido estar frente a jueces independientes, de carrera y autónomos del poder Ejecutivo, sus condiciones de presidio violan todas las normativas nacionales e internacionales y muchos han sufrido crímenes de lesa humanidad reportados por la ONU como desaparición forzada, torturas y violencia sexual.

Deben ser liberados plenamente lo antes posible sin someterlos a condicionamientos posteriores como los regímenes de presentación que se mantienen sobre más de 10.000 personas.

Por desgracia son rehenes en medio del atrincheramiento de un gobierno que se robó unas elecciones y carga con su propia ilegitimidad e insolvencia a cuestas. 

En ocasiones anteriores los presos políticos les han servido para pactar mejoras en negocios, para responder a incentivos en mesas de diálogo, para dárselos como cuotas de liberación a la oposición a su medida o para maquillar momentos electorales.

El riesgo con la propuesta actual es que muchas cosas pueden salir mal. Antes ha habido manipulaciones y falsas liberaciones, de gente que queda penando en vida. Hay liberados que los vuelven a capturar. Hay liberados que son condenados al exilio o al destierro, que puede ser otra cárcel. Ha habido liberaciones cuyas cifras son engordadas con personas que no eran presas políticas sino criminales vinculados al propio poder en casos de estafa y narcotráfico. 

Hay una puerta giratoria, como la denuncia Foro Penal, que hace que los puestos libres en las cárceles luego sean llenados con otras personas. Y es público que el chavismo rara vez cumple su palabra porque sabe que obtiene beneficios por mantener un aparato de persecución y terror.

¿Hay salida en medio de tantas trampas? Sí, pero no pasa por confiar a ciegas en los actores políticos actuales. El fanatismo juega en contra de la gente.

 Tampoco por ceder en estándares ni principios. Los civiles no controlamos las formas en las que el poder juega con las vidas y la libertad de la gente, pero al menos sí podemos controlar nuestra propia forma de ver las cosas y exigir que haya debido proceso, que ningún inocente esté preso y que se garanticen derechos incluso y sobre todo en momentos oscuros.

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FUENTE: >>Luis Carlos Díaz

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