Al definir una estrategia política como criminal, es obligante señalar los hechos que la caracterizan. Un presidente de la Republica que prefiere destruir al país y sacrificar a su pueblo, sometiéndolo a todo tipo de penurias, con el fin de preservar el poder, sosteniendo que lo hace para defender una supuesta revolución que ha sido la causante de esta tragedia nacional, merece el más contundente rechazo de la sociedad, la exigencia perentoria de la cesación de su mandato y un severo juicio de la historia. El mantenerse en la presidencia con una nefasta política económica, que ha reducido hasta niveles inaceptables la posibilidad de supervivencia de los venezolanos justificándola con una mentira como la “guerra económica; impedir la posibilidad de que sea abierto un canal humanitario que contribuya a paliar las ingentes necesidades de los ciudadanos, como la reciente oferta de la Iglesia Católica a través de “Caritas”; el sometimiento de sus adversarios políticos al encarcelamiento, el vejamen y la tortura; el haber provocado la partida de tantos connacionales a través del exilio político y de la necesidad de lograr mejores condiciones de vida y la terrible cifra de muertes ocasionadas tanto por la delincuencia, como por instituciones de seguridad del Estado, sin que se tome ninguna medida para evitarlo y contrariamente se incremente cada día y otras razones que no menciono por razones de espacio, no se pueden calificar sino de actitudes definitivamente criminales.
Es obvio que el objetivo fundamental de esa criminal estrategia de Maduro tiene por objeto evitar, a toda costa, cualquier consulta electora durante losl próximos meses. Conoce de antemano, que la perdería de manera aplastante y ello lo obligaría a entregar el poder. Ese temor fue lo que lo obligó a tomar el atajo inconstitucional de utilizar unos tribunales penales para evitar la recolección del 20 % de las firmas para convocar el referendo Revocatorio, ya que de haberlo realizado, el resultado hubiese sido tan abrumadoramente negativo que en la práctica hubiese constituido el mismo Referendo Revocatorio. Por ello también suspendió arbitraria e inconstitucionalmente la elección de alcaldes y gobernadores, posponiéndola para el mes de julio de 2017. Al darse cuenta del impacto que habían tenido dichas medidas en la opinión pública y la decisión tomada por la MUD de organizar acciones de protesta que, sin lugar a dudas, podían comprometer la estabilidad del régimen, decidió viajar, casi de incognito, al Vaticano a convencer al papa Francisco de que era urgente enviar su representante a Venezuela, ya que la oposición había aceptado dialogar con el gobierno si eso ocurría.
La estrategia de Maduro estaba diseñada para mantener largas conversaciones en la Mesa de Diálogo, sin ceder en ninguno de los objetivos exigidos por la MUD: establecer un cronograma electoral para consultarle al pueblo venezolano la solución de la crisis nacional, liberar a todos los presos políticos, respetar las funciones constitucionales del la Asamblea Nacional y establecer un canal humanitario para resolver la escasez de medicinas y otros insumos médicos. Este objetivo se confirmó en una de las tantas e irresponsables declaraciones de Maduro: “los resultados posiblemente surgirán, si es que los hay, alrededor de los meses de marzo y abril”. De ser así, pensaban los asesores de Maduro, se dividiría la MUD y al mismo tiempo provocaría tal desesperanza en los venezolanos que produciría una importante abstención en las elecciones para gobernadores y alcaldes permitiendo de esta manera que el PSUV pudiera triunfar en un número relativamente importante de gobernaciones, evitando de esta manera una trágica y vergonzosa derrota al oficialismo. La primera demostración de que los hechos resultarían de una manera diferente fue la decisión de la MUD de no asistir a la reunión de la Mesa de Diálogo con el gobierno el 6 de diciembre, aceptando solamente, conversar con monseñor Claudio María Celli. De todas maneras, Nicolás Maduro consideró que la decisión de la oposición no iba a comprometer totalmente su estrategia, pero ocurrió un hecho inesperado: la contundente carta del Secretario de Estado, monseñor Pietro Parolín. Sus firmes argumentos dejaron en el aire las ilusiones continuistas de Nicolás Maduro. Veamos…
Definitivamente, la carta que dirigió monseñor Parolíin a Nicolás Maduro produjo una gran molestia en su gobierno y en los sectores más radicales del chavismo. La mejor demostración de esa realidad fueron la declaración del propio Maduro, en la cual mantuvo que “la oposición está tratando de implosionar la mesa de diálogo a través de uno de los mediadores” y la de Diosdado Cabello, que sólo buscó ofender a la Santa Sede y a los católicos venezolanos, sin ninguna razón, al afirmar que esa carta no representa la opinión del papa Francisco y dedicarse a desvalorizar el significado moral que tiene la presencia del representante del Vaticano en la mesa de diálogo, señalando problemas internos de la Iglesia Católica. La causa de la molestia está a la vista. En ella se solicita, con gran fuerza, que se cumplan los acuerdos alcanzados en la reunión del11 de noviembre y en las mesas técnicas, es decir que se establezca el cronograma electoral discutido para resolver la crisis venezolana; que se restituya a la Asamblea Nacional sus competencias constitucionales; que se libere a todos los presos políticos; y que se establezca de manera inmediata y permanente el canal humanitario para enfrentar la crisis de alimentos y de medicinas. Si estos firmes planteamientos no se realizan a la brevedad, la MUD podrá, como ya lo ha hecho, retirarse de la mesa de diálogo conservando una gran autoridad moral. El inmenso costo político lo pagará exclusivamente Nicolás Maduro. En definitiva, la criminal estrategia del régimen fue derrotada, sin mayor esfuerzo, por la hábil diplomacia vaticana y por la constancia y seriedad de la oposición venezolana.
Caracas, 11 de diciembre de 2016.
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