El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales y su partido tiene mayoría legislativa. (Fernando Llano)By Arturo Rodríguez García
Feb. 5, 2020
Arturo Rodríguez García es periodista.
Hay dos condiciones que decidirán el futuro de la democracia en México este año y ambas se relacionan con la intención de reducir la oposición al gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La primera tiene que ver con la posibilidad de que el presidente tome el control del árbitro electoral, y la segunda con la autorización de registro a nuevos partidos políticos.
En el primer caso, se trata de la renovación en abril de cuatro lugares al consejo general del Instituto
Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo creado hace 30 años con un perfil pretendidamente ciudadano, para superar la simulación que significaba que el poder Ejecutivo estuviera a cargo de la organización, los resultados y la calificación de las elecciones.
AMLO ha desdeñado históricamente a los organismos autónomos y los procesos para elegir a sus integrantes. En el caso del INE cuestiona, entre otras cosas, que los asientos en el Consejo General, destinados para ciudadanos, fueran negociados por los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Señala que ese consenso ha comprometido las lealtades de los consejeros, cuya función ha sido voltear hacia otro lado mientras se consuman fraudes electorales como los que denunció en 2006 y 2012, en sus primeros dos intentos de alcanzar la presidencia. Ahora que está en el poder, su discurso no ha cambiado.
Morena, el partido fundado por López Obrador, tiene ya un consejero afín en Roberto Ruiz Saldaña. Si logra colocar a los cuatro que se renovarán, sumaría cinco de los 11 asientos. Esta intervención no es descabellada, dados los precedentes en procesos similares.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AMLO consiguió convertir en ministros a sus incondicionales Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat; y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de forma muy desaseada, a Rosario Piedra Ibarra, quien hasta semanas antes era militante morenista.
Lo ha logrado porque Morena tiene la mayoría en las cámaras legislativas y, en el caso de la renovación de consejeros en el INE, contaría con 335 de los 334 votos que se necesitan si se suman sus aliados: 258 diputados de Morena, 29 del cristiano-protestante Partido Encuentro Social, 28 del maoísta Partido del Trabajo, 11 del Verde Ecologista y nueve independientes que votan en ese bloque.
Morena y sus aliados obtuvieron esa mayoría en las elecciones de 2018, que pulverizaron al entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) —hoy tercera fuerza— y al derechista Partido Acción Nacional (PAN), que se mantuvo en la segunda posición. La tendencia continuó en 2019, cuando Morena conquistó 20 congresos locales y superó los mínimos indispensables para realizar reformas constitucionales y, prácticamente, tener garantizada cualquier aprobación que deba pasar por el poder Legislativo.
Más allá del terreno electoral, los opositores PRI y PAN enfrentan penurias financieras porque los malos resultados electorales redujeron su financiamiento público, pagan multas millonarias a consecuencia de sus irregularidades en campañas y han contratado deuda, una situación que AMLO busca aprovechar.
El mandatario planteó una disminución al presupuesto que se entrega a los partidos para este año y Morena propuso que fuera de 50%. Esa medida hubiera destruido a su oposición por bancarrota. Aunque al final la propuesta no avanzó, el presidente insiste en que deben recortar recursos a los partidos, con el argumento de generalizar su política de “austeridad republicana”.
La reducción de la oposición a AMLO parece irreversible en el mediano plazo y el lopezobradorismo no parece dispuesto a hacer ninguna concesión; por el contrario, aprovecha toda oportunidad para potenciar los impactos y el presidente también ayuda al recordar en sus conferencias, a diario, la corrupción y los malos gobiernos del pasado.
Tiene material de sobra para poder hacerlo: el PRI está hundido en escándalos de corrupción e investigaciones pendientes por desvío de fondos a campañas, entre estos, el desfalco de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares).
Para el PAN el escenario no pinta mejor, aunque por otros motivos. Este año, cuatro agrupaciones seguramente obtendrán su registro como partido político, lo cual afectará la militancia panista y reconfigurará los ya precarios equilibrios partidistas.
Uno de estos probables nuevos partidos será Redes Sociales Progresistas, de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, con presencia en los estados de Puebla y Veracruz, donde operó para el PAN desde 2006 hasta su alianza en 2018 con Morena. También Encuentro Social, cuya plataforma disputa al PAN la agenda de oposición al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos. Otro es el Grupo Social Promotor que, como los dos anteriores, es aliado del lopezobradorismo.
Y por último, México Libre, el partido del expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, que atrae a liderazgos inconformes con el grupo cupular del PAN. No es casual que López Obrador convierta casi a diario al expresidente en objeto de ataques. El efecto indirecto de los comentarios presidenciales es que lo legitiman ante aquellos sectores panistas que buscan una figura capaz de confrontar al presidente, con el efecto previsible de diezmar el número de militantes de ese partido.
En conjunto, este año, AMLO tiene las condiciones para procurarse un árbitro electoral a su servicio y una oposición sin mínimos de competitividad en las elecciones de 2021, cuando se renueven la Cámara de Diputados y 13 gobernaturas. Con eso, su proyecto político se consolidaría en una fuerza cuasi hegemónica, con seis partidos en alianza fáctica: una reedición del viejo modelo antidemocrático, no por reelección pero sí en el poder por un período indeterminado sin alternancia de partidos.
El riesgo para el sistema electoral que tanto ha costado conseguir en México es latente. Pero la regresión aun no es definitiva porque, pese a todo, por su historia política personal y su larga experiencia en la oposición, el mandatario puede aun decidir mantenerse al margen y honrar el compromiso con la democracia que reivindica con frecuencia en sus disertaciones.
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