1. La Crisis Política y la Subversión del Orden
Democrático
1.1. Fase I: Persecución Sistemática Preelectoral
La fase preelectoral se caracterizó por la
instrumentalización de las instituciones del Estado para desmantelar
sistemáticamente la viabilidad electoral de la oposición, mucho antes de que se
emitiera un solo voto.
- Inhabilitaciones
Administrativas: En una clara contravención del Acuerdo de Barbados y
de los estándares interamericanos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
ejecutó una maniobra jurídica el 26 de enero para ratificar las
inhabilitaciones administrativas impuestas por la Contraloría General
contra figuras opositoras clave. La decisión de mantener la prohibición de
ejercer cargos públicos a María Corina Machado, ganadora abrumadora de las
primarias opositoras, y a Henrique Capriles Radonski, representó un ataque
directo al derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus
candidatos.
- Obstrucción
de Candidaturas: La principal coalición opositora, la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), enfrentó obstáculos técnicos insuperables para
inscribir a su candidata designada, Corina Yoris. Durante el período de
postulación, el acceso al sistema automatizado del Consejo Nacional
Electoral (CNE) fue bloqueado selectivamente para la MUD, impidiendo la
formalización de su candidatura. Este trato discriminatorio contrasta con
la facilidad con que se inscribieron las candidaturas oficialistas y otras
de menor perfil, evidenciando una manipulación deliberada del proceso.
- Supresión
del Voto en el Exterior: El CNE impuso la exigencia de una visa de
residente como requisito único para la inscripción de venezolanos en el
exterior, una medida arbitraria que excluyó a una porción masiva del
electorado. Organizaciones de la sociedad civil estiman que alrededor de
5.5 millones de venezolanos en el extranjero estaban habilitados para
votar, pero esta restricción les negó su derecho fundamental a la
participación política, afectando gravemente la integridad del registro
electoral.
- Detenciones
y Amedrentamiento: El régimen ejecutó un patrón de detenciones
arbitrarias contra miembros del partido Vente Venezuela y del comando de
campaña de María Corina Machado. Asimismo, figuras como la defensora de
derechos humanos Rocío San Miguel fueron detenidas bajo acusaciones de
terrorismo y conspiración. Esta ola represiva se extendió a la sociedad
civil, con actos de hostigamiento y clausura de comercios que brindaron
apoyo logístico a la candidata opositora durante sus giras.
1.2. Fase II: Opacidad y Manipulación en la Jornada
Electoral del 28 de Julio
La jornada electoral y los días subsiguientes estuvieron
marcados por una secuencia de irregularidades deliberadas que, según
observadores internacionales, comprometieron la transparencia y despojaron de
legitimidad a los resultados proclamados por el CNE.
- Suspensión
de la Transmisión de Datos: Horas después del cierre de las mesas, el
CNE detuvo la transmisión electrónica de los resultados, alegando un
"ciberataque terrorista" proveniente de Macedonia del Norte. Sin
embargo, se negó a realizar las auditorías técnicas que podrían haber
verificado dicha afirmación, generando una profunda desconfianza.
- Proclamación
de Resultados: En la madrugada del 29 de julio, el presidente del CNE,
Elvis Amoroso, anunció la victoria de Nicolás Maduro con aproximadamente
el 51% de los votos, frente al 44% de Edmundo González Urrutia. Estos
resultados contradecían drásticamente los datos recopilados por la
oposición, que a partir de la totalización de más del 80% de las actas
físicas, otorgaban a González Urrutia una victoria contundente con el 67%
de los sufragios.
- Violación
de la Transparencia: El CNE violó la normativa electoral y los
principios democráticos básicos al negarse a publicar las actas de
votación desglosadas por mesa. Esta acción, calificada por observadores
internacionales como sin precedentes en elecciones democráticas
contemporáneas, impidió cualquier tipo de verificación independiente de
los resultados proclamados.
- Recursos
Legales: De manera insólita, fue Nicolás Maduro quien interpuso un
recurso contencioso electoral ante el TSJ para "validar" su
propia victoria. El 22 de agosto, el TSJ convalidó los resultados del CNE
publicando únicamente la parte resolutiva del fallo, sin los fundamentos
de la decisión, en una clara omisión de su deber de motivar las sentencias
y garantizando la opacidad del proceso.
1.3. Fase III: Represión Postelectoral y Prácticas de
Terrorismo de Estado
La respuesta del régimen a las masivas protestas que
estallaron en rechazo al fraude electoral fue brutal y sistemática,
configurando, según la CIDH, prácticas de terrorismo de Estado para infundir
miedo y consolidar el control social.
- Uso
de Fuerza Letal: Las manifestaciones fueron reprimidas con fuerza
letal, concentrándose principalmente en barrios populares,
tradicionalmente considerados bastiones del oficialismo. Este
desplazamiento geográfico de los epicentros de protesta no es casual; es
una consecuencia directa del colapso económico detallado en este informe,
donde salarios públicos de $115 mensuales son pulverizados por una canasta
básica familiar que roza los $540, transformando antiguos bastiones del
gobierno en focos de disidencia. Se registraron al menos 25 muertes,
la mayoría por disparos de armas de fuego, con la implicación directa de
fuerzas estatales y grupos paramilitares conocidos como
"colectivos", según la Misión de la ONU.
- "Operación
Tun Tun" y Detenciones Masivas: El régimen lanzó la denominada
"Operación Tun Tun", una campaña de redadas masivas y
allanamientos sin orden judicial en barrios populares. Esta operación
resultó en más de 2,000 detenciones arbitrarias, violando
sistemáticamente el debido proceso. De forma alarmante, entre los
detenidos se encontraban al menos 220 niños, niñas y adolescentes,
quienes fueron sometidos a incomunicación y tratos crueles.
- Nuevos
Patrones de Hostigamiento: La represión adoptó nuevas formas de
coerción. Se documentó la anulación arbitraria de pasaportes de al
menos 40 periodistas y defensores de derechos humanos para impedir su
salida del país. Esta táctica de "exilio interno" se implementó
en paralelo a la escalada de la retórica antiimperialista del régimen,
demostrando una estrategia de dos frentes: atrapar físicamente a
potenciales disidentes en el país mientras se confronta a los adversarios
externos. Adicionalmente, se recurrió a prácticas intimidatorias como la marcación
de viviendas de opositores y el asedio a la residencia de la
embajada de Argentina en Caracas.
Estas acciones no representan una simple contención de
disturbios, sino el despliegue estratégico del terror de Estado para atomizar
la resistencia social y neutralizar preventivamente cualquier desafío
organizado al resultado electoral fraudulento.
2. Escalada de Tensiones Internacionales: El
Enfrentamiento con Estados Unidos
El fraude electoral y la brutal represión postelectoral
catalizaron un drástico endurecimiento de la postura de Estados Unidos hacia
Venezuela a finales de 2025. La administración de Donald Trump activó una
estrategia de máxima presión que elevó las tensiones a un nivel sin
precedentes, combinando acciones diplomáticas, económicas y militares. Esta
sección examina la cronología de la escalada, las justificaciones de cada parte
y las repercusiones en el tablero geopolítico regional.
2.1. Estrategia y Acciones Militares de Estados Unidos
La estrategia de la administración Trump se fundamentó en
una deliberada reconfiguración jurídica del conflicto —pasando de una disputa
entre estados a una operación antiterrorista—, creando así un pretexto legal
interno para la acción militar que eludía los tradicionales obstáculos
diplomáticos y legislativos.
- Justificación
Oficial: El 2 de octubre, Trump declaró formalmente un "conflicto
armado" contra los cárteles de la droga. Previamente, su
administración había designado como organizaciones terroristas a grupos
como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, este último presuntamente
vinculado a altas esferas del régimen venezolano. Esta clasificación sentó
las bases discursivas para el uso de la fuerza militar.
- Despliegue
Naval: Estados Unidos ejecutó un importante despliegue naval en el Mar
Caribe. Para finales de agosto, al menos siete buques de guerra,
incluyendo destructores de misiles guiados como el USS Gravely y el USS
Jason Dunham, y un submarino de ataque nuclear, se encontraban patrullando
aguas cercanas a Venezuela. Simultáneamente, la recompensa por la captura
de Nicolás Maduro fue elevada a 50 millones de dólares.
- Ataques
Militares: La estrategia se materializó en una serie de ataques
directos contra embarcaciones. El 2 de septiembre, el ejército
estadounidense atacó y hundió una lancha proveniente de Venezuela, causando
la muerte de 11 personas calificadas como "narcoterroristas". A
este le siguieron al menos tres ataques más en las semanas posteriores,
con un saldo de más víctimas mortales.
2.2. Respuesta del Gobierno Venezolano
Frente a la presión estadounidense, el régimen de Nicolás
Maduro respondió con una combinación de instrumentalización del marco legal,
retórica nacionalista y demostraciones de fuerza militar.
- Marco
Legal y Discursivo: Maduro firmó un decreto de "Estado de
Conmoción Exterior", una figura legal que le otorga poderes
especiales para enfrentar amenazas externas y restringe garantías
constitucionales. El discurso oficial se centró en denunciar una
"postura guerrerista" y una agresión imperialista de EE. UU.
- Demostraciones
de Fuerza: Como respuesta al despliegue naval estadounidense,
Venezuela movilizó sus propias fuerzas. El 4 de septiembre, dos cazas F-16
de la Aviación Militar Bolivariana sobrevolaron el destructor USS Jason
Dunham en un acto calificado por el Pentágono como "altamente provocador".
Adicionalmente, se realizaron ejercicios militares a gran escala en el
Caribe.
- Movilización
Interna: El régimen convocó a ejercicios de organización para la
"defensa territorial" y afirmó que movilizaría a millones de
miembros de la Milicia Bolivariana para prepararse ante un eventual
conflicto.
2.3. Reacciones Regionales y Multilaterales
La escalada de tensiones generó una profunda división en
América Latina y el Caribe, con algunos países respaldando las acciones de EE.
UU. y otros expresando una grave preocupación por el riesgo de un conflicto
regional.
Actor |
Postura y Acciones Clave |
Colombia |
El presidente Gustavo Petro advirtió inicialmente que un
ataque a Venezuela sería un ataque a la región. Posteriormente, solicitó ante
la Asamblea General de la ONU la apertura de un proceso penal contra Donald
Trump por los ataques en el Caribe. |
CELAC |
En una reunión extraordinaria, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños expresó su "profunda preocupación" por
la intervención extranjera, reafirmando que la región debe seguir siendo una
"Zona de Paz". |
Trinidad y Tobago |
La primera ministra elogió el despliegue estadounidense y
el ataque del 2 de septiembre, declarando que "el ejército
estadounidense debería eliminar a todos los narcotraficantes
violentamente". |
Guyana |
El gobierno respaldó el despliegue militar de EE. UU. en
el contexto de su disputa territorial con Venezuela. El vicepresidente
declaró: "No se puede confiar en Maduro". |
República Dominicana |
Anunció que no invitaría a Venezuela a la Cumbre de las
Américas y cooperó con la Armada de EE. UU. en una operación conjunta contra
una embarcación, en la que se incautaron 377 paquetes de cocaína. |
La
fractura regional evidenció la incapacidad de los mecanismos
multilaterales para forjar un consenso, dejando el campo abierto a la
confrontación directa entre los principales antagonistas. La inestabilidad
política interna y la creciente presión internacional agravaron un panorama
económico ya de por sí crítico, empujando al país hacia un colapso aún más
profundo.
3. Diagnóstico de una Economía en Colapso
Las proyecciones del Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES UCAB) para 2025
dibujan un "contexto muy adverso", marcado por una profunda
contracción, una inflación galopante y un deterioro generalizado del bienestar
social. La inestabilidad política y la restitución de las sanciones petroleras
y financieras por parte de Estados Unidos han desmantelado la tímida
recuperación observada en años anteriores, revelando la extrema fragilidad de
la estructura económica del país.
3.1. Proyecciones Macroeconómicas para 2025
Los principales indicadores macroeconómicos anticipan un severo
retroceso para la economía venezolana, revirtiendo la modesta recuperación
previa.
- Producto
Interno Bruto (PIB): Se proyecta una contracción superior al 2%
en el PIB total. Este retroceso está impulsado por una dramática caída
del 12% en el PIB petrolero y una reducción de hasta el 1,5% en el PIB
no petrolero.
- Inflación:
Se anticipa una aceleración exponencial de la inflación, que se ubicaría
en 220,94% al cierre de 2025, un salto abismal en comparación con
el 50,22% estimado para 2024. Las causas principales son la acelerada
depreciación del tipo de cambio y la recurrencia al financiamiento
monetario para cubrir el déficit fiscal.
- Tipo
de Cambio: El informe advierte sobre una reducción del 40% en la
oferta de divisas en el mercado formal, lo que ejercerá una fuerte
presión sobre el precio del dólar. La brecha entre el tipo de cambio
oficial y el paralelo continuará creciendo, intensificando la llamada
"inflación en dólares".
3.2. El Deterioro Acelerado del Sector Petrolero
La industria petrolera, pilar histórico de la economía
venezolana, enfrenta un colapso acelerado debido al impacto combinado de las
sanciones y las desfavorables condiciones del mercado.
- La producción
de petróleo caería un 11% respecto a 2024, alcanzando apenas 770
mil barriles diarios, mientras que las exportaciones de crudo se
reducirían aún más, en un 20%, debido a la pérdida de acceso a
mercados clave.
- El
valor total de las exportaciones petroleras se desplomaría un 34%.
Esta caída se debe no solo a la reducción del volumen y a un menor precio
del barril, sino también a la necesidad de ofrecer un descuento forzoso
del 30% a compradores asiáticos.
- En
total, se estima que el país dejará de percibir más de 6 mil millones
de dólares por concepto de exportaciones de hidrocarburos, que
representan el 80% de los ingresos por exportaciones del país.
3.3. Impacto Social: Salarios, Pobreza y Remesas
El colapso macroeconómico se traduce directamente en un
severo deterioro de las condiciones de vida de la población, afectando su poder
adquisitivo y sus principales fuentes de sustento.
Indicador Social |
Descripción y Datos Clave |
Poder Adquisitivo |
El salario promedio del sector público, incluyendo bonificaciones,
se ubica en $115 mensuales. En el sector privado, varía entre $222 y
$1,048. Ambas cifras son dramáticamente insuficientes para cubrir el costo de
la canasta básica familiar, estimado en $539,16 en agosto de 2024. |
Crédito Bancario |
La cartera de crédito total se contrajo un 7% entre
noviembre de 2024 y febrero de 2025, limitando aún más las posibilidades de
inversión y consumo y haciendo prácticamente nula la capacidad del sistema
para financiar la actividad económica. |
Remesas |
Las remesas, un salvavidas para millones de familias,
sufrirán una reducción proyectada del 21% para 2025. Esta caída se
atribuye principalmente al impacto de las nuevas políticas migratorias
implementadas en Estados Unidos. |
Estos
indicadores no solo describen una recesión, sino el desmantelamiento del
contrato social, donde el trabajo ya no garantiza la subsistencia y las redes
de apoyo familiar se ven severamente mermadas. Este colapso económico es un
motor fundamental de la catástrofe humanitaria y de derechos humanos que
devasta al país.
4. La Catástrofe Humanitaria y de Derechos Humanos
Las crisis política, internacional y económica convergen de
manera devastadora en una catástrofe humanitaria y de derechos humanos de
proporciones alarmantes. La represión sistemática, el colapso de los servicios
básicos y la ausencia de un Estado de Derecho han creado un entorno donde la
supervivencia misma se ha convertido en un desafío diario. Esta sección
documenta la escala de estas crisis, demostrando cómo las violaciones de
derechos humanos son una consecuencia directa y deliberada de las políticas de
Estado.
4.1. El Patrón de Violaciones Graves a los Derechos
Humanos
Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de
la ONU confirman la persistencia de una maquinaria represiva diseñada para
silenciar la disidencia y mantener el control social a través del terror.
- Crímenes
de Persecución: La Misión concluye que el crimen de lesa humanidad de
persecución por motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, a
través de detenciones selectivas, la fabricación de expedientes penales y
el uso de la justicia con fines políticos como prácticas sistemáticas.
- Violencia
Sexual y Tortura: Se han documentado métodos de tortura brutales
empleados por los cuerpos de seguridad, como asfixia con bolsas
plásticas, golpizas, patadas y aplicación de descargas eléctricas en los
genitales a las víctimas, independientemente de su edad o género.
- Impunidad
Estructural: El sistema de justicia opera en total connivencia con el
poder ejecutivo. La Fiscalía no ha investigado las muertes ocurridas en
las protestas, los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias
de tortura y la Defensoría del Pueblo ha fallado en proteger a las
víctimas, consolidando un ciclo de impunidad absoluta.
4.2. La Mayor Crisis de Desplazamiento Forzado del Mundo
La combinación de factores de expulsión ha convertido a
Venezuela en la mayor crisis de desplazamiento forzado a nivel global,
superando a países en guerra declarada.
- Magnitud
y Proyecciones: Según datos del ACNUR, Venezuela ya representa la
crisis de desplazamiento más grande del mundo. Las proyecciones indican
que para finales de 2025, casi un millón de personas adicionales se
verán forzadas a emigrar, huyendo de condiciones insostenibles.
- Factores
de Expulsión: La migración no es una elección, sino una cuestión de
supervivencia. Los principales impulsores son la pobreza (que afecta al
86.9% de los hogares), el deterioro del espacio cívico, las
violaciones sistemáticas de derechos humanos y la creciente presencia de
redes de crimen organizado.
- Impacto
Regional y Financiamiento: Aproximadamente el 80% de los
venezolanos desplazados permanece en países de América Latina y el Caribe,
lo que ha llevado al límite la capacidad de acogida regional. La situación
se agrava por una drástica reducción de los fondos de cooperación
internacional, que ha provocado el cierre del 60% de los programas de
ayuda gestionados por la sociedad civil.
4.3. El Asalto a la Libertad de Expresión y al Espacio
Cívico
El régimen ha consolidado un cerco informativo y ha
restringido drásticamente el espacio cívico para impedir el escrutinio público
y silenciar cualquier voz crítica.
- Criminalización
de Periodistas: Tras las elecciones, se documentó la detención de al
menos 12 periodistas, muchos de ellos acusados de
"terrorismo" e "incitación al odio". Se emitieron
órdenes de detención contra comunicadores en el exilio, en un claro
intento de intimidar y castigar la labor informativa.
- Censura
y Cierre de Medios: La política de silenciamiento se ha traducido en
el cierre de más de 400 medios de comunicación en las últimas dos
décadas. En 2024, este patrón continuó con el cierre de numerosas
emisoras de radio, creando "desiertos informativos" en varias
regiones del país.
- Bloqueos
Digitales: El Estado ha implementado un bloqueo sistemático de sitios
web de noticias, plataformas de la sociedad civil y redes sociales como X.
Adicionalmente, se ha promovido el uso de la aplicación VenApp para
la delación ciudadana, incentivando la denuncia de actividades
"sospechosas" o "fascistas".
- Iniciativas
Legislativas Restrictivas: Se ha avanzado en la propuesta "Ley
contra el Fascismo", cuya redacción ambigua busca restringir aún más
el espacio cívico, criminalizar la disidencia y disolver organizaciones
que sean consideradas contrarias al régimen.
Conclusión: La crisis venezolana es una emergencia
multidimensional y sistémica. La subversión del orden democrático, el colapso
económico y la escalada de tensiones internacionales no son fenómenos aislados,
sino componentes interconectados de una estrategia de Estado cuyo resultado es
la violación masiva y deliberada de los derechos humanos de la población.
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