En esta entrega damos a conocer las empresas que el venezolano-paraguayo posee en Bolivia, las cuales le sirvieron para llevar a cabo una serie de negociaciones con el gobierno del expresidente Evo Morales, sobre las cuales hoy día está puesta la lupa, por las supuestas irregularidades que las envuelven.Por Maibort Petit
@maibortpetit
La reciente denuncia formulada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, encendió las alarmas y fijó la atención de la opinión pública sobre las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, un hombre que habría amasado una gran fortuna a la
sombra del chavismo y sus relaciones con el poder afín al llamado Socialismo del siglo XXI impulsado por el finado Hugo Chávez.
En Venezuela Carlos Gill Ramírez se habría enriquecido a la luz de la crisis bancaria de finales del siglo XX, hecho que retrató el periodista César Batiz en un reportaje publicado en 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico—, el cual fue el resultado de una investigación que transparentó las operaciones llevadas a cabo en Banorte, cuando otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La nota refirió que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[1].
Batiz agregó en su reseña que Gill Ramírez supuestamente recibió USD 52 millones José Zambrano Lucero como pago por el Banco Banorte, una cantidad que llamó la atención de la Superintendencia de Bancos, la cual objetó el traspaso de acciones pues se estableció con claridad el origen del capital pagado. Por su parte, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) indagó con el comprador acerca del origen de los fondos y pidió a los órganos de inteligencia investigar esta situación, un mandato que sin explicación alguna fue desobedecido. Banorte fue intervenido por el gobierno de Hugo Chávez, año y medio después de que Gill Ramírez vendiera la institución financiera.
En la actualidad preside el Grupo Corimón y forma parte de los accionistas del diario El Nacional.
Las empresas de Gill en Bolivia
A la sombra de sus relaciones con el expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Gill Ramírez constituyó una serie de empresas en la nación del altiplano, las cuales —de acuerdo a los señalamientos del senador Oscar Ortiz— habrían sido utilizadas para entablar negociaciones irregulares.
La revista Economy 21 refirió en una nota publicada el 3 de julio de 2018 que Carlos Gill Ramírez es propietario de siete empresas en Bolivia, a las que se suma un fondo de inversiones, las cuales significaron una inversión de USD 320 millones de dólares, proyectando el empresario —para la fecha de la publicación —inversiones por USD 350 millones para los próximos 4 años.
Gill Ramírez hizo estas revelaciones a Economy en Paraguay en una de sus empresas en es país, donde precisó que el Grupo Carlos Gill Ramírez en Bolivia lo constituyen Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon). “En Bolivia hemos invertido unos $us 300 millones en nuestras empresas de logística y más de $us 20 millones en las demás”, aseguró[2].
Entretanto, el portal Página Siete[3] presenta una cronología de sus adquisiciones en Bolivia desde su arribo en 2008, cuando fue introducido al gobierno de la mano del exembajador venezolano de entonces en el país, Julio Montes. Gill Ramírez compró las televisoras ATB, PAT y los diarios Extra y La Razón de La Paz, “y los vinculó editorialmente con el MAS (…) En junio de 2014, el empresario venezolano compró del grupo Genesse Wyoming de Estados Unidos el 50% de las acciones de la Ferroviaria Oriental, que presta servicios en Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. 14 meses después, en septiembre de 2015, Gill compró del grupo chileno Luksic la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina de Bolivia, que opera en Oruro y Potosí y realiza la conexión con Chile. Ambas vías son fundamentales para el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico”.
Sobre Gravetal
La publicación cita al periódico El Día, el cual informó que Gill también es dueño de Gravetal, la principal empresa de producción, logística y comercialización de aceite y otros derivados de soya de Bolivia. Según la nota, esta compra “tiene una curiosa historia que comenzó en el primer periodo de Morales” remitiéndose a una reseña del diario Los Tiempos del 22 de noviembre de 2009, donde se dice que el MAS planificó la compra de dicha empresa. De hecho, Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, figura en el directorio de la compañía, detentando el 5 por ciento de las acciones.
Página Siete agrega que Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS, Susana Rivero Guzmán, también aparece como tercer director titular de Gravetal. La publicación indica que el 10 de septiembre de 2015, Sebastián Rivero transfirió el 0,50 por ciento de las acciones —a saber, 1.506 acciones — a Katarina María Emilia Gumucio Stambuk, quien fue delegada presidencial en Cochabamba en el primer gobierno de Evo Morales.
El portal Hoy Bolivia había dado esta información en una nota publicada el 17 de junio de 2008, cuando indicó que Gravetal había pasado a manos de capitales venezolanos al haber vendido Juan Manuel Osorno, socio mayoritario “su paquete accionario (77,5 por ciento) a Monómeros Colombo Venezolanos, un conglomerado industrial de propiedad de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), a su vez filial de la millonaria Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). La empresa Monómeros es acusada en Colombia de llevar a cabo un trabajo ideológico a favor del chavismo[4].
¿Testaferrato?
El senador Ortiz, quien ha acusado las supuestas operaciones irregulares de las empresas de Gill Ramírez con el estado boliviano en tiempos de la administración de Evo Morales, ya en diciembre de 2019 había dejado sobre el tapete sus sospechas acerca de quién es el verdadero propietario de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, se lee en una nota de Correo del Sur[5].
Ante las insinuaciones de Ortiz salió al ruedo Evo Morales, quien negó mantener relación alguna con dichas empresas, respondiendo así al parlamentario, quien interrogó al exmandatario si sabía que los ejecutivos de estas compañías "reportaban" su gestión al exvicepresidente, Álvaro García Linera.
La nota cita a Morales quien en su cuenta en la red social Twitter escribió: "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso".
La respuesta de Ortiz a Morales fue que "‘obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos’. El senador dijo que en toda esta relación hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, el ‘favorito’ del MAS, cuyo representante legal sería Hurtado”.
Se refería al presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado Sandoval, quien también se sumó a la polémica y negó ser representante legal de Gill y de sus operaciones e inversiones en Bolivia, así como tener alguna relación con García Linera y Morales. También “niega ser dueño o representante legal de Gravetal, La Razón y PAT, pero admite que es uno de los socios de ATB y dueño del 40% de las acciones de la empresa de seguros Provida, aunque en ninguno de los dos casos aclara desde cuándo es dueño ni a cuánto compró el paquete accionario”, refirió la nota de Correo del Sur.
Pero el propio Carlos Gill niega la propiedad de la empresa en una entrevista concedida al portal El Deber: “Es fácil investigar, me preguntan todavía si soy dueño de Gravetal, la vendió el presidente de Cainco, entonces deben preguntarle a él. Es fácil investigar, cotizamos en la Bolsa Boliviana de Valores, donde todo es transparente”[6].
Ubicación privilegiada
Oscar Ortiz manifiesta que los supuestos intereses de Gill Ramírez en Gravetal estarían dados por la ubicación privilegiada de su complejo agroindustrial a orillas de Arroyo Concepción, en el municipio Puerto Quijarro de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde se beneficia de las ventajas que ofrece la Hidrovía Paraguay-Paraná, sobre la cual tiene montada gran parte de su operación logística y gran cantidad de proyectos a futuro.
Refiere que en ese mismo sitio opera también la Sociedad Administradora de Puertos Continental (SAPCON), la cual es igualmente una empresa de su propiedad dedicada a prestar servicios portuarios, de transporte, manipulación de carga, depósito y/o almacenamiento en instalaciones portuarias.
Cuando se produjo la compra de Gravetal, en Bolivia se volcaron las miradas hacia esta operación, pues se trataba de una compañía de capital privado con gran influencia en el sector agroindustrial aceitero de Santa Cruz, asociada con otra empresa de capitales públicos vinculados al gobierno en tiempos de Hugo Chávez. “Entre el empresariado cruceño la susceptibilidad se despertó principalmente a partir del hecho de que, si Gravetal estaba a la venta, y es una empresa vital para mantener el equilibrio de precios en la agroindustria aceitera nacional, ¿por qué no se manifestaron los inversionistas bolivianos?”, expresó el senador.
Se hace eco de las interrogantes en la nota de Hoy Bolivia se formulan acerca de los supuestos intereses políticos que a Monómeros Colombo Venezolanos tendría en Colombia y que apuntarían al ámbito ideológico.
Subraya, además, la evidente relación existente entre Gravetal y funcionarios de la alta cúpula gubernamental de Evo Morales, transparentada en el hecho de que entre marzo de 2009 y julio de 2010, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS y exministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero Guzmán, formó parte del directorio de la empresa y luego fue Gerente de Logística hasta el 17 de agosto de 2015, cuando renunció.
Ortiz sostiene que, para el mes de junio del 2019, figuraban como accionistas de Gravetal, Inversoja S.A. con 298.262 acciones (99 por ciento del capital social), Katarina María Emilia Gumucio Stambuk (exdelegada presidencial de Evo Morales en Cochabamba) con 1.506 acciones (0,5 por ciento del capital social); y Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, con 1.506 acciones (0,5 por ciento restante del capital).
Juan Valdivia Almanza también figura como presidente del Directorio de Gravetal y Katarina María Emilia Gumucio Stambuk aparece como directora suplente.
Hombre de medios
En julio de 2008 Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia luego de comprar el periódico La Razón, una decisión que adoptó, según él mismo informó, cuando sus socios del Grupo Prisa le hicieron el ofrecimiento.
Otras versiones apuntan que, al llegar Gill a Bolivia, fue presentado al entonces vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, por el exembajador de Venezuela en Bolivia Julio Montes Prado[7].
Por cierto, la compra de La Razón en Bolivia habría tenido eco en Venezuela donde, según una investigación de Armando.Info que cita Página Siete[8], Carlos Gill Ramírez estaría detrás de la compra masiva de El Universal y Últimas Noticias, cuya línea editorial cambió drásticamente a favor del chavismo después de pasar a las manos de sus nuevos propietarios, cuya identidad se ha mantenido blindada.
“En una nota titulada ‘Citizen Gill’, haciendo eco de la afamada película de la década de los años 40 Citizen Kane, que retrata la vida de un empresario de la prensa, el periodista Alfredo Meza describe las operaciones de Gill. Meza recuerda que el flamante presidente de El Universal, nombrado después del traspaso de las acciones, es Jesús Abreu Anselmi, que es hermano gemelo del presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, Enrique Abreu Anselmi, nombrado en ese cargo por Gill. Según el portal web venezolano, Enrique representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales que recolectó de la ASFI”.
El trabajo periodístico explica que se constituyeron dos empresas, a saber Latam Media Holding, en Inglaterra, y Epalisticia, en España, respectivamente, como camuflaje de los verdaderos compradores bajo una figura que esconde la identidad de los dueños. Son sociedades creadas para llevar a cabo determinadas operaciones, en este caso, la compra de los citados medios de comunicación.
La nota subraya que esta fue la modalidad adoptada para la compra de La Razón y Extra en Bolivia, que fueron adquiridos por la empresa Akaishi, “también abierta en España unos meses antes de la operación y también constituida con 3.500 euros de capital, el mínimo exigido por las normas españolas. Al igual que Epalisticia, Akaishi no tenía página web, no tenía ejecutivos contratados, no daba servicios y tenía como domicilio legal un edificio en el que operan varias entidades similares. Se sabe que, a principios de 2013, Jaime Iturri, director de ATB, y Marcelo Hurtado, gerente general, se trasladaron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi”.
La nota recoge las afirmaciones del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, las cuales son producto de su investigación vertidas en su libro “Control remoto”, donde relata estos procesos de adquisición de medios de comunicación , tanto en Venezuela como en Bolivia, presuntamente por parte de Gill Ramírez.
Peñaranda Undurraga narra que el empresario constituyó a su llegada a Bolivia la Fundación S.XXI, la cual se encargaría de la exportación de textiles bolivianos a Venezuela. Este negocio serviría para paliar los efectos de la pérdida que Bolivia experimentaba por la aplicación de la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga”, (ATPDEA por sus siglas en inglés), con Estados Unidos. Gill Ramírez iba a ser el nexo del gobierno boliviano con la empresa Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA), encargada de promocionar la venta de los textiles.
El libro de Peñaranda narra que con el arribo de Carlos Gill a Bolivia se destrabaron las negociaciones del Grupo PRISA para la venta de La Razón, acordándose que el empresario venezolano tomara el control del citado diario y de Extra.
Akaishi: la empresa vehículo
Como ya se dijo líneas arriba, la compra de La Razón se llevó a través de la empresa Akaishi, la cual se convirtió en el vehículo de la operación con el Grupo Prisa, de tal manera de poder mantener la identidad de Carlos Gill en resguardo.
Indica el periodista que la operación de venta se materializó el 1º de octubre de 2008 con la intermediación de la vicepresidencia boliviana, aunque sólo se hizo pública hasta enero de 2009. Para abril de 2010 comenzó a decirse que Gill Ramírez había comprado el periódico en medio de un intercambio de acciones de una red de TV norteamericana que poseía. Eso sí, agrega que las presiones del gobierno boliviano para con el Grupo Prisa para que vendiera el diario, comenzaron desde antes de la llegada de Gill Ramírez al país, mediante inspecciones técnicas, visitas de los agentes de impuestos, entre otras.
El Grupo Prisa informó el 20 de enero de 2009 a la Comisión Nacional de Valores de España, que había transferido el 25 por ciento de sus acciones de ATB a una empresa domiciliada en Barcelona, denominada Akaishi Investments S.L.
De acuerdo con el portal eInforma[9], Akaishi Investments S.L. es una empresa ya extinguida, inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro mercantil de Barcelona, cuyo domicilio era Plaza Catalunya, 20, Piso 9, municipio Barcelona, provincia Barcelona. Su Código de Identificación Tributaria (CIF) era B64938350.
El objetivo social de la compañía era la “adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades salvo instituciones de inversión colectiva, etc. (…) La clase CNAE a la que pertenece es 6420 - Actividades de las sociedades holding (…) La cifra aproximada del capital social de esta empresa es De 0 a 3.100 €. La cantidad de actos existentes en el BORME es de 12 y aparece dada de alta en la provincia Barcelona del Registro Mercantil”.
El portal Axesor agrega que “Su último depósito de cuentas disponible es el de 2014 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/11/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 222, Referencia 470478. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 14/11/2016, Tomo 40747, Folio 40, Sección 8, Hoja 373603, Inscripción 5. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Akashi Investments SL ha sido Nueva información de crédito, el 24/11/2016”[10].
La Comisión Nacional de Valores de España informó que la venta fue por USD 4,1 millones de dólares. El restante 75 por ciento de las acciones estaba en manos de La Razón, adquiriendo también sobre ellas, Akaishi Investments S.L., la opción de compra, así como del diario Extra.
Akaishi Investments S.L. carecía de página web, ni tampoco tenía ejecutivos contratados, no ofrecía servicios y su dirección también lo era de varias entidades similares.
A inicios de 2013, el director de ATB, Jimmy Iturri Salmón, así como Marcelo Hurtado Sandoval, gerente general, fueron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi Investments S.L., cuenta Peñaranda Undurraga en su libro, donde agrega que el 29 de octubre del año 2015 Iturri Salmón anunció que compraría La Razón por USD 4,5 millones. Subraya el periodista que Carlos Gill Ramírez niega ser propietario de ATB, aunque admite la propiedad de La Razón y Extra.
Hace referencia a una investigación que adelantó con el senador Arturo Murillo Prijic, en la que establecieron la estructura accionaria de La Razón y de los socios de las empresas accionistas de Comunicaciones El País S.A., propietaria del periódico La Razón, las cuales conducen directamente a Carlos Gill Ramírez.
Tal estructura fue construida a partir de las actas de las asambleas de accionistas de Comunicaciones El País S.A. en la que figuran una red de empresas, a saber, Inversiones Grupo de Prensa IGMC S.A., Inversiones en Radiodifusión S.A., Informaciones Extra S.A., Kimarcus S.R.L, en la que los nombres de Alejandro Antezana Salvatierra, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Carlos Rodolfo Gill Márquez y Josefa María Gómez de Gill, son los denominadores comunes.
Entretanto, las actas de asamblea de accionistas de la empresa Illimani de Comunicaciones S.A., dan cuenta de que esta es propietaria de la Cadena de Televisión ATB. Mientras tanto, Comunicaciones El País S.A. posee a Inversiones en Radiodifusión S.A. y esta es dueña de 25 por ciento del capital social de Akaishi Investments S.L. y de74,99 por ciento de Inversiones L.G. S.A. Marcelo Hurtado Sandoval posee 0,01 por ciento y figura como apoderado y representante de tanto de Akaishi como de Inversiones L.G., con lo que, aun teniendo una participación accionaria mínima, controla la sociedad y representa a socios corporativos.
La investigación estableció que detrás de las empresas propietarias de ATB, estaba Akaishi Investments, S.L. con 99,98 por ciento por ciento del capital social, representada por Marcelo Hurtado Sandoval en calidad de persona natural como propietario de una acción y Walter Zuleta Buitrago también con una acción.
Si bien las actas de accionistas de Illimani de Comunicación S.A. no muestran a Carlos Gill Ramírez, sí refieren la participación de Inversiones en Radiodifusión S.A. con 0,2238 por ciento del capital social de Comunicaciones El País S.A.
Marcelo Hurtado Sandoval juega un papel central en las empresas involucradas, Inversiones en Radiodifusión S.A., Akaishi Investment, S.L. e Inversiones L.G. S.A.
Sobre esta negociación, la periodista Lupe Cajías de la Vega, expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, descalificó la operación en una columna de opinión publicada en Los Tiempos el 13 de octubre de 2017 que reproduce el blog Casos de Corrupción, en la que refiere que “Carlos Gill, esposo de una comunicadora, compró y hundió uno de los más sólidos periódicos paceños al ponerlo al servicio del oficialismo, a pesar del capital inyectado, a pesar de la publicidad estatal, a pesar de heredar un producto diverso y profesional. Lo hizo en silencio, escondido”[11].
Otros medios de Carlos Gill Ramírez
Además de La Razón y Extra, en Bolivia, Carlos Gill Ramírez es propietario del canal español Vme Tv, la revista Hola de Venezuela y el diario digital venezolano ALnavío. La familia de su esposa es propietaria de El Nacional.
Como también se informó anteriormente, Gill Ramírez forma parte del Grupo Prisa, propietario del diario El País de España, entre otros.
[1] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html
[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones
[3] Página Siete. “Gill y Zapata, empresarios proMAS con negocios millonarios”. 7 de febrero de 2016. https://www.paginasiete.bo/opinion/andres-gomez-vela/2016/2/7/gill-zapata-empresarios-promas-negocios-millonarios-85955.html
[4] Hoy Bolivia. “¡Vendida!: Gravetal se queda en manos de capitales venezolanos”. 17 de junio de 2008. https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=3060
[5] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html
[6] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico
[7] Rimay Pampa. “¿Tráfico de influencias? Zapata y Gill, dos empresarios proMAS con negocios millonarios”. 6 de febrero de 2016. https://rimaypampa.blogspot.com/2016/02/trafico-de-influencias-gill-y-zapata.html
[8] Página Siete. “Carlos Gill, detrás de la compra de El Universal”. 20 de diciembre de 2014. https://www.paginasiete.bo/ideas/2014/12/21/carlos-gill-detras-compra-universal-41913.html
[9] eInforma. Akaishi Investments S.L. (Extinguida) https://www.einforma.com/informacion-empresa/akaishi-investments
[10] Axesor. Akaishi Investments S.L. Barcelona. https://www.axesor.es/Informes-Empresas/5487208/AKAISHI_INVESTMENTS_SL.html
[11] Los Tiempos. “Gill no es un Gil” en Casos de Corrupción. 13 de octubre de 2017. http://casosdecorruptos.blogspot.com/2017/10/adecuado-el-titulo-gill-no-es-ningun.html
Autor: Maibort Petit
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