Por Maibort Petit/VADLa parte del documento de que disponemos refiere que el 17 de enero de 2009, Rafael Reiter, Gerente de Cooperativo de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), por vía telefónica notificó que se debía hacer la entrega formal de la planta de asfalto al personal de MINFRA, toda vez que hasta el día 27 de enero de 2009, Néstor Palma —director general de vialidad— había sido designado por Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para la Infraestructura, para que recibiera la citada planta.
En tal sentido, ese mismo 17 de enero se reunieron para tratar el asunto representantes de PDVSA Servicios y el Minfra en la sede del segundo. Allí, Palma dijo que el procedería a recibir la planta de asfalto para ponerla en producción para el 2 de febrero de 2009, pero advirtió que de acuerdo a la información por él manejada, PDVSA Servicios asumiría los gastos generados en la Planta, tal como se venía realizando hasta la fecha.
La respuesta de Marcos Reyes, en representación de PDVSA Servicios, fue que si el MINFRA asumía el control también debía encargarse de cubrir los gastos referidos al pago del personal, el mantenimiento de los equipos y la compra de la materia prima para producir el asfalto.
Palma dijo que tal posición debía discutirse a otro nivel, pues él no estaba facultado para aprobar dicha propuesta.
En el punto de cuenta se indicaba que el 28 de enero de 2009, Palma durante un nuevo encuentro en el que se hizo entrega del borrador del acta de entrega de la planta de asfalto, se comprometió a someter el documento a la revisión por parte de la consultoría jurídica del MINFRA.
Posteriormente, el 3 de febrero de 2009, Néstor Palma hizo saber a PDVSA Servicios que no se había concluido el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto, advirtiendo que sería Diosdado Cabello quien asumiría la firma del mismo. Jesús Figueroa refirió que a la fecha en que remitía el punto de cuenta, no había recibido el documento definitivo.
Dada esta situación, en el punto de cuenta se somete a la consideración de la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. la recomendación de la consultoría jurídica que permitiría obviar lo establecido en la cláusula quinta del comodato firmado entre PDVSA Servicios y la Corporación de Servicios y Mantenimiento del Estado Miranda, que expresaba textualmente que “…El Comodatario (PDVSA Servicios) se compromete a utilizar los bienes objeto de este contrato preferentemente para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula tercera. La cesión por parte del comodatario o cualquier filial de Petróleos de Venezuela S.A. a terceros, requerirá de la previa autorización del comodante (Gobernación de Miranda)” en manos de la oposición.
Bajo la advertencia de que violar esta norma se traduciría en la resolución del contrato, la fórmula recomendada fue negociar y suscribir un acuerdo de servicios con el MINFRA, para que este despacho operara y produjera asfalto mientras que PDVSA Servicios seguiría manteniendo el control de la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”.
PDVSA aprueba la estrategia
El 13 de febrero de 2009, Betty Guevara, quien para la fecha cumplía funciones de asistente de la presidencia de PDVSA, dirigió una comunicación al presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, siguiendo instrucciones de Rafael Ramírez, quien también ejercía como ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, para informar de la aprobación del Punto de Cuenta que trataba sobre la “Situación actual Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda”, ubicada en el estado Miranda.
La correspondencia se remitió con copia al consultor jurídico de la estatal, Armando Giraud, y al director ejecutivo de producción, José Luis Parada.
Cabe destacar que tal actuación afectó no solamente al gobierno mirandino, sino también a los trabajadores de la planta de asfalto, quienes ante el constante traspaso de la empresa a distintas entidades, veían vulnerados sus derechos laborales.
Ante este panorama los trabajadores protestaron insistentemente por los perjuicios que el cambio de patronos les ocasionaba.
Una nota del portal La Clase que replicaba una reseña de un periódico local, informaba de esta situación y en ella “José Gregorio Pérez Herrera, presidente del Sindicato Nacional Sinasoica, explicó a La Voz que esta planta ha venido cambiando de ente regidor, pues ha pasado de Pdvsa, a manos de la Gobernación y ahora al Minfra, y ello ha provocado que los trabajadores cambien de patrono y no gocen de estabilidad laboral. ‘Actualmente estos obreros dependen de la empresa Ducolsa, adscrita a Pdvsa, pero es el caso que los representantes legales de la misma quieren botar a este personal y no discutir lo que les adeuda’, señaló Pérez Herrera, añadiendo que además de pagarle salario mínimo, les deben cesta tickets y dotación de uniformes”[1].
Planta paralizada
Las acciones de despojo a la gobernación de Miranda tampoco no se tradujeron en una mejora de la producción, toda vez que en manos del oficialismo la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda” terminó paralizada, como lo refiere una nota de prensa de Primero Justicia en la que el coordinador de las Casas del Pueblo de Valles del Tuy, Roger Delgado, exigía al gobierno la reactivación de la misma
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“Le quitaron al Ejecutivo regional la planta de asfalto Francisco de Miranda ¿para qué? sino hacen nada ni dejan hacer nada. Me pregunto ¿para qué se la quitaron al Gobierno de Miranda? ¿Para tenerla de adorno?, mientras el pueblo necesita con urgencia la reparación de las vías, que deberían ser seguras para todos. Con esa planta era para que tanto Pdvsa como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las alcaldías del Tuy tuvieran la vialidad en buenas condiciones. La planta está diseñada para suministrar hasta 800 toneladas diarias de asfalto; podemos decir que produciendo esto se puede repavimentar en un mes, una pista de la Cota Mil de punta a punta que equivale a 20 kilómetros”, advertía Delgado[2].
Desmantelada
Además de la violación a las leyes, la inestabilidad laboral y la paralización de planta, se sumó, supuestamente, el desmantelamiento de la planta, hecho este que fue denunciado en 2012 por el entonces candidato a diputado al Consejo Regional Legislativo de Miranda, Carlos Mejías, quien “recordó que estas instalaciones fueron adquiridas con recursos de la gobernación del estado Miranda en la ‘nefasta gestión de Diosdado Cabello y luego fue tomada a la fuerza por el exalcalde Elio Serrano cuando ganó Henrique Capriles, impidiendo que éste resolviera el grave problema de vialidad que tenemos en la región’”.
Mijares pidió que los administradores de la planta explicarán a la opinión pública dónde estaban los camiones y maquinarias pesadas que se encontraban “operativos al inicio de la producción” y agregó que “No se justifica que esta planta del Estado, el gobierno la tenga inoperativa por incapacidad o simplemente por burocracia, lo que perjudica a los conductores del transporte público y particulares (…) Dijo además que en el patio central de la planta de asfalto están aparcados varios vehículos pesados ‘parcialmente desvalijados’”[3].
[1] La Clase. “Trabajadores protestan a las puertas de planta de asfalto en estado Miranda”. 5 de agosto de 2009. https://laclase.info/content/trabajadores-protestan-las-puertas-de-planta-de-asfalto-en-estado-miranda/
[2] Primero Justicia. “Solicitan a ejecutivo nacional que reactive planta de asfalto de Santa Lucía”. 28 de junio de 2011. http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=4642:solicitan-a-ejecutivo-nacional-que-reactive-planta-de-asfalto-de-santa-lucia&Itemid=468
[3] La Voz. “Denuncian desmantelamiento de la planta de asfalto de Paz Castillo”. 28 de octubre de 2012. https://diariolavoz.net/2012/10/28/denuncian-desmantelamiento-de-la-planta-de-asfalto-de-paz-castillo/
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