Nicolás Maduro, jefe del Ejecutivo, ha apostado a la cuarentena social desde el día uno de la detención de casos de Covid-19 en Venezuela. En medio de este aislamiento, y sin importar la crisis económica, política y social; que atraviesa el país; el chavismo ha intensificado el control social sobre la ciudadanía.
En este sentido, ha aplicado el plan “pico y placa” para suministra el combustible por medio del terminal de las placas de los transportes y el “Plan Catia 2020”, donde ahora se necesita de un
salvoconducto para transitar en la Parroquia Sucre en determinados días.
Expertos aseveraron en exclusiva para Venepress, que estas regularizaciones no son más que una manera de “disfrazar” lo que sucede en el país, además de generar un control para incrementar su poder en los ciudadanos.
Para el politólogo, Carlos Sánchez, el gobierno venezolano utiliza este conjunto de mecanismos como una forma de “simular el hambre y la miseria” y así poder “quedarse con el poder”.
“Como no hay democracia, utiliza la pandemia para fortalecer su gobierno de facto”, sentenció.
Con el tema de la gasolina, señaló que es una forma de decir que “no tiene como tenerla”. En el caso de los “salvaconductos” indicó que es una “medida de abuso” que no tiene que ver con una lucha de pandemia.
Sánchez enfatizó que a esto se suma a la desinformación que se da “para fortalecer” al Estado, lo que causa un aumento en la desconfianza con cualquier nueva medida que se decrete “porque está basado en el interés del régimen”.
El sociólogo Trino Márquez manifestó que las normas dictadas por Maduro “persiguen” dos objetivos.
Primero, tratar de que la enfermedad “tenga el menor impacto en Venezuela”, porque a su juicio, el gobierno está consciente de la “gravísima situación”.
“Ellos saben realmente las cifras (…) y las ruinas en que se encuentra Venezuela”, sostuvo, alegando que es “debido a sus políticas incorrectas”.
En su opinión, se procura de alguna manera un intento de “amortiguar o reducir” el impacto negativo que podría generar el virus chino en la nación.
No obstante, subrayó que como segundo foco, los nuevos decretos persiguen “elevar el control de la población”.
“El gobierno está utilizando el coronavirus para tratar de ocupar el gravísimo efecto es está teniendo en el país la falta de gasolina”, expuso.
Márquez argumentó que el país no alcanza a cubrir la demanda interna de la gasolina. Además de que, Venezuela, “es el único país” de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que presenta tal situación.
Asimismo, precisó que esta escasez “no es atribuible a las sanciones” sino a “los hechos” como el despido de las 200 personas en el años 2002 de la petrolera estatal, Pdvsa, lo que provocó que el Estado no pudiera mantener su calidad.
En otras palabras, el politólogo Ricardo Sucre, explicó que no cree que estas nuevas medidas “se utilice para disfrazar la crisis”, sustentando que la presencia del virus chino, la escasez de gasolina y la crisis del país, es un “hecho”, por lo tanto, se presentaron la circunstancias para llevarlas a cabo y evitar que la curva de infectados se dispare.
Con respecto a la gasolina, detalló que ya está en gran parte del territorio nacional y que no es el único mecanismo para controlar el suministro.
En relación al salvoconducto, expuso que “ya hay un control de tránsito” como el de prohibir el acceso a otros estados del país; por lo que, opinó que lo del sector de Catia, es más bien, para prevenir las alglomeraciones.
Pero, ¿en qué consisten estas nuevas medias del gobierno venezolano?
PICO Y PLACA
La idea es hacer frente a la escasez de combustible y así disminuir las largas colas en las gasolineras.
El anuncio fue principalmente hecho por el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, informando que ahora para el suministro del combustible iba a ser dependiendo del terminal de la matricula del auto.
Pese a no existir un anuncio formal de esta medida, diversas estaciones del servicio se han ido adaptando a ello.
Pico y placa ya llegó a la capital; pero su distribución será exclusiva para los conductores que tengan salvoconductos de los sectores priorizados.
Esto debido a que las autoridades han dispuesto que las pocas estaciones disponibles solo podrán ser usadas por personal médico y militar, empresa de transporte de alimentos, entre otros sectores priorizados.
Los consejos comunales de Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, comenzaron con la entrega de un pase movilidad para que los usuarios de esa localidad puedan salir de sus hogares durante la cuarentena.
El ticket, emitido por la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital, forma parte del plan para evitar el tránsito, salvo emergencia o por la necesidad de comprar alimentos o medicamentos.
“Lo del pase es verdad, nos lo acaban de entregar y la idea es que se frene la aglomeración de gente, que de verdad es terrible”, expresó una persona en twitter.
Aunque se requería el “carnet de la patria” para obtener este boleto, no es del todo cierto, puesto que, en algunas comunidades lo han exigido y en otras no,
Con el Plan Catia 2020, se tiene previsto:
Reubicar las paradas de 20 rutas periféricas, 16 rutas urbanas y dos suburbanas.
Establecer guardias de trabajo en las líneas de transporte, con sanciones a los infractores.
Límite del aparcamiento de vehículos en la avenida Sucre y las calles Argentina, México y Colombia.
Establecer 42 puntos de control de movilidad en la parroquia.
Salvoconductos:
Establecer esquemas de control territorial del transporte y la movilidad.
Cada EJE territorial tendrá tarjetas de salvoconducto
El salvoconducto será para el uso de un solo miembro de la familia y no estará personalizado.
Se expedirá un permiso especial de salvoconducto los casos de salud debidamente comprobados.
Por último, los días miércoles y domingos toda la parroquia Sucre deberá cumplir con no movilizarse y quedarse en casa, durante estos dos días se realizarán trabajos de desinfección en los espacios públicos.
Esta imposición estaría violando el derecho a la movilidad y el libre tránsito de los venezolanos, norma establecida en la Constitución.
Si se retrocede la página, esta no es la primera vez que la administración de Maduro mete sus manos para controlar al pueblo venezolano, aunque es primera vez que apunta a la movilización. La gasolina se repite y los alimentos fue el conejillo de indias.
CLAP
En el año 2016, crearon a Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para “enfrentar la guerra económica en Venezuela” y hacer “frente a la escasez de alimentos y a la crisis económica del país”.
Su función es la distribución de los productos regulados de primera necesidad, siendo un modelo de expansión directa “en todas las casas”.
Aunque el gobierno pinto villas y castillo de que esta bolsa iba a ser mensual e iba a traer todos los nutrientes para una alimentación balanceada, lo que ha traído indiscutiblemente son quejas por quienes las reciben, debido a que en diversas ocasiones llegan en mal estado o no la reciben; y en un punto macro, se ha visto envuelto en temas de corrupción.
En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que consideraban que el programa CLAP no cumplía ciertas normas relativas al derecho a una alimentación adecuada, además se documentó la falta de contraloría en el programa y su uso como una herramienta para la propaganda política y el control social
Dentro de este orden ideas, especialista y parlamentarios opositores han precisado que con los CLAP se extorsiona con la alimentación y eso, aparte del efecto regresivo por la pérdida de libertades, es una de las violaciones más evidentes del derecho a la alimentación.
PRODUCTOS REGULADOS
Con las escasez de alimentos y una caja que, claramente, no cumple con lo establecido, a partir de la década del 2010, se instaló precios regulados a productos básicos, como alimentos (leche, diversos tipos de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina pre cocida, mantequilla, entre otros), productos de primera necesidad (papel higiénico, pasta dental y otros productos de aseo personal) y medicinas
El ajuste a los 25 productos son aquellos con lo que se obtiene la canasta básica alimentaria, acordados por el gobierno y empresas privadas.
Aunque anteriormente los locales tenían que tener los precios “iguales” con el tiempo la economía se fue ajustando, pero no mejorado.
Hoy en día, aunque el Estado indique un precio por uno de esos productos, de una vez el establecimiento tendrá que ajustarlo a su gusto y así no perder sus ganancias.
CHIP GASOLINA
En 2018, Maduro admitió que 70% de la extracción le combustible ocurre entre los estados fronterizos con Colombia, a pesar de la implementación del chip.
Este CHIP o TAG tiene que ver con el “Plan de Automatización para el Suministro de Combustible” liderado por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, y pretende frenar la fuga de gasolina hacia el país vecino en la modalidad de contrabando.
El objetivo era para descongestionar las estaciones de servicio en la frontera.
En este proceso, también se necesitaba el uso del “carnet de la patria”, tanto para este proceso como para solamente suministrarse gasolina. Sin embargo, con el pasar de los años, no se ha agudizado.
Tomando esto en cuenta, el excandidato presidencial, Henrique Capriles, resaltó que esto “va a generar más anarquía y corrupción”.
“Siguen con lo mismo, pretender ocultar que la gran mayoría de nuestro pueblo NO PUEDE guardar la cuarentena porque NO tiene qué comer. La gente quiere soluciones reales, no más caos y politiquería”
A esto último se le debe añadir que las medidas tomadas y que seguirá tomando el gobierno venezolano solo generará angustia y desesperación, por no llevar una “vida normal”.
Cabe destacar que, recientemente Maduro anunció “que han estado “planificando los escenarios del regreso a la normalidad, la normalidad relativa”, aseverando “que nunca va a ser igual “, porque “la vida no será la misma”.
Entonces, la duda se estipula en que de alguna u otra forma, el control pueda regirse en mayor escala.
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