I. Estrategias de Persecución Política y Judicial
El Estado utiliza los poderes judiciales y administrativos
para inhabilitar, detener y criminalizar a las voces críticas:
1. Inhabilitaciones administrativas y políticas Se
restringen los derechos políticos a elegir y ser elegido mediante sanciones
administrativas impuestas por órganos como la Contraloría General de la
República o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estas sanciones, que el
derecho interamericano solo permite imponer mediante condena por juez
competente en un proceso penal, han afectado a líderes de la oposición.
2. Obstaculización de candidaturas Se emplea el poder electoral para impedir la participación política de
la oposición, como el uso de supuestos "problemas técnicos" en el sistema automatizado de postulaciones para bloquear a aspirantes opositores, mientras que los candidatos oficialistas no encuentran obstáculos.3. Uso arbitrario del derecho penal (Criminalización) Se
activan procesos judiciales contra periodistas, opositores y activistas bajo
acusaciones penales vagas y amplias, con el fin de generar un efecto
paralizador por temor a la persecución. Los cargos imputados comúnmente
incluyen:
◦ Terrorismo.
◦ Conspiración.
◦ Traición a la patria.
◦ Incitación al
odio.
◦ Asociación para
delinquir.
4. Violación de garantías judiciales Las personas detenidas
son sometidas a procesos penales con numerosas violaciones a las garantías
judiciales, como la imposición de defensores públicos de oficio, negando el
acceso a una defensa técnica de confianza. También se ignora la necesidad de
ajustes razonables para personas con discapacidad o interpretación para
personas indígenas en los procesos.
5. Clausura de negocios y hostigamiento económico Se ha
documentado el cierre de locales comerciales (como restaurantes) que fueron
utilizados para reuniones de campañas opositoras o que recibieron visitas de
líderes opositores, como una forma de amedrentamiento.
6. Restricciones a defensores de derechos humanos y ONG Se
utiliza el marco jurídico, como la Ley de “financiación de las ONG” y la Ley
“Simón Bolívar”, con medidas y sanciones desproporcionadas y poder discrecional
para forzar a las organizaciones de la sociedad civil a limitar o cerrar sus
programas, asfixiando su actividad.
II. Tácticas de Terrorismo de Estado y Represión Física
Tras las denuncias de fraude electoral, el régimen
implementó una tercera etapa de represión sistemática que incluye prácticas de
terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la población:
1. Detenciones arbitrarias masivas y selectivas Se realizan
redadas barriales para detener personas de manera masiva e indiscriminada,
incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como periodistas y trabajadores de
la prensa. Estas detenciones suelen ocurrir sin órdenes judiciales de captura y
sin informar a los familiares del lugar de reclusión.
2. Uso de la "Operación Tun Tun" Un operativo
represivo, cuyo nombre alude a los golpes en las puertas de las residencias,
que busca ubicar y detener a personas sospechosas de participar en protestas.
3. Uso excesivo y letal de la fuerza Se emplea la fuerza de
manera desproporcionada contra manifestantes, resultando en pérdidas de vidas
humanas (al menos 25 muertes registradas entre el 28 y 30 de julio de 2024),
con disparos con intencionalidad letal (siete en el cuello, cinco en el tórax,
cuatro en la cabeza, etc.).
4. Participación de grupos armados no estatales Se utiliza a
los “colectivos” (grupos de civiles de choque afines al oficialismo e
incorporados legalmente en el "Sistema Popular de Protección para la
Paz") para reprimir manifestaciones y cometer muertes, actuando con el
consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado.
5. Torturas y tratos crueles Las personas detenidas son
sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto incluye
tortura sexual (amenazas de violación y aplicación de electricidad en los
genitales), palizas para forzar confesiones, y el uso de bolsas plásticas para
asfixiar.
6. Desapariciones forzadas Se registran desapariciones
forzadas de corta duración (mantener el paradero desconocido por horas o días,
como Rocío San Miguel y Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez) y desapariciones
prolongadas, incluso por más de seis meses en el caso de extranjeros detenidos.
7. Hostigamiento y marcación de viviendas Se utilizan viejas
prácticas intimidatorias como allanamientos sin orden judicial y la marcación
de casas de opositores con una “X” o la leyenda “furia bolivariana”.
III. Restricciones a la Libertad de Expresión y Censura
Las restricciones buscan silenciar voces disidentes y
críticas, afectando especialmente a periodistas y medios:
1. Cierre de medios de comunicación y confiscación de
equipos Se documenta el cierre de, al menos, 408 medios en 20 años, siendo las
emisoras de radio las más afectadas (285 cerradas). La Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) ordena cierres y funcionarios militares y
policiales incautan equipos electrónicos.
2. Hostigamiento y agresiones a la prensa Incluyen
agresiones físicas, amenazas, prohibiciones de acceso a centros de votación y
la circulación de listas con información personal de periodistas y miembros de
mesas electorales para facilitar su detención.
3. Deportación y negación de entrada a periodistas
internacionales Se detiene, interroga y expulsa a corresponsales extranjeros
(como chilenos, colombianos, españoles, ecuatorianos y argentinos).
4. Anulación arbitraria de pasaportes Se cancelan pasaportes
de defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y sus
familiares, como una medida de represalia y para limitar la libre circulación.
5. Bloqueo y restricción del acceso a Internet Se bloquean
sitios web de medios independientes y organizaciones civiles (incluyendo
plataformas de verificación de noticias) y se restringe el acceso a redes
sociales (como X y Signal) y aplicaciones (como WhatsApp, Binance, Reddit).
6. Vigilancia y delación digital El Estado monitorea
activamente las redes sociales y utiliza aplicaciones como VenApp
(originalmente para servicios públicos) para que los ciudadanos denuncien a
personas sospechosas o disidentes bajo etiquetas como “guarimba fascista” o
“desorden público”. También se detiene a personas en la calle para inspeccionar
los contenidos de sus dispositivos móviles.
7. Declaraciones estigmatizantes Funcionarios públicos de
alto nivel, incluyendo al Presidente, descalifican y estigmatizan a periodistas
y medios independientes, calificándolos de “golpistas”, “terroristas financiados”
o “medios nazis”, lo cual incrementa el riesgo de ataques contra ellos.
FUENTE: >>Camila Selgado
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