Apenas iniciamos la semana 8 del 2024 y todos tenemos la sensación de que aquel final de año en el que aún celebrábamos la realización y los resultados de la Primaria fue hace mucho, porque desde aquel evento que sorprendió tanto a la oposición como al oficialismo, y los resultados de un referéndum convocado por el gobierno para la defensa del Esequibo que la gente no apoyó, no por el Esequibo sino por el convocante, aquí ha pasado de todo. La escalada represiva del gobierno que se inicia a finales del año pasado, tras el referéndum, y que se ha venido intensificando progresivamente con la detención de varios miembros del equipo de María Corina Machado, las órdenes de detención contra la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barráez, así como de Rocío San Miguel y varios miembros de su familia, son una clara señal de pánico entre las filas oficialistas que, como suele pasar con todos los regímenes autoritarios cuando la presión por elecciones libres aumenta, apela a la fabricación de teorías conspirativas para justificar la persecución política contra todos aquellos que representan alguna amenaza ante la proximidad de la elección presidencial. Elección para la que el gobierno no tiene los números, por lo que se intenta repetir la jugada de 2018, generando condiciones para la inhabilitación de partidos y candidatos que potencien la abstención y fragmentación del voto opositor, en un escenario en el que las ni condiciones ni la actitud de la gente son las mismas de hace seis años
Benigno Alarcón Deza
Definitivamente 2024 no será fácil para Venezuela. El hecho de ser un año electoral, en un país con un gobierno autoritario que no está dispuesto a ceder el poder, complica el escenario. Hechos como la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado; las órdenes de detención contra la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barráez; así como la persecución y detención de dirigentes del partido VENTE y más recientemente la privación de libertad para la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel y su círculo familiar, confirman que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para impedir que tome cuerpo cualquier posibilidad de transición política.
Asimismo, la semana cierra sin que se haya anunciado el cronograma electoral sobre el cual han venido trabajando actores políticos afines al gobierno y cuyos indicios señalan la fabricación de una elección a la medida, como se hizo en 2018. Se prevé que toda la actividad electoral ocurra en el segundo cuatrimestre del año. El gobierno ha hecho esfuerzos sustantivos tratando de darle visos de consulta amplia y participativa, con una narrativa acomodaticia que se mueve de manera maliciosa entre los límites de la interpretación del Acuerdo de Barbados.
Sin embargo, a diferencia de aquel momento, hoy la oposición, incluida su líder electa, ha manifestado una posición sólida en cuanto a mantenerse en el camino electoral, lo que marca una diferencia significativa en comparación al proceso de 2018.
Maduro, sabiendo que no se puede poner en riesgo, busca mantener inhabilitada a la candidata opositora electa en las primarias de octubre de 2023, y que quien la sustituya no tenga el mismo liderazgo para que parte del voto opositor se abstenga mientras la otra parte se divida entre una multiplicidad de alternativas que irán saliendo progresivamente al ruedo electoral, en muchos casos respondiendo al incentivo de su financiamiento desde el Estado, como ya fuese anunciado por Jorge Rodríguez recientemente.
Al mismo tiempo, el gobierno intenta responder a la presión de la comunidad internacional democrática, amenazando desde cuatro frentes: el aumento de la migración si no se levantan las sanciones; una escalada de conflicto en la región del Esequibo; las consecuencias para los activos extranjeros si se suspenden la licencias 43 (actualmente suspendida) y la 44, a partir de abril, que permite las operaciones en el sector petróleo y gas; y, por último, la represión interna, en la que se utiliza la teoría de la conspiración para justificar persecuciones políticas, culpando a opositores de supuestos planes de magnicidio con financiamiento desde Estados Unidos y la Unión Europea.
¿Cómo está hoy el apoyo a María Corina Machado?
El apoyo a María Corina Machado sigue firme y se ha venido consolidando según diferentes estudios de opinión. Sin embargo, el debate público está dividido entre quienes insisten en que es a ella a quien hay que apoyar y quienes insisten en que la unidad debe defenderse, con ella o con un sustituto.
La estrategia de la oposición hasta ahora parece enfocarse en mantener la unidad en torno a la candidata electa, María Corina Machado, donde las decisiones se toman en consenso y en la que cualquier discusión sobre una posible sustitución no es aún el tema central. Pero de convertirse este en el tema, habrá que hacerlo en consenso con María Corina Machado, quien hoy tendría, según nuestros propios estudios, la última palabra frente al electorado opositor. Si ello funciona adecuadamente, habrá un importante porcentaje de la oposición que mantendrá su disposición a votar. Hoy puede ser mucho más difícil que, golpeando el ánimo de la oposición, esta renuncie a participar haciendo al gobierno más competitivo.
Es importante señalar que existe un reconocimiento importante en la oposición de que Machado debe tratar de llegar “hasta el final”, como lo ha prometido; y si no lo logra, debe ser ella quien designe a su sustituto. El hecho de ser líder por auctoritas, elegida por la gente, cobra hoy más valor que nunca antes.
La amenaza de la migración
En recientes estudios realizados por el Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), conjuntamente con el Instituto de Estudios de las Migraciones del Center for Democracy and Citizenship Studies (CEDES), sobre la disposición a migrar de venezolanos residentes en Venezuela, se ha identificado, entre otras, al ambiente político y la confianza en general, como variables que impactan sobre la intención en el corto plazo de emigrar del país, descartándose las condiciones económicas, de las que se responsabiliza a las sanciones, como única o principal variable que incide sobre la migración.
Es así como, según este estudio, durante el mes de noviembre de 2023, esta intención de migrar en el corto plazo se ubicó en cerca del 20% de la muestra, intención que escaló a un 37% a finales del mes de enero de 2024, luego de las acciones de ratificación de inhabilitaciones; la persecución y amenazas a líderes políticos y de la sociedad civil; así como la reflotación del tema de la regulación a las organizaciones sin fines de lucro; y, la percepción de una profundización en la violación del Estado de derecho. Esta predisposición detectada, hace esperar la emergencia de una nueva ola migratoria desde Venezuela hacia diversos destinos en América Latina y otros países durante 2024, y mucho más en caso de no producirse un cambio político.
En conclusión…
El panorama electoral actual se aleja considerablemente de lo que se intentó lograr a través del Acuerdo de Barbados, el cual buscaba garantizar unos comicios presidenciales transparentes a cambio de la flexibilización de las sanciones petroleras. Sin embargo, lo que prevalece en la actualidad es exactamente lo contrario, con la imposición de inhabilitaciones y persecuciones políticas respaldadas por una elaborada, aunque absurda y poco creíble, teoría de la conspiración.
Estas medidas reflejan la debilidad y la pérdida de capital político del gobierno, pero están diseñadas para eliminar cualquier posibilidad de cambio en el poder. Este comportamiento es característico de regímenes híbridos, donde el gobierno, al enfrentarse a la disyuntiva entre perder las elecciones o celebrar unos comicios cuestionados, se cierra optando por lo segundo, para intentar mantener el poder a expensas de su legitimación.
Ello, de continuar así, nos llevaría al tipo de elección que es propia de regímenes hegemónicos, como en los casos de Rusia o Nicaragua. Pero, para complicarle la situación aún más al gobierno, las circunstancias son hoy muy distintas a las de 2018, con una oposición que pareciera haber renunciado a la abstención como estrategia, mientras mantiene el respaldo a la candidata elegida en la Primaria, María Corina Machado. Además, la población hoy muestra un importante giro de actitud que se evidenció tanto en los niveles de participación en la Primaria, como en los de abstención en el referéndum sobre el Esequibo, así como en los estudios de opinión en los que la gente se atribuye la responsabilidad directa de producir el cambio político que un 85% reclama.
Para la comunidad internacional es relevante tomar en cuenta que las tendencias migratorias continuarán en caso de que se mantengan las actuales condiciones políticas en Venezuela. Estas y otras razones, como la violación de los derechos humanos, sugieren la necesidad de que se conforme un mecanismo regional en defensa de las elecciones. La labor de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, cuyas actividades acaban de ser suspendidas por el gobierno, es una clara señal de que la represión cobra fuerza cada vez más.
La movilización interna, la unidad de las fuerzas opositoras y la presión efectiva de la comunidad internacional son cruciales para que una transición política hacia la democracia siga siendo un escenario probable.
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FUENTE: >>https://politikaucab.net/2024/02/19/es-posible-repetir-una-eleccion-como-la-de-2018/
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