LAS RELACIONES DE LAS UNIVERSIDADES CON EL GOBIERNO ACTUAL
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 otorgó a la Universidad una
autonomía plena y de primer grado en su artículo 109. Constituyó el Claustro Universitario con profesores, estudiantes y egresados. En la reforma constitucional que presentó el Presidente Hugo Chávez en 2007 ante la Asamblea Nacional, no solicitó la modificación de dicho artículo, pero algunos asambleístas la incluyeron en ese proyecto de reforma constitucional, que en consulta popular del 2007 fue negada.
No obstante, la obstinación y la arbitrariedad llevó a que asambleístas afectos al régimen chavista, aprovechando el dominio total de la Asamblea Nacional por la abstención de la oposición, aprobaron en 2009, sin las formalidades de consulta del caso, una Ley Orgánica de Educación en la que en el artículo 34, agregaron como miembros del Claustro Universitario, de manera inconstitucional, a los empleados y obreros. Igualmente, propusieron el desarrollo de un Estado Docente también anticonstitucional. Este artículo 34 creó una incompatibilidad con la CRBV 1999 y la Ley de Universidades vigente. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en septiembre de 2010, una Ley de Educación Universitaria enviada al Presidente de la República para su promulgación, lo que no hizo y les recomendó continuar las discusiones.
Por otro lado, los reclamos de los gremios ante la Sala Electoral del TSJ paralizaron las elecciones universitarias de 2008 hasta tanto las universidades reformaran sus reglamentos electorales para incluir a los empleados y obreros. Frente a esta decisión inconstitucional de esta Sala, la rectora de la UCV en 2010, solicitó la nulidad del artículo 34 de la LOE, a lo que se adhirieron los restantes rectores de las Universidades Autónomas.
Debido a las múltiples demandas en uno y otro sentido, la Sala Constitucional acumuló los
expedientes y en 2019, nueve años después, sin pronunciarse sobre el fondo de la materia en la sentencia 0324, ordenó en lo que calificó como precautelativa, llevar a cabo las elecciones universitarias con la participación de cinco sectores: profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros. Dio un plazo para este cometido de seis meses. Cerca de su vencimiento en febrero de 2020, la Sala Constitucional del TSJ prorrogó el plazo de manera indeterminada con el argumento de dar un lapso mayor para que cada universidad adaptara la reglamentación respectiva. El proceso obviamente está paralizado por la pandemia COVID 19.
Esta decisión del TSJ sobre la participación de cinco sectores en las elecciones universitarias,
permitió hacer un nuevo análisis de la Ley de Educación Universitaria de 2010 no promulgada por el Presidente de la República, que a nuestro juicio, se ha aplicado arbitraria y silenciosamente, pero en forma exitosa por el régimen, sin respuesta alguna por parte de las Universidades Autónomas, que han puesto esperanzas en la finalización de este régimen, tal como se ha afirmado y decidido en asambleas generales convocadas por el Rector y distintas declaraciones hechas por algunos exrectores, que basan su argumentación en que, entre tanto exista este régimen, no hay posibilidades auspiciosas de ningún tipo para la Universidad.
La Ley de Educación Universitaria de 2010, no promulgada por el presidente, contemplaba 54 competencias para el Ministro de Educación Universitaria y 45 reglamentos dictados por ese
Ministerio para regir toda la vida interna de las instituciones. Esto implicaba el traspaso de competencias del Consejo Nacional de Universidades, Consejos Universitarios y Autoridades al Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria en un proceso de eliminación progresiva de la autonomía universitaria, apoyado también en el establecimiento de un Estado Docente.
EL TEMA ELECTORAL
Afirmar que el tema electoral no es importante y que es de intereses y ambiciones es una simplificación grosera, porque la misión de rescatar a la Universidad, mejor dicho al Alma Mater, será tarea de jóvenes talentosos, hombres y mujeres, con fuerza moral, intelectual y social, titulares, doctores en su especialidad de universidades reconocidas, y no solo de viejos profesores con méritos y pasado reconocidos, ahora descoloridos por tiempo.
El “ethos” universitario está hecho añicos. La soberanía está en minusvalía porque “el soberano” lo componen más de la mitad de jubilados y pensionados, activos de alto nivel emigrados, otros retirados a sus ciudades, renunciantes o quienes están presentes pero buscando la forma de sobrevivir, con gran desencanto, quizás resignación, que hay que reanimar con muchos argumentos y dificultades. La institución que debe ser democrática, alternativa, representativa no lo es; su legalidad y legitimidad sobreviven en medio de una precariedad. La que existe está conformada por un equipo rectoral desintegrado, un Consejo Universitario conformado además por Decanos no electos, profesores con su representación vencida hace muchos años.
Las autoridades universitarias perdieron la capacidad de dialogar con el Claustro Universitario, con la sociedad y con el gobierno, a quien se recurre en el momento más crítico para todos, con competidores más penetrantes y más necesarios para la solución de la inmensa crisis como son
los sindicatos de obreros y los empresarios, que tendrán trato preferencial.
El mecanismo de intercambio que más se utiliza son las asambleas manipuladas y Consejos Universitarios cupulares, con lista de oradores preestablecida y que aprueban decenas de acuerdos que a los dos días nadie los recuerda. Estas autoridades piden diálogo abierto y elecciones para el gobierno nacional, pero no hacen las suyas. Piden luchar, pero no se les ve en esa tarea porque el sacrificio de vida y libertades lo han hecho otros, inútilmente.
La preocupación sobre la renovación de las autoridades nace también de los siguientes hechos:
1.- La urgencia de nuevos dirigentes de la Universidad con aliento, convicción, valentía y capacidad de convocatoria, que propicien el análisis y las soluciones para: la fuga y la inhibición de los talentos, el financiamiento con alcances de “crisis humanitaria universitaria” y la debilidad de la gobernanza en la Universidad, pero antes de 2024 cuando está previsto un cambio de régimen, que
es lo que esperan las autoridades y sus amigos.
2.- La pandemia, pretexto para muchas excusas, colocó las decisiones de la Sala Constitucional sobre las elecciones universitarias en el refrigerador, decisión que puede prolongar el gobierno por lo siguiente:
El gobierno tiene obvio interés y planes sistemáticos para corroer el “Ethos y el Alma Mater” de las
Universidades Autónomas dejándolas decaer progresivamente. A la vez, creó su propio subsistema universitario para realizar su prédica de inclusión, conexión con el área socio productiva, la
formación humana y la respuesta a las exigencias sociales actuales con el saber para resolver sus problemas reales. Es decir, la Transformación de la Universidad. Organizó también su propia Asociación de Rectores Bolivarianos, de Trabajadores Universitarios, que incluye docentes y no docentes con los que discute las Convenciones Colectivas de Trabajo, la Federación de Estudiantes Universitarios con la que acuerda las providencias estudiantiles.
También creó un gran número de universidades desde la Universidad Nacional Experimental de las
Fuerzas Armadas, la Sur del Lago, la Bolivariana de Venezuela, la Iberoamericana del Deporte, de
las Artes, la de los Trabajadores, la de la Seguridad, la de los Pueblos Indígenas, entre otras.
También creó el Instituto Latinoamericano de Agroecología, la Escuela de Formación de Oficiales Técnicos de las FANB, el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil y un sin número de universidades politécnicas territoriales como las: de Aragua, Barinas, Barlovento, Lara, Norte del
Táchira, Ejido, Yaracuy, Anzoátegui, del Delta, Portuguesa, del Oeste de Sucre, de Paria, del Norte de Monagas etcétera. Todas desarrollan estudios de pregrado y postgrado. Sin incluir el Programa de Formación de Médicos Integrales Comunitarios en Universidades Nacionales Experimentales desde 2008, que ha graduado cerca de treinta mil médicos, ni la Escuela Latinoamericana de Medicina General Integral Salvador Allende, con sede en Mariches, Estado Miranda, ni el desarrollo de carreras de medicina propiciadas por las Universidades Experimentales Francisco de Miranda en Barinas y Rómulo Gallegos en Valle de La Pascua.
3.- El sector privado ha desarrollado también su propio subsistema universitario conformado por 32 Universidades, entre las cuales: Gran Mariscal de Ayacucho, Alejandro de Humboldt, Alonso de Ojeda, Arturo Michelena, Bicentenaria de Aragua, Rafael Urdaneta, Católica Andrés Bello, Cecilio Acosta, Católica del Táchira, Católica Santa Rosa, Rafael Belloso Chacín, Fermín Toro, José Antonio Páez, José María Vargas, Politécnica de Valencia, Metropolitana, Monte Ávila, Nueva Esparta, Santa Inés, Santa María, Valle del Momboy, Yacambú…
Esta situación debería llamar la atención a las 8 Universidades Nacionales Autónomas. Todas las carreras de pregrado y postgrado que ellas desarrollan, ahora las dictan 21 Universidades Experimentales y 28 Nacionales Politécnicas Territoriales y otros institutos superiores, bajo
comando gubernamental. Las 32 universidades privadas son la alternativa para una universidad
autónoma desalentada, a veces cerrada y en inútil espera.
Se necesita una renovación urgente de la dirigencia universitaria para rehacer el ETHOS Y ALMA MATER a fin de cumplir su misión como en sus buenos tiempos, y para otros ciudadanos que tienen los mismos derechos que tuvimos nosotros en esos buenos tiempos. Pero la dirigencia
universitaria y sus amigos sólo esperan buenos tiempos que no llegan.