Las críticas a la militarización durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se centran en la politización de las Fuerzas Armadas, su expansión a roles civiles y la erosión de la separación entre lo militar y lo civil.
Politización de las Fuerzas Armadas
Chávez adoctrinó ideológicamente a los militares, rompiendo su neutralidad tradicional (apolíticos, obedientes, no deliberantes), y los alineó con su proyecto bolivariano, lo que generó divisiones internas y riesgos de golpes, como el de 2002. Los críticos señalan que esto facilitó el control político sobre el estamento armado, limitando su rol defensivo.
Infiltración en roles civiles
Se colocaron millas de activos militares y retirados (alrededor de 1.500 activos y 1.800 retirados estimados) en cargos públicos, empresas estatales, gobernaciones y alcaldías, subordinando autoridades civiles a comandos militares en áreas como salud, vivienda, alimentos (MERCAL) y elecciones. Esto se vio como una invasión a funciones democráticas civiles.
Creación de estructuras paralelas
Se impulsaron "unidades cívico-militares" y la Milicia Bolivariana ("pueblo en armas") para cuadrar a civiles bajo disciplina militar, promoviendo autoritarismo, obediencia debida y control social, con riesgos de abusos de poder y violaciones a derechos humanos. Los críticos lo comparan con modelos militaristas como el de Noriega o Velasco Alvarado.
Impacto en democracia y sociedad
La militarización se critica por deteriorar la democracia al priorizar la fuerza sobre instituciones civiles, generar turbas armadas contra opositores y priorizar agendas políticas sobre amenazas externas, con consecuencias en gobernabilidad y derechos civiles.
Casos documentados de violaciones por fuerzas armadas
Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se documentaron casos de violaciones a derechos humanos por fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, principalmente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y uso excesivo de fuerza en protestas y operaciones de seguridad ciudadana. Estos incidentes fueron reportados por ONG como Human Rights Watch (HRW), Provea y Amnistía Internacional, aunque muchos se intensificaron en años posteriores.
Ejecuciones extrajudiciales y muertes por fuerza letal
Provea documentó ejecuciones extrajudiciales por agentes policiales-militares desde 1995, con un aumento durante el chavismo: entre 2000-2009, el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara registró casos con tortura, "ruleteo" (desangramiento), ejecuciones in situ y uso indiscriminado de fuerza, a menudo con impunidad. HRW en 2012 destacó a los patrones en "operativos de seguridad" donde militares y Guardia Nacional Bolivariana (GNB, creada en 2002) causaron muertes por disparos, atribuidas a falta de rendición de cuentas.
Detenciones arbitrarias y torturas
HRW informó detenciones arbitrarias de opositores, con torturas, golpizas y tratos crueles por servicios de inteligencia militar (DGCIM) y GNB, especialmente en contextos post-electorales y protestas. Amnistía Internacional y BBC documentaron testimonios de 2017 (aunque post-Chávez, con raíces en estructuras chavistas) de torturas como golpizas, violencia sexual y miedo extremo en detenciones por FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, dependientes de policía pero con mando militarizado). Los casos incluyen menores y mujeres.
Represión en protestas y contextos específicos
En protestas como las de 2002 (golpe de Estado) y posteriores, se registraron privaciones de vida, detenciones masivas y malos tratos por parte de la GNB y la FANB. ACNUDH (2025) y WOLA señalan patrones en represión de manifestaciones, con uso desproporcionado de fuerza y torturas por parte de la GNB en estados como Bolívar. Provea y COFAVIC reportaron 80 casos entre 2000-2009 con amenazas, hostigamiento y desapariciones forzadas.
Impunidad y contexto estructural
La mayoría de los casos quedaron en impunidad debido a un control judicial y militar sobre investigaciones, según HRW y Provea, con estructuras como FAES y DGCIM implicadas en crímenes sistemáticos. Estos abusos se vinculan a la militarización civil, exacerbando violaciones en minería ilegal (Arco Minero) y control social.
Efectos de la militarización en derechos civiles
La militarización durante el gobierno de Hugo Chávez erosionó los derechos civiles al expandir el papel de las Fuerzas Armadas en funciones civiles, fomentando abusos de poder y reduciendo los contrapesos democráticos.
Aumento de violaciones sistemáticas
La colocación de militares en cargos civiles (gobernaciones, empresas estatales, distribución de alimentos) generó detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales sin rendición de cuentas, como documentado por HRW y Provea en operativos de seguridad donde la GNB y FANB usaron fuerza letal desproporcionada.
Represión de libertades de expresión y protesta
Estructuras como la Milicia Bolivariana y unidades cívico-militares reprimieron manifestaciones con violencia, limitando el derecho a la protesta y la libertad de expresión mediante hostigamiento y control social, exacerbando el miedo civil.
Impunidad y debilitamiento institucional
La subordinación de autoridades civiles a mandos militares creó un sistema de impunidad judicial, donde investigaciones de abusos quedaban bajo control castrense, afectando derechos a la justicia y debido proceso.
FUENTE: >>Diego de la Vega
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