I. Marco Normativo y la Realidad de su Incumplimiento
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su Título III, consagra un amplio catálogo de derechos y garantías fundamentales, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, el artículo 23 establece la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, prevaleciendo sobre el ordenamiento jurídico interno. Este marco normativo robusto, teóricamente, debería servir como un bastión para la protección de la ciudadanía.
No obstante, la realidad ha distado considerablemente de lo establecido en la ley. A partir de la década de 2010, y de manera más acentuada desde 2014, Venezuela ha experimentado un deterioro progresivo de sus instituciones democráticas y un alarmante aumento en las violaciones de derechos humanos. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, la Corte Penal Internacional (CPI) y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, han documentado de forma exhaustiva patrones de violaciones que incluyen:
Represión de la protesta social: Uso excesivo y letal de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado (FANB, PNB, GNB, SEBIN, DGCIM) contra manifestantes pacíficos, resultando en heridos, detenciones masivas y muertes.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas: Arrestos sin orden judicial, uso de figuras como la "detención preventiva" para prolongar la privación de libertad, y casos de personas detenidas de las que se desconoce su paradero.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: Denuncias consistentes y bien documentadas de torturas físicas y psicológicas en centros de detención, con el objetivo de obtener confesiones, castigar o intimidar.
Ejecuciones extrajudiciales: Casos en los que agentes del Estado han privado de la vida a personas al margen de procedimientos judiciales, a menudo presentados como "enfrentamientos" o "resistencias a la autoridad".
Ataques a la libertad de expresión y prensa: Persecución de periodistas, cierre de medios de comunicación, bloqueos de sitios web y limitaciones al acceso a la información.
Criminalización de la disidencia política: Aplicación de leyes antiterroristas o de seguridad nacional para perseguir y encarcelar a opositores políticos, defensores de derechos humanos y activistas sociales.
Deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales: La grave crisis humanitaria compleja ha impactado severamente el derecho a la alimentación, la salud, la educación y el acceso a servicios básicos, exacerbando la vulnerabilidad de la población.
II. La Lesa Humanidad: Concepto y Aplicación en el Contexto Venezolano
Los crímenes de lesa humanidad son, por su naturaleza, algunos de los delitos más graves bajo el derecho internacional. Se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) como una serie de actos que, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil y con conocimiento de dicho ataque, son considerados crímenes contra la humanidad. Estos actos incluyen: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, o de otro tipo universalmente reconocido como inaceptable con arreglo al derecho internacional, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
La relevancia de esta calificación en el contexto venezolano es crucial. Desde 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto un examen preliminar y, posteriormente, una investigación formal sobre la situación en Venezuela, en particular sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017. La base para esta investigación se sustenta en el análisis de que las violaciones de derechos humanos documentadas no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón de ataque sistemático y generalizado contra la población civil, presuntamente impulsado o tolerado por agentes estatales de alto nivel.
Los elementos clave para establecer la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según los informes y análisis disponibles, son:
Ataque generalizado o sistemático: La multiplicidad de incidentes, la repetición de los patrones de violación a lo largo del tiempo y en diferentes regiones, y la participación de diversas fuerzas de seguridad del Estado, sugieren un ataque generalizado. La naturaleza organizada y coordinada de las acciones, con directrices que emanan desde estructuras de mando, apunta a un ataque sistemático.
Dirigido contra una población civil: Las víctimas de estas violaciones son predominantemente civiles, incluyendo manifestantes, opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y la población en general afectada por las políticas represivas.
Conocimiento del ataque: Existe evidencia de que altos funcionarios del Estado tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento de la comisión de estas atrocidades. La falta de investigación, sanción y reparación interna, así como la promoción o mantenimiento en sus cargos de responsables directos, refuerzan esta presunción.
Actos constitutivos: Las categorías de crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, la tortura, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, y la persecución, han sido consistentemente documentadas en Venezuela, ajustándose a las definiciones del Estatuto de Roma.
III. Implicaciones y Desafíos para la Justicia y la Reparación
La calificación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela como posibles crímenes de lesa humanidad tiene implicaciones profundas tanto a nivel nacional como internacional:
Responsabilidad individual: Abre la puerta a la responsabilidad penal individual de los perpetradores y, fundamentalmente, de los responsables de la cadena de mando. No solo los ejecutores directos, sino también aquellos que ordenaron, planificaron o no impidieron las atrocidades, pueden ser juzgados.
Complementariedad y la CPI: El principio de complementariedad, que rige la jurisdicción de la CPI, establece que la Corte solo intervendrá si los Estados no están dispuestos o no son capaces de llevar a cabo sus propias investigaciones y enjuiciamientos. La investigación de la CPI sobre Venezuela subraya la percepción internacional de la falta de voluntad o capacidad del sistema judicial venezolano para abordar seriamente estos crímenes.
Imprescriptibilidad: Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que significa que no hay límite de tiempo para perseguir a los responsables. Esto es crucial en un contexto donde la impunidad ha sido la norma.
Obligación de no devolución (Non-Refoulement): La existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela puede tener implicaciones en las solicitudes de asilo y refugio de ciudadanos venezolanos en otros países, reforzando sus argumentos de protección.
Búsqueda de reparación y no repetición: El reconocimiento de la comisión de crímenes de lesa humanidad es un paso fundamental para las víctimas en su búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Permite activar mecanismos de asistencia y reparación a nivel internacional.
A pesar de estas implicaciones, la búsqueda de justicia en Venezuela enfrenta desafíos significativos:
Obstáculos a la investigación interna: La falta de independencia del poder judicial, la presión política y la influencia del poder ejecutivo dificultan las investigaciones imparciales y efectivas a nivel nacional.
Cooperación estatal: La cooperación del Estado venezolano con la CPI ha sido un punto de contención, con el gobierno cuestionando la jurisdicción de la Corte y presentando recursos para detener la investigación.
Protección de víctimas y testigos: La seguridad de las víctimas y testigos que denuncian estas atrocidades es una preocupación constante, dada la persistencia de patrones de intimidación y represalias.
Crisis humanitaria y migratoria: La magnitud de la crisis humanitaria compleja y la migración forzada de millones de venezolanos complejizan la recopilación de pruebas, el seguimiento de las víctimas y la implementación de programas de reparación.
IV. El Papel de la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional
En este complejo escenario, la sociedad civil venezolana y las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un papel fundamental e indispensable. A pesar de los riesgos y la represión, han sido las principales voces en la documentación de violaciones de derechos humanos, la denuncia ante instancias nacionales e internacionales, la asistencia a víctimas y la promoción de la justicia y la rendición de cuentas. Sus informes y testimonios han sido cruciales para la activación de mecanismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la investigación de la CPI.
La comunidad internacional, por su parte, ha mantenido una postura de condena y preocupación. La presión diplomática, las sanciones selectivas dirigidas a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y el apoyo a las investigaciones internacionales han sido herramientas utilizadas para intentar influir en la situación. La persistencia de la investigación de la CPI, a pesar de los esfuerzos del Estado venezolano por detenerla, representa un hito importante en la lucha contra la impunidad.
Conclusión
La situación de los derechos humanos en Venezuela es alarmante y se caracteriza por patrones de violaciones graves y sistemáticas que, según diversos organismos internacionales, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La brecha entre el marco normativo constitucional y la realidad de su incumplimiento ha generado un profundo quiebre del Estado de derecho y una grave crisis de derechos humanos.
La investigación de la Corte Penal Internacional y la labor de la Misión de Determinación de los Hechos son vitales para desentrañar la verdad, atribuir responsabilidades y, en última instancia, romper el ciclo de impunidad que ha prevalecido. La calificación de estas atrocidades como crímenes de lesa humanidad no solo reconoce la gravedad de los hechos, sino que también abre vías para la justicia internacional cuando los sistemas judiciales internos son incapaces o no están dispuestos a actuar.
El camino hacia la justicia y la reparación para las víctimas es largo y complejo. Requiere de la persistencia de la sociedad civil, el apoyo continuo de la comunidad internacional y, fundamentalmente, un cambio sustancial en la voluntad política interna para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, la independencia judicial y el fin de la impunidad. Solo a través de estos esfuerzos combinados podrá Venezuela transitar hacia una verdadera reconciliación y el restablecimiento pleno de un Estado de derecho donde los derechos humanos sean una realidad inalienable para todos sus ciudadanos.
Por: Diego de la Vega.
Un ciudadano común.
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