Renato Santos 19/12/2018 El Procurador General ha presentado recurso contra la decisión de Marco Aurelio, la Procuraduría General de la República (PGR) presentado el miércoles (19) de recursos cuenta la decisión del ministro Marco Aurélio, el Tribunal Supremo (STF), que determinó la suspensión del cumplimiento de la pena de condenados por tribunales de segunda instancia. Y la Cámara Criminal del Ministerio Público soltó una nota de repudio a la decisión de Marco Aurelio. La decisión de Marco Aurelio puede beneficiar, incluso, al ex presidente Lula.
El recurso del PGR deberá ser apreciado por el presidente del STF, ministro Dias Toffoli, responsable de decidir sobre casos durante el
receso de la Corte.
receso de la Corte.
En la pieza procesal, la Procuradora Raquel Dodge pide que Toffoli suspenda la decisión liminar de Marco Aurelio hasta que el caso pueda ser juzgado por el plenario del Supremo. Toffoli ya había marcado fecha para que el STF juzgaba las acciones sobre prisión después de la segunda instancia.
Dodge, en su solicitud, apunta 3 retrocesos que el mantenimiento de la liminar que impide la ejecución provisional puede acarrear en el futuro:
"Triple retroceso: para el sistema de precedentes incorporado al sistema jurídico patrio, que, al verse ante un juzgado vinculante revocado menos de un año después de su edición, perdería en estabilidad y tendría su seriedad puesta en jaque, para la persecución penal en el país que volvería al escenario del pasado y tendría su efectividad amenazada por procesos penales interminables, recursos protectores y penas masivamente prescritas, y para la propia credibilidad de la sociedad en la Justicia, como resultado de la restauración de la sensación de impunidad que existía en un momento anterior al juicio del imputado, son n. 964 246 / SP ", escribió
La Cámara de Diputados del Ministerio Público Federal (2CCR / MPF) divulgó en la tarde de este miércoles una nota sobre la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio, que determinó la liberación de todos los presos detenidos en razón de condenas confirmadas en segunda instancia. En el texto, los miembros del MPF afirman que la medida cautelar contribuye a la inseguridad jurídica y al aumento de la impunidad.
Los fiscales afirman estar sorprendidos e indignados con la medida. Según la nota, la decisión "contraria a lo que ya había decidido el Pleno del STF que, por mayoría, desestimó las limitaciones en las ADC 43 y 44 y entendió que el art. 283 del Código de procedimiento penal no impide el inicio de la ejecución de la pena tras la condena en segunda instancia ".
Íntegra de la nota:
NOTA - Medida Cautelar en la Acción Declaratoria de Constitucionalidad nº 54
Los miembros integrantes de la Cámara Criminal del Ministerio Público Federal, sorprendidos e indignados con la medida cautelar tomada en la Acción Declaratoria de Constitucionalidad nº 54, de relatoría del Ministro Marco Aurelio, se manifiestan en los siguientes términos.
La referida medida cautelar, pronunciada en la fecha de hoy, 19 de diciembre de 2018, "determinó la suspensión de ejecución de pena cuya decisión a cerrarla aún no haya transitado en juzgado". Esto significa que pueden ser liberados los presos que están detenidos en razón de condenas después de la segunda instancia de la Justicia.
La decisión contraria a lo que ya había decidido el Pleno del STF que, por mayoría, desestimó las limitaciones en las ADC 43 y 44 y entendió que el art. 283 del Código de Proceso Penal no impide el inicio de la ejecución de la pena tras la condena en segunda instancia, conforme prevaleció en el juicio del Habeas Corpus 126292, así como no respeta la soberanía del Jurado.
Esta decisión monocrática, por lo tanto, contribuye a la inseguridad jurídica y al aumento de la impunidad. Además, puede significar la soltura de innumerables personas con condenas por crímenes gravísimos como homicidio, latrocinio, violación, pornografía infantil, participación en milicias, organizaciones y facciones criminales, corrupción, desviación de recursos públicos y fraudes a licitación, que perjudican a la real la implementación de políticas públicas como las de salud, educación y seguridad pública.
Se espera que el Pleno del STF, consciente de la repercusión de esa medida cautelar tomada monocráticamente en disonancia del entendimiento de la mayoría de sus miembros, aprecie cuanto antes esa cuestión y garantice la efectividad del derecho penal y de los bienes jurídicos por él tutelados.
Por último, confiamos en que el recurso de la Fiscalía General de la República contra dicha decisión sea acatado por la Presidencia del Supremo Tribunal Federal.
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora General de la República
Coordinadora de la Cámara Penal
JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ
Subprocurador General de la República
Miembro de la Cámara Penal
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Subprocurador General de la República
Miembro de la Cámara Penal
MÁRCIA NOLL BARBOZA
Procuradora Regional de la República
Miembro suplente de la cámara penal
ROGÉRIO JOSÉ BENTO SOARES DEL NACIMIENTO
Procurador Regional de la República
Miembro suplente de la cámara penal
CLÁUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional de la República
Miembro suplente de la cámara penal
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