El éxodo es un negocio para las redes de funcionarios que comercian con los pasaportes por miles de dólares, publica El País.Julián Quiara parece ir en serio cuando durante un paseo entre el bullicio de turistas alemanes y comerciantes callejeros senegaleses junto al acantilado de Puerto de la Cruz, Tenerife, hace un comentario escalofriante.
“Antes de que me deporten a Venezuela me tiraré al mar con una piedra atada a los pies”.
Quiara, de 42 años, tiene motivos para temer. Hasta hace nueve meses, trabajaba para el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) en la Torre Aco, el edificio al este de Caracas donde opera una mafia de funcionarios corruptos que cobran miles de dólares a
cambio de un pasaporte, uno de los negocios más prósperos en un país arruinado.
En abril, Quiara se montó en un avión para huir a España, donde tiene familia. Ha pedido asilo. Asegura que había sido amenazado por sus superiores por no querer colaborar en la venta ilícita de los documentos de identidad.
En medio de un éxodo sin precedentes, muchos venezolanos que desean huir de la hambruna, la delincuencia y el caos en que ha degenerado el régimen de Nicolás Maduro llevan más de un año esperando un pasaporte por la vía oficial, pero quienes pueden y quieren pagar miles de dólares a los funcionarios corruptos del Saime se hacen rápidamente con los documentos, según víctimas, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano e intermediarios de este tráfico ilegal.
Al frenar la emisión de pasaportes, la oposición sospecha que Maduro busca negar el derecho al voto a los más de dos millones de venezolanos que se estima componen la diáspora.
Esa teoría se apoya en el hecho de que Caracas usa los pasaportes para castigar a la población crítica. Las autoridades les han retirado el documento a diputados, artistas y periodistas.
“No es casualidad que esto pase antes de las elecciones presidenciales”, argumenta Lester Toledo, un líder opositor del partido Voluntad Popular, que ahora reside en Madrid. Maduro buscará la reelección en unos comicios el 30 de abril.
Con respecto a quienes siguen en Venezuela esperando su documento de viaje para emigrar, algunos creen que Caracas pretende contener su salida. Pese a ello, miles de venezolanos huyen a pie cruzando a Cúcuta, Colombia, por el puente Simón Bolívar, donde muchos usan una tarjeta de movilidad fronteriza.
“Aquí no se habla mal de Chávez”
En Europa, EE UU y Latinoamérica muchos venezolanos han quedado indocumentados a la espera de sus pasaportes, lo que les ha supuesto pérdidas de empleo, separaciones familiares y miedo a la deportación.
Raiza Ramos, que lleva un año esperando en Tenerife la renovación de su pasaporte caducado, afirma que por esta causa no pudo viajar a Venezuela para ver a su madre antes de morir. “Me siento presa”, se lamenta.
“La crisis de Venezuela te afecta aunque estés a 8.000 kilómetros de distancia”, dice Viviana Huerta, de 29 años, que perdió su empleo como publicista en Bilbao por culpa de su falta de documentación.
No tener pasaportes les dificulta todo tipo de trámites, desde renovar su tarjeta de residencia hasta abrir una cuenta de banco o comprar una línea de móvil.
“Me siento completamente desamparada”, se queja Huerta.
La reciente expulsión del embajador venezolano en España como represalia por una medida similar de Caracas, no afecta al personal consular, que sigue en territorio nacional con la misión de asistir a sus compatriotas, aunque estos creen que no defienden sus intereses, sino los del régimen. En el Consulado General de Venezuela en las Islas Canarias los visitantes son recibidos por un cartel con una prohibición: “Aquí no se habla mal de Chávez”.
Venezuela no da cifras de emigrantes por lo que es complicado estimar cuántos de sus más de 30 millones de habitantes se han ido, pero cifras oficiales de diversos países muestran que cientos de miles lo han hecho desde 2015. Ya sea por ineficiencia, fines políticos o por el incentivo de la corrupción, el Saime no ha respondido a la avalancha de solicitudes.
El director de este departamento, Juan Carlos Dugarte, no atendió los repetidos intentos de comunicación por parte de este diario. En intervenciones recientes ha culpado a los venezolanos porque muchos —un 90%, según él— se sacan el pasaporte y no viajan.
Dugarte ha desmentido informes que atribuyen la crisis de los pasaportes a la falta del papel moneda y lámina de policarbonato requeridos para la elaboración de pasaportes por la normativa internacional y suministrados por la empresa alemana Veridos, filial de la compañía pública Bundesdruckerei. Una portavoz de la empresa Veridos, Mareike Ahrens, aseguró que no podía hacer comentarios debido a un acuerdo de confidencialidad con el Banco Central de Venezuela.
Como medida de emergencia, el Saime estampa desde noviembre unos adhesivos prorrogando por dos años la validez de los pasaportes caducados. Pero aunque muchos están recibiendo prórrogas, su emisión sigue siendo muy lenta por lo que muchos creen que el remedio es en realidad una cortina de humo. Tampoco supone ningún alivio para los venezolanos que han perdido su pasaporte o lo solicitan por primera vez.
En el Saime los corruptos apenas hacen esfuerzos por ocultar sus manejos, según Quiara, el extrabajador del Saime. La Torre Aco es un edificio apartado que alberga las máquinas de impresión. Allí no se atiende al público, que hace largas colas en otras dependencias, pero sí se decide quién tendrá un pasaporte y quién no.
Un día vio a un intermediario entrar con bolsas negras llenas de dinero en el despacho del máximo cargo en la Torre Aco, Sheffield Mexicano, titular de la Dirección de Impresión, Personalización y Distribución de Documentos del Saime. Los intermediarios, conocidos popularmente como gestores o facilitadores, trabajan asociados a los funcionarios corruptos, dedicados a captar ciudadanos dispuestos a pagar por los documentos de identidad.
Los funcionarios corruptos venden los pasaportes al mejor postor. “Algunos llegan a pagar 6.000 dólares (4.800 euros), 10.000 dólares (8.100 euros)… Cuanto más necesidad, más te piden”, dice Quiara.
Un funcionario que trabaja actualmente en el Saime confirma que la corrupción está extendida en ese departamento. Agrega que la torre ACO “es el ojo del huracán”, porque las redes de funcionarios corruptos necesitan al menos a un compinche cerca de las máquinas de impresión.
“Son innumerables los grupos involucrados, porque es un negocio muy rentable”, explica esta fuente, que habla anónimamente por el riesgo a represalias.
Pasaporte Express
@YaExprees
No esperes mas para realizar tu pago del #pasaporteexpress contactanos y sera un hecho.
Una gestora, que pide anonimato, dice que los funcionarios del Saime se alían con empresarios o personas con muchos contactos para detectar a potenciales clientes. “Yo hago esto porque quiero ayudar”, asegura. “Hay gente pasándolo muy mal”.
Clientes en Oriente Próximo
Mientras el Saime castiga a los venezolanos privándoles de la documentación, sus funcionarios corruptos venden pasaportes a ciudadanos extranjeros sin derecho a él pero con miles de dólares en el bolsillo. La demanda del documento venezolano se explica porque permite entrar sin visado en más de 130 países, entre ellos los 26 países del área Schengen de la Unión Europea.
Quiara asegura que supo de redes de funcionarios que venden pasaportes a extranjeros de origen sirio, iraquí o afgano. Cuando trabajaba en el Saime estaba asignado a Misión Identidad, uno de los programas bolivarianos puestos en marcha por el fallecido líder Hugo Chávez. La Misión Identidad fue diseñada por el hoy vicepresidente Tareck El Aissami, de origen sirio, y tiene por fin la identificación de nacionales venezolanos de bajos recursos, pero ha sido señalado como la tapadera que permite la venta irregular de documentos a extranjeros.
“Se puede robar, se pueden hacer muchas cosas, pero vender una nacionalidad creo que es lo último que debe hacer un ser humano”, afirma enojado Quiara.
La venta del pasaporte venezolano en Oriente Próximo ha sido denunciada anteriormente por Misael López, que trabajó como diplomático venezolano en Irak entre 2013 y 2015 y ha buscado asilo en España.
En un reportaje en CNN, López mostró el año pasado evidencia de que visas y pasaportes venezolanos fueron vendidos irregularmente por la embajada a ciudadanos de Oriente Próximo, algunos con antecedentes por narcotráfico y terrorismo.
“He visto a familias enteras documentadas como venezolanos sin tener ningún vínculo con Venezuela”, explica López durante una entrevista en Madrid. En una ocasión durante un viaje al Kurdistán iraquí le ofrecieron 15.000 dólares (12.100 euros) por un pasaporte, asegura.
El tráfico de pasaportes en Oriente Próximo también se explica por la existencia desde hace décadas de grandes comunidades árabes en Venezuela, y por los lazos del Gobierno de Maduro con Irán y Siria.
“Tortura blanca”
Los venezolanos indocumentados por culpa del atraso del Gobierno han pedido una solución a su gobierno -Una petición en Change.org para que Dugarte tome cartas en el asunto acumula más de 17.000 firmas- pero muchos han perdido la esperanza y piden solidaridad a las autoridades de los países en que han quedado indocumentados.
Para los venezolanos en el extranjero “es una tortura blanca”, detalla Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, que en noviembre se escapó de su prisión domiciliaria y huyó a España. “¿Cómo agarran un tren sin identificación?, ¿Cómo abren una cuenta de banco? Es tan perverso como que te golpeen con una mandurria”.
Ledezma ha pedido a autoridades y políticos españoles una solución de emergencia para los indocumentados venezolanos con pasaportes caducados en España, donde según el Instituto Nacional de Estadística residen más de 68.000 venezolanos (la cifra no incluye a quienes tienen doble nacionalidad). El drama de los indocumentados se ha sumado al de miles de pensionistas venezolanos residentes en España que llevan dos años sin recibir su ayuda por parte de Caracas, obligatoria según un convenio de Seguridad Social entre ambos países.
Para resolver el problema de los pasaportes, Perú y Colombia han aprobado permisos temporales de permanencia que en 2017 permitieron regularizarse a miles de venezolanos.
Walter Pérez perdió su pasaporte al devolver un auto de alquiler y lleva más de un año esperando que Venezuela le emita un nuevo documento.
Walter Pérez perdió su pasaporte al devolver un auto de alquiler y lleva más de un año esperando que Venezuela le emita un nuevo documento. ÓSCAR CORRAL
Un remedio similar en España aliviaría el drama de venezolanos como Walter Pérez, quien perdió su documentación en enero de 2017 al devolver un auto de alquiler en Palma de Mallorca. “No consigo trabajo, no puedo solicitar la residencia, mi esposa sufre de una hernia y está en paro… Estoy del timbo al tambo con gente que me ayuda con trabajos de unos días”, dice desde Mellid, en Galicia.
Pérez explica que no tiene dinero para pagar a una mafia. Lo usual es que los corruptos pidan alrededor de 2.000 dólares a los venezolanos en el exterior.
El ministerio del Interior español no respondió a una consulta de este diario sobre posibles medidas de emergencia.
Líder en corrupción
Los pasaportes venezolanos han sido vendidos desde hace décadas en el mercado negro: los venezolanos podían ahorrarse un día o dos de cola y los extranjeros buscaban en ellos libertad de movimiento, pero nunca la corrupción había alcanzado la escala actual, dice la directora de Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes de Freitas. Tampoco se había explotado la desesperación de los venezolanos del modo que se hace hoy.
Los pasaportes son uno más de los bienes suministrados por el Gobierno de Venezuela que se venden de forma paralela en el mercado negro, junto con medicinas, alimentos, neumáticos y otros documentos oficiales como homologación de títulos universitarios. Los aliados de Maduro suelen dirigir la cúpula de estas redes corruptas, como ocurre con los militares que controlan el multimillonario negocio de los alimentos al tiempo que buena parte del país está al borde de la hambruna.
Venezuela es el país más corrupto de América Latina y décimo por la cola de todo el mundo, según la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
El exdiplomático López conoció desde dentro el funcionamiento de las tramas corruptas del Gobierno bolivariano durante sus 10 años de desempeño previo como policía judicial. Asegura que la corrupción suele ser dirigida por los superiores en estructuras piramidales.
Para acallar a los críticos, el Saime anuncia en ocasiones operaciones contra la corrupción que suponen arrestos casi siempre de mandos medios o funcionarios rasos, agrega López.
“Si yo te pongo como jefe de la oficina tú me tienes que traer dinero porque si no te cambio o te convierto en chivo expiatorio”, añade.
En su refugio de Tenerife, Quiara dice que el ambiente de trabajo en su oficina del Saime era insoportable por el temor a traiciones y las demandas de fidelidad al régimen. Dice que sufrió una parálisis facial y decidió marcharse. Ahora renta un apartamento en Puerto La Cruz donde vive con su hijo de dos años y su esposa.
Muestra su tarjeta roja de solicitud de asilo y confía en que dentro de unas semanas le llegue el permiso de trabajo. Si su caso no prospera y le devuelven a su país teme que lo maten o pudrirse en una cárcel por traición a la patria: “Dios no lo quiera… no es justo”.
LA DIÁSPORA EN NÚMEROS
Venezuela experimenta desde hace dos años la mayor salida de personas de su historia reciente, según los demógrafos. Durante los primeros años del chavismo emigraron venezolanos profesionales o empresarios, que tenían por destino sobre todo EE.UU., Colombia, España y otros países de Europa. Pero en los últimos dos años, como consecuencia del deterioro económico y político, ha cambiado el perfil y el destino. Decenas de miles de venezolanos pobres y de clase media están emigrando a través de las fronteras terrestres con Colombia y Brasil con destino en esos países u otros de Sudamérica: Ecuador, Perú, Chile o Argentina. Debido a que Venezuela dejó hace años de dar datos oficiales, se hace difícil calcular cuántos de los 30 millones de venezolanos viven fuera y a esa tarea se dedican expertos independientes que usan datos oficiales de otros gobiernos. Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, calcula que más de 2.5 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1.3 millones se han ido desde 2016. Solo en Colombia viven ya más de medio millón de venezolanos, según el gobierno colombiano. En España se estima que viven más de 250.000 venezolanos (cifra que incluye a los que tienen doble nacionalidad).