Cada día que pasa, se debilitan las fuerzas de las protestas de la oposición, surgen sanciones que asfixian los ingresos del Gobierno, y aumenta el sufrimiento de los venezolanos. El único que se beneficia con todo esto es el crimen organizado.El movimiento de protesta de Juan Guaidó ha perdido impulso, y cada día que pasa su capacidad de negociación se debilita, a pesar de que sus representantes hablen con los enviados del Gobierno en Oslo, Noruega. Parece claro que el régimen de Nicolás Maduro no será derrocado por las protestas solamente, y la fe que tenían los venezolanos en la posibilidad de que la oposición lograra un cambio se desvanece rápidamente. Es
claro que el tiempo no está a favor de Guaidó.
Sin embargo, Maduro también está sintiendo la presión del tiempo, dado que las sanciones de Estados Unidos afectan los ingresos que Venezuela puede percibir del petróleo, el oro y el apoyo que recibe del extranjero. Maduro necesita los recursos para comprar la lealtad de quienes lo mantienen en el poder: el ejército, la “boligarquía”, los colectivos y quienes le siguen siendo leales en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Y la cantidad de dinero que debe repartir cada mes se reduce día tras día. En el ejército ya se están empezando a sentir las disconformidades, aunque los servicios de inteligencia cubana, en conjunto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la unidad represiva de la policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), mantienen a raya a los potenciales disidentes. El tiempo tampoco está de lado de Maduro, y dudo que él logre conciliar el sueño.
El tiempo está contra el pueblo venezolano, cuyos sufrimientos aumentan cada día. Fuera de que los sistemas de salud y educación colapsaron hace tiempo y la inflación llega ya a niveles de millones por ciento, los venezolanos tienen que preocuparse ahora por la electricidad, los alimentos y hasta por el agua potable. El éxodo parece acelerarse en lugar de disminuir. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) indica que el número de venezolanos que han huido de su país llega a 3,7 millones, y se teme que este número supere los 5 millones a finales de año. Para algunos economistas, el colapso en Venezuela es peor que el de cualquier otro país, aparte de los que se encuentran en guerra civil.
Sin embargo, hay un elemento para el cual la actual situación representa una tormenta perfecta, pues se nutre del caos y la incertidumbre: el crimen organizado.
En los últimos meses, la violencia ha aumentado debido a que las estructuras criminales venezolanas se enfrentan por el control de las economías ilegales y de bienes raíces estratégicos.
En Táchira ha habido tiroteos y asesinatos selectivos, pues las pandillas luchan por el control de las rutas ilegales o "trochas", que se han convertido en autopistas para los inmigrantes ilegales que cruzan hacia Colombia.
Los asesinatos de un general de la fuerza aérea y de otros cinco funcionarios de las fuerzas de seguridad en Aragua fueron, al parecer, perpetrados por la megabanda conocida como Tren de Aragua. Dicha acción fue un desafío directo a la tambaleante situación de ley y orden en este céntrico estado, donde los grupos criminales buscan ejercer un mayor control.
El crimen transnacional organizado también ha experimentado un auge en sus negocios. El tráfico de cocaína a través de Venezuela está aumentando. El presidente Iván Duque aún no logra controlar la producción de cocaína, y sus esfuerzos se han concentrado en el otro extremo del país, en el departamento de Nariño, mientras que en el Catatumbo y en los Llanos Orientales, bajo el control del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Mafia ex-FARC, aumentan los cultivos de coca, favoreciendo el flujo de drogas hacia Venezuela.
A raíz del éxodo venezolano ha surgido un nuevo y cada vez más lucrativo negocio de tráfico de seres humanos y trata de personas. Quienes están abandonando el país carecen de dinero y formación académica, y tienen muchas menos oportunidades que quienes salieron antes que ellos, lo que los hace aún más vulnerables a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado. La mayor parte de ellos viajan sin documentos, dado que un pasaporte nuevo en Venezuela puede costar 5.000 dólares, que se deben pagar como sobornos a funcionarios corruptos. Hay mujeres venezolanas en burdeles de toda Latinoamérica; la investigación de campo de InSight Crime en Cúcuta, el principal punto de entrada a Colombia de los venezolanos que huyen de su país, descubrió que allí existen 2.000 trabajadoras sexuales, en una zona de menos de 400.000 habitantes, las cuales cobran sus servicios por solo 5 dólares. Venezuela está además exportando crimen organizado. Las bandas delincuenciales venezolanas, conocidas como "megabandas", han comenzado a establecer sedes en otros países. El primer caso se registró en Lima, Perú, en agosto de 2018, y el más reciente en Trinidad y Tobago, en mayo de este año.
En Venezuela, el tiempo está a favor del crimen organizado. Cada día que pasa, entre mayor es el caos, las raíces del crimen organizado penetran más fuerte y profundamente en el Gobierno, en la sociedad y en la misma cultura del país.
Jeremy McDermott es el cofundador y codirector de InSight Crime y el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado. Twitter: @jerrymcdermott
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