POR: EMILI J, BLASCO
El exmagistrado se entrevistó con el exgeneral Hugo Carvajal para cuestionar las investigaciones de Estados Unidos sobre el narco
La alarma en el Gobierno de Nicolás Maduro por el creciente número de investigaciones abiertas en EE.UU. contra destacados elementos del chavismo, sobre todo por su implicación en el narcotráfico internacional, ha llevado al chavismo a reclamar la asistencia de Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional española.
Garzón trabaja en un informe para cuestionar la validez de los procedimientos utilizados por EE.UU. y que puede ser usado en la defensa de varios imputados, como los sobrinos de Maduro que se
encuentran presos en Nueva York. Esta misma semana, las autoridades estadounidenses anunciaron la imputación de otros dos altos funcionarios venezolanos, el general Néstor Reverol, que hasta julio era el jefe de la Guardia Nacional, y de Edylberto Molina, agregado militar en la Embajada de Venezuela en Alemania. Son acusados de ayudar al narcotráfico cuando eran director y subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas.
Para preparar su informe, Garzón se reunió a final de julio en la isla venezolana de Margarita con el general retirado Hugo Carvajal, cuya detención es también reclamada por EE.UU. Carvajal pasa por ser uno de los capos del llamado Cartel de los Soles, la estructura que ha venido operando en Venezuela lo que numerosos testimonios apuntan como narcoestado. Durante muchos años jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Carvajal fue detenido en julio de 2014 en la isla caribeña de Aruba, de soberanía holandesa, a petición de EE.UU., que reclamó su extradición. Esta no se produjo debido a las presiones de Caracas, de modo que Carvajal pudo regresar a Venezuela, donde fue recibido con especiales honores por Maduro.
Garzón, quien en 2012 fue expulsado de la carrera judicial española por prevaricación, llegó el jueves 28 de julio a Porlamar, principal ciudad de Margarita y capital del estado de Nueva Esparta. Aterrizó allí en una avioneta procedente de la República Dominicana, en la que viajó en compañía del también español Abel Torres Serrano y del empresario venezolano Carlos Eduardo Urbano, dueño de la aeronave.
Fuentes de inteligencia que alertaron de la presencia de Garzón en Margarita desconocen qué función desempeñaba Torres en ese viaje. En cualquier caso, aseguran que Urbano cuenta con un «amplio dossier de corrupción», vinculado sobre todo a operaciones con la petrolera estatal PDVSA, y tiene estrecha relación con Hugo Carvajal, por lo que él debió de haber mediado para el encuentro.
Carvajal acudió a recibirles y luego marcharon todos, en un automóvil de la Gobernación de Nueva Esparta y con escoltas oficiales, a unos apartamentos de lujo puestos a disposición por el gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, alguien a quien algunos testigos también vinculan con el Cartel de los Soles. Dos días después, el 30 de julio, los visitantes volvieron a tomar el avión privado y marcharon de Margarita.
El exmagistrado lo confirma
Garzón ha confirmado el encuentro con Carvajal. De acuerdo con la respuesta dada desde el despacho de abogados Ilocad, que dirige Garzón, este está coordinando un equipo multidisciplinar internacional para la elaboración de un informe «sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso en las investigaciones abiertas en Estados Unidos». Para ello, según el despacho de Garzón, «se han mantenido y se mantendrán las reuniones que sean necesarias y precisas con todas las personas (...) que deseen colaborar».
El comunicado afirma también que Garzón no actúa como abogado de Carvajal y que su trabajo, que abarca diversos países y se realiza «con absoluta autonomía, objetividad, imparcialidad y sin injerencias», concluirá con la presentación del informe y sus recomendaciones a los organismos nacionales e internacionales.
Precisamente el argumento de que EE.UU. no respetó las normas de debido proceso ha sido alegado por la defensa de los dos sobrinos de Maduro presos en Nueva York, Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas, quienes, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, estaban operando el envío de unos 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Los abogados de los dos Flores reclaman al juez la supresión de evidencias alegando que se violaron sus derechos constitucionales. La Fiscalía replicó hace diez días publicando pruebas que indican que fueron detenidos en Haití en noviembre del año pasado por policías locales y agente de la DEA convenientemente identificados y que hicieron sus primeras declaraciones autoinculpatorias tras ser advertidos de su derecho al silencio.
Banca privada de Andorra
No es la primera vez que el antiguo «juez estrella» español, quien en 1993 y 1994 estuvo en el Gobierno de Felipe González como responsable del Plan Nacional sobre Drogas, aparece relacionado con la crónica negra del chavismo. A raíz del escándalo de 2015 sobre cuentas con posible origen ilícito en Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española Banco de Madrid, varias de ellas pertenecientes a venezolanos que se habían enriquecido durante el chavismo, se supo que el despacho de Garzón asesoró a BPA para levantar anteriormente el bloqueo a la cuenta de Diego Salazar, testaferro del presidente de la petrolera PDVSA y cuyos movimientos llevaron a destapar el caso. Garzón alegó entonces que su relación había sido directamente con el banco, no con Salazar. Adujo que su despacho de abogados se había limitado a elaborar un informe para el gabinete jurídico de BPA.
Por otra parte, el general Carvajal, con el que se entrevistó Garzón a finales de julio, ha sido desde hace tiempo objeto de investigación en Estados Unidos. Además de la imputación anunciada en 2014 por un envío de 5,6 toneladas de cocaína, ya en 2008 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actuó contra él por «asistir materialmente las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)».
Según la OFAC, la labor de Carvajal, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, incluía «evitar que los cargamentos de droga fueron tomados por las autoridades antinarcóticos venezolanas y proveer armas a las FARC, permitiéndoles mantener su feudo en el codiciado departamento de Arauca. De acuerdo con esa investigación, Carvajal también apoyó a las FARC con documentos de identificación del Gobierno de Venezuela para que los guerrilleros de las FARC pudieran viajar a o desde Venezuela con facilidad.