@barraplural
Consecuencia de la decisión de una juez de garantías colombiana de ordenar la libertad del expresidente Alvaro Uribe Vélez, fue la emisión de distintos trinos que tenían unas características comunes; la primera el respeto a la decisión judicial y la segunda exigirle a él que demostrara su inocencia, lo cual por cierto reiteraba un concepto que un expresidente del país en entrevista de prensa había manifestado en meses pasados al iniciarse el proceso motivo de la reciente decisión.
Respecto de la solicitud de demostrar inocencia, ocurre de igual manera en nuestro país. Cuando se trata de determinado personaje de la vida pública, alguna parte de nosotros le solicita a quien resulta vinculado a la investigación, que desvirtúe los elementos de la misma y por ende demuestre esta. En ambos casos erramos.
En efecto, la Carta Política colombiana, en el tercer aparte del artículo 29 establece la presunción de inocencia de toda persona que no hubiere sido condenada judicialmente. Esa misma presunción la contiene la Constitución venezolana en el numeral 2 del artículo 49.
La presunción implica que es contra élla que se debe probar, si es que la misma lo permite –como es el caso-. Así, es jurídicamente inapropiado solicitarle a quien la ley presume inocente –y lo hace con todos los ciudadanos- que pruebe aquélla. Esa persona no tiene carga alguna, esta recae en quien pretenda demostrar la culpabilidad que se aduce.
Ciertamente que en nuestros países nos hemos acostumbrado a que quienes tienen intereses contrarios a la persona contra quien se dirige la investigación, a veces sin fórmula de juicio, otras en función de sus intereses y en ocasiones defendiendo de buena fe lo que éllos estiman son los intereses de la colectividad, tienden a invertir mediáticamente la situación, mas lo cierto es que la garantía que todos tenemos en un estado de derecho, es que el mismo sea respetado por quienes en él hacemos vida.
Obsérvese que no hago juicio de valor ninguno sobre la decisión judicial, pues no me compete. El comentario lo motivan tuits que pudieren inducir a quien desconoce la ley, a atribuirle a quien no le corresponde obligaciones procesales que no tiene. Uno, creyente ferviente en la educación, sirve simplemente como expositor de lo que esas dos constituciones prevén como norma a cumplir.
No hay mayor garantía para que una democracia funcione cabalmente que un poder judicial autónomo e independiente que cumpla y haga cumplir la ley. Respecto de Colombia los colombianos harán su juicio. En Venezuela, es tarea pendiente. En el ínterin creo que lo fundamental es que en cualquier parte del mundo, todos tengamos pleno conocimiento de nuestros derechos y también de nuestros deberes.
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