La serie en cuestión versaba sobre un militar americano en 1880 degradado, injustamente, por el ejército de la época, de allí que, en todos los capítulos de dicha serie, él buscaba demostrar la falacia del motivo de su sanción.
Si por curiosidad se buscan las acepciones de la expresión degradar que al respecto trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se conseguirá que, en cuatro de las cinco que contiene, ello consiste en privar, reducir, humillar o disminuir a una persona de algo intrínseco a ella.
Partiendo de ello, creo que no es ilógico concluir que todo lo que conlleve esas acciones implica una afectación de la persona a la que la misma impacta.
En Colombia, un ciudadano colombiano tiene más derechos y obligaciones que cualquier otro habitante del país, lo que implica que, si pierde su condición de ciudadano, habrá sido degradado solo a aquella última condición y eso, lamentablemente, ha ocurrido desde el 25 de noviembre de 2021 con más de 43 mil colombianos.
Ese nefasto día para los derechos humanos de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil le anuló la nacionalidad a ese grupo de personas y le canceló sus cédulas de ciudadanía aduciendo falsa identidad. Ello originó para los afectados pérdida de nacionalidad, privación de derechos políticos, a la salud, educación, al trabajo y la propiedad, riesgo de multas, procesos penales y destierro.
El argumento central de las decisiones de anulación se conoció el 4 de febrero de 2022, oportunidad en la cual, el señor Registrador Nacional y uno de los funcionarios subalternos del mismo, firmante de las decisiones sancionatorias, declararon a los medios que el objetivo de la decisión había sido depurar el censo electoral y que ellas se habían adoptado porque para acceder a la nacionalidad la mayoría de los afectados habían presentado documentos o testigos falsos.
Este año, el gobierno colombiano se escandalizó -con razón- cuando el señor Ortega en Nicaragua hizo lo mismo que la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiano con cerca de 300 personas, 43 mil menos que las afectadas en esta tierra de Nariño y Caldas, mas estas, lamentablemente, no han tenido quien, desde el Estado o sus instituciones, por ellas vean.
En Fundación2Paises hemos acompañado a más de 300 personas a reclamar vía acción de tutela la decisión de la Registraduría colombiana con un porcentaje de éxito del 92,69%. Son colombianos a quienes se les ha restituido nacionalidad y cédula de ciudadanía porque cumplieron desde el inicio, vale decir, desde su nacimiento, con los requisitos exigidos por las dos últimas constituciones del país, pero a ellos, bajas colaterales o falsos positivos, como se les quiera llamar, no se les ha dado ninguna satisfacción y más aún, en los casos que conocemos, en todos, la Registraduría Nacional las ha negado a pesar de que, buena parte de las decisiones de restitución las fundamenta en que, con su accionar violó la Constitución o la ley.
Esos colombianos del común, donde no hay un nacional prestante, un político conocido o un juez, por solo citar tres tipos de colombianos diferentes a los afectados, no han recibido por parte de quien les afectó ni una sola palabra de justificación o satisfacción como tampoco las han recibido de ninguna otra institución del Estado, por lo que parecieren ciudadanos de segunda.
Esos colombianos fueron degradados a una condición inferior a la de ciudadano por una decisión errada del Estado. Al ser ello así, este, lo menos que debería hacer respecto de ellos, es asumir que se equivocó reconociéndolo públicamente.
Vivimos en sociedad sujetos a unas reglas. Cuando uno de los actores en la misma, independientemente de su importancia, las vulnera, debe responder voluntariamente su error; en su defecto, toca exigírselo.
@barraplural @fundacion2paises
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FUENTE: >>https://www.gacetaregional.com/sitegr/degradado/
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