Franz von Bergen Granell (*)
El estatus de Libertad en el Mundo de un país o territorio depende de su puntuación total en Derechos Políticos, en una escala de 0 a 40, y de su puntuación total en Libertades Civiles, en una escala de 0 a 60.
Descripción general
Las instituciones democráticas venezolanas se han deteriorado desde 1999, pero la situación se ha agravado drásticamente en los últimos años debido a la represión gubernamental más severa contra la oposición y al uso por parte del partido gobernante de elecciones fraudulentas para tomar el control total de las instituciones estatales. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para la disidencia política, restringiendo las libertades civiles y procesando a quienes perciben como opositores sin respetar el debido proceso. Si bien la economía del país ha recuperado el crecimiento tras años de recesión, una grave crisis humanitaria, impulsada políticamente, continúa causando dificultades y estimulando la emigración masiva.
Desarrollos clave en 2024
El presidente Nicolás Maduro obtuvo un tercer mandato consecutivo tras las elecciones presidenciales de julio, que se vieron empañadas, entre otras cosas, por el abuso de recursos gubernamentales para obtener ventajas electorales y graves irregularidades en el recuento de votos. Aunque las autoridades electorales no presentaron pruebas que respaldaran la afirmación de Maduro de su victoria, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) certificó su supuesta victoria electoral en agosto.
La oposición denunció la victoria de Maduro como fraudulenta y, en julio, afirmó haber publicado en línea más del 80 % del recuento de votos legítimo. Los recuentos, considerados creíbles por numerosos analistas independientes, indicaban que el candidato opositor Edmundo González Urrutia había ganado la presidencia con el 67 % de los votos. González se vio obligado a huir del país en septiembre tras la emisión de una orden de arresto por parte de las autoridades venezolanas.
Las protestas masivas que cuestionaron la afirmación infundada de Maduro sobre su victoria tras las elecciones de julio fueron reprimidas con una fuerza desproporcionada por las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, lo que provocó la muerte de al menos 24 personas, según organizaciones de derechos humanos venezolanas. El número de presos políticos aumentó drásticamente a medida que el gobierno reprimió violentamente la disidencia durante el período poselectoral; a mediados de agosto, se informó que 2.400 personas habían sido detenidas arbitrariamente en relación con las protestas.
En los meses posteriores a las elecciones, las autoridades alentaron a los ciudadanos a denunciar las protestas políticas y los disidentes sospechosos a través de una aplicación respaldada por el gobierno, y numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar opiniones críticas sobre las elecciones en las redes sociales y en conversaciones de WhatsApp.
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite al gobierno suspender a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acusadas de promover el discurso de odio o el fascismo o de participar en actividades políticas.
Derechos políticos
Un proceso electoral
A1 0-4 puntos
¿El actual jefe de gobierno u otra autoridad nacional importante fue elegido mediante elecciones libres y justas? 0 4
El presidente cumple mandatos de seis años y no está sujeto a límites de mandato. El actual presidente, Nicolás Maduro, obtuvo un tercer mandato consecutivo tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. A todos los principales candidatos de la oposición se les prohibió presentarse a las elecciones. Sin embargo, a finales de marzo, la principal alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pudo inscribir al diplomático retirado Edmundo González Urrutia, tras la inhabilitación de varias figuras prominentes de la oposición.
Tras las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria de Maduro, pero se negó a publicar los resultados completos ni el recuento de votos (un recuento en papel de cada máquina de votación utilizado para corroborar los resultados digitales del CNE). A finales de julio, la coalición opositora afirmó haber publicado en línea más del 80 % del recuento de votos. Estos recuentos, que mostraban a González como ganador de la presidencia con el 67 % de los votos, fueron recopilados legalmente por miembros de mesa certificados y testigos electorales voluntarios, y fueron considerados creíbles por numerosos analistas independientes.
El TSJ, afín al gobierno, denunció como falsificaciones los recuentos de votos publicados por la oposición y certificó la victoria de Maduro en agosto, pero no presentó datos electorales que respaldaran ninguna de las dos afirmaciones. En septiembre, las autoridades venezolanas emitieron una orden de arresto contra González, acusándolo de "conspiración, usurpación del poder y sabotaje", entre otros cargos. Posteriormente, González fue obligado a firmar un documento en el que reconocía la victoria electoral y huyó a España, donde obtuvo asilo.
Diversos analistas y observadores independientes coinciden en que las elecciones no fueron democráticas ni creíbles. La elección se vio afectada por el abuso de recursos gubernamentales por parte del presidente en ejercicio, la excesiva cobertura mediática que benefició la campaña de Maduro y las graves irregularidades en el recuento de votos. Los informes postelectorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, únicos observadores internacionales acreditados por el CNE, caracterizaron las elecciones como carentes de transparencia e integridad. En agosto, Juan Carlos Delpino, el único funcionario independiente del CNE, declaró públicamente que no existían pruebas que respaldaran las afirmaciones de victoria de Maduro; Delpino fue oficialmente destituido del CNE en octubre. Los gobiernos de más de 30 países y la Unión Europea (UE) finalmente reconocieron la victoria de González.
A2 0-4 puntos
¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 4
La Asamblea Nacional, unicameral, se elige por voto popular para un período de cinco años, mediante una combinación de votación mayoritaria y de representación proporcional. Los principales partidos de la oposición se negaron a participar en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2020, alegando el control del régimen sobre el CNE y los recientes intentos de sustituir a sus propios líderes. Una coalición liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 253 de los 277 escaños de la asamblea, según los resultados oficiales.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y elegida en 2015, continuó funcionando. En diciembre de 2024, el órgano volvió a votar a favor de extender su mandato, a pesar de las divisiones entre sus miembros.
Las elecciones regionales y locales celebradas en 2021 se vieron empañadas por el abuso de recursos estatales y la interferencia judicial a favor del gobierno. Los observadores de la UE se vieron obligados a abandonar el país y no se les permitió regresar para la publicación de su informe final en 2022.
A3 0-4 puntos
¿Son justas las leyes y el marco electoral y los aplican de manera imparcial los órganos de gestión electoral pertinentes? 0 4
El sistema electoral está fuertemente influenciado por la manipulación política y la interferencia institucional pro-PSUV. Durante 2024, el gobierno utilizó su control del aparato estatal para obtener una ventaja electoral indebida. Si bien el CNE, controlado por el PSUV, proclamó rápidamente a Maduro como ganador tras las elecciones de julio —una afirmación respaldada por el TSJ en agosto—, las autoridades no presentaron pruebas de la supuesta victoria de Maduro, a pesar de que las leyes exigen la publicación de los resultados completos. Las autoridades venezolanas atribuyeron el retraso a un presunto ciberataque al sitio web del CNE la noche de las elecciones.
Un informe postelectoral elaborado por observadores electorales del Centro Carter señala que el CNE “demostró un claro sesgo a favor del titular” durante todo el período electoral.
Aunque casi cinco millones de ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero pudieron votar en las elecciones presidenciales de julio, a la gran mayoría se le impidió registrarse. En marzo de 2024, el CNE abrió el proceso de registro en el extranjero durante aproximadamente un mes. Los venezolanos en el extranjero no habían podido registrarse para votar desde 2018, y aunque muchos intentaron hacerlo durante el plazo de un mes, el CNE introdujo nuevas y onerosas restricciones y denegó arbitrariamente el registro a millones de personas. Datos recopilados por la sociedad civil indican que, durante el plazo de registro, solo 508 votantes elegibles pudieron registrarse en todo el mundo.
B Pluralismo político y participación
B1 0-4 puntos
¿Tienen los ciudadanos el derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras agrupaciones políticas competitivas de su elección, y está el sistema libre de obstáculos indebidos al ascenso y caída de estos partidos o agrupaciones en competencia? 0 4
Si bien existen coaliciones y partidos de oposición, el gobernante PSUV utiliza recursos estatales, así como las fuerzas de seguridad y el poder judicial, para desmantelar a los partidos que desafían directamente su posición dominante. En los últimos años, el TSJ ha suspendido y reemplazado a los líderes de partidos de oposición, como Acción Democrática y Voluntad Popular. De los 34 partidos políticos que pudieron presentar candidatos para las elecciones presidenciales de 2024, solo tres pertenecían a la oposición.
Los líderes de la oposición han sido hostigados, atacados, encarcelados y se les ha impedido participar en los procesos políticos durante mucho tiempo. Antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024, los hoteles y restaurantes que atendían al equipo opositor cerraron tras visitas inesperadas de funcionarios financieros; la policía instaló retenes para impedir el paso a los líderes políticos; y más de 100 miembros del equipo de campaña de la oposición fueron detenidos. La represión política se intensificó después de las elecciones, y muchos políticos prominentes de la oposición fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos Freddy Superlano Salinas, Williams Dávila, Américo de Grazia y Biagio Pilieri.
Según el grupo de la sociedad civil Foro Penal, a finales de octubre de 2024 había 1.953 presos políticos en Venezuela, un aumento del 745 % con respecto al mismo período de 2023. Tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo detenciones masivas de disidentes sin órdenes judiciales en una iniciativa denominada "Operación Tun-Tun". Dos cárceles fueron acondicionadas especialmente para albergar a los presos políticos recién arrestados; según las autoridades venezolanas, se llevaron a cabo más de 2.400 detenciones en las dos semanas posteriores a las elecciones. Tras las elecciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó protección estatal para al menos 40 detenidos políticos cuyos derechos, según el organismo, corrían "riesgo de daño irreparable". Si bien algunos presos políticos fueron liberados a fines de año, continuaron los arrestos de presuntos disidentes, lo que mantuvo alto el número de presos políticos: casi 1.800 al final del año, según Foro Penal.
B2 0-4 puntos
¿Existe una oportunidad realista para que la oposición aumente su apoyo o gane poder a través de elecciones? 0 4
El descontento con el régimen de Maduro sigue siendo generalizado, pero el gobierno ha cortado prácticamente todas las vías de cambio político a nivel nacional y ha empleado diversas tácticas para crear divisiones dentro del movimiento opositor. Numerosos líderes prominentes de la oposición fueron objeto de prohibiciones arbitrarias de participar en las elecciones de 2024.
En junio de 2023, la líder opositora María Corina Machado fue inhabilitada para participar en las elecciones por motivos falsos, incluyendo supuestas irregularidades en una declaración de bienes que presentó en 2015 mientras era diputada. Machado, quien ganó las primarias opositoras de octubre de 2023, apeló la inhabilitación en diciembre, pero el TSJ la confirmó en enero de 2024, impidiéndole presentarse a las elecciones presidenciales de julio. Machado designó a Corina Yoris como su reemplazo en marzo, pero el gobierno impidió que Yoris se inscribiera; el PUD finalmente logró inscribir al diplomático retirado Edmundo González Urrutia ese mismo mes.
Las figuras de la oposición en el exilio a veces enfrentan un acoso constante por parte del gobierno de Maduro. En marzo de 2024, el fiscal general solicitó nuevas órdenes de captura internacionales contra los opositores Leopoldo López y Julio Borges, quienes se vieron obligados a exiliarse hace años.
B3 0-4 puntos
¿Las opciones políticas del pueblo están libres de la dominación de fuerzas externas a la esfera política o de fuerzas políticas que emplean medios extrapolíticos? 0 4
El régimen de Maduro se apoya en el ejército, las fuerzas paramilitares y el opaco apoyo de estados extranjeros para conservar el poder político. Los líderes militares han tomado el control de numerosos cargos, y Maduro ha seguido fortaleciendo la Milicia Bolivariana, una milicia civil de millones de personas fundada en 2008 para apoyar al ejército.
Por otra parte, grupos armados irregulares afiliados al Estado, conocidos como colectivos, cometen habitualmente actos de violencia contra la población civil y llevan a cabo acciones de intimidación respaldadas por el gobierno. En 2024, se informó de que los colectivos perpetraron numerosos ataques violentos contra disidentes y miembros de la oposición en el período previo a las elecciones presidenciales de julio, el mismo día de las elecciones y como parte de la represión poselectoral del régimen contra sus supuestos opositores.
En agosto, una misión de investigación de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela emitió una declaración exigiendo al gobierno que detuviera la creciente represión contra la oposición y los manifestantes antimaduro. La misión había advertido previamente en 2023 que el gobierno cometía sistemáticamente abusos contra los derechos humanos de los disidentes, lo que constituía una "política de represión" contra la oposición, y parecía reacio a cambiar.
En febrero de 2024, el exmilitar y disidente político Ronald Ojeda, quien huyó de Venezuela en 2017, fue secuestrado y asesinado en Chile. Las autoridades chilenas afirmaron que el crimen se había organizado desde Venezuela y se había llevado a cabo con la ayuda de bandas criminales. En los últimos años, algunos medios independientes han sugerido que el régimen de Maduro podría haber colaborado con organizaciones criminales internacionales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua para atacar y detener a disidentes políticos.
B4 0-4 puntos
¿Tienen los distintos segmentos de la población (incluidos los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y otros grupos relevantes) plenos derechos políticos y oportunidades electorales? 0 4
El dominio político del PSUV deja pocas oportunidades para que los grupos étnicos y de otro tipo defiendan sus intereses de forma independiente. La creciente represión de la disidencia por parte del régimen en los últimos años, en particular en el período previo a las elecciones presidenciales de julio de 2024, así como en los meses posteriores, ha reducido significativamente la capacidad de los grupos minoritarios y marginados —incluso aquellos con representación nominal en el gobierno— para defender sus intereses de forma significativa más allá de los objetivos electorales y políticos del PSUV.
Si bien varias mujeres ocupan altos cargos gubernamentales, existe una falta de debate político sobre temas que afectan principalmente a las mujeres. Casi ninguna persona abiertamente LGBT+ ocupa altos cargos políticos o gubernamentales en Venezuela. La primera diputada transgénero de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, miembro de Voluntad Popular, ocupó un escaño en la asamblea elegida en 2015 y se presentó a las primarias de la oposición en 2023. Los pueblos indígenas en Venezuela tienen una escasa representación política, y sus miembros tienen dificultades para llamar la atención del gobierno sobre sus preocupaciones.
Cambio de puntuación: La puntuación disminuyó de 1 a 0 porque un aumento general en la supresión de la disidencia ha reducido la capacidad de las mujeres, las personas LGBT+ y los grupos minoritarios étnicos y raciales de defender independientemente sus intereses políticos, incluso si estos segmentos de la población conservan alguna representación nominal en el gobierno o la legislatura.
C Funcionamiento del Gobierno
C1 0-4 puntos
¿El jefe de gobierno libremente elegido y los representantes legislativos nacionales determinan las políticas del gobierno? 0 4
Venezuela no funciona como una democracia representativa y el régimen de Maduro se ha vuelto cada vez más dependiente de la asistencia económica, médica, militar y de otros tipos de aliados extranjeros, en particular de los gobiernos de Rusia, Cuba, Turquía e Irán. Además, grupos guerrilleros de izquierda colombianos han aumentado su influencia en ciudades venezolanas cercanas a la frontera. Según investigadores de la ONU, el grupo guerrillero ELN opera en el estado de Bolívar y tiene un acuerdo con el gobierno para controlar la minería ilegal.
C2 0-4 puntos
¿Son fuertes y eficaces las salvaguardias contra la corrupción oficial? 0 4
La corrupción está muy extendida en Venezuela. Las políticas económicas del gobierno, en particular sus controles cambiarios y de precios, ofrecen importantes oportunidades para la actividad ilícita en el mercado y la colusión entre funcionarios públicos y redes del crimen organizado. Autoridades de jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, Panamá y la UE han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos por corrupción y otros delitos que no se investigan en Venezuela.
En abril de 2024, el exministro de petróleo Tareck El Aissami fue arrestado en el marco de una investigación por corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Antes de su renuncia, El Aissami era un alto cargo del régimen de Maduro que, según informes, había acumulado su propia base de poder. Algunos analistas creen que este caso no constituye un esfuerzo genuino por fortalecer los mecanismos anticorrupción, sino más bien un pretexto para que el régimen de Maduro persiga a sus oponentes políticos. Al menos tres personas detenidas en casos de corrupción que involucran a empresas estatales murieron en circunstancias poco claras o sospechosas entre abril de 2023 y abril de 2024.
Periodistas independientes han enfrentado persecución tras informar sobre corrupción.
C3 0-4 puntos
¿El Gobierno actúa con apertura y transparencia? 0 4
La transparencia en el gasto público es prácticamente nula. El régimen de Maduro ha omitido sistemáticamente publicar datos fiables sobre delincuencia y economía. Algunos líderes de la sociedad civil han argumentado que la falta de transparencia en torno a los datos oficiales impide la creación de políticas eficaces para combatir y prevenir problemas como la violencia doméstica y el maltrato infantil.
El CNE no ha publicado el recuento de votos de las elecciones de julio de 2024. Funcionarios del CNE han alegado que no pueden publicar estos datos, atribuyendo este hecho a un supuesto hackeo del sitio web del CNE, que ha estado inaccesible desde que se desconectó la noche de las elecciones.
Libertades civiles
D Libertad de expresión y de creencias
D1 0-4 puntos
¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 1 4
Los medios de comunicación operan en un entorno regulatorio y legal altamente restrictivo. A mediados de junio de 2024, el Colegio Nacional de Periodistas informó que al menos 405 medios de comunicación habían cerrado en los 20 años anteriores. Al menos 14 emisoras de radio se vieron obligadas a cesar sus operaciones durante 2024, y hasta agosto, más de 60 medios digitales habían sido bloqueados arbitrariamente, junto con al menos 9 sitios web que abordaban temas de derechos humanos. El régimen de Maduro mantiene una infraestructura mediática controlada por el Estado que promueve su programa político e ideológico.
Los periodistas independientes corren el riesgo de sufrir presiones gubernamentales, arrestos arbitrarios y violencia física. Muchos periodistas enfrentaron persecución o tuvieron que autocensurarse tras las elecciones presidenciales de 2024. Ocho periodistas fueron encarcelados por cubrir las protestas poselectorales; cinco fueron liberados en diciembre. El periodista Carlos Julio Rojas fue detenido en abril y acusado de conspirar para asesinar a Maduro. Informes independientes de organizaciones internacionales indican que a Rojas se le había negado el acceso a un abogado y se encontraba incomunicado a finales de año. Los periodistas extranjeros también fueron objeto de persecución, especialmente durante la campaña electoral presidencial y en el período poselectoral. En marzo, el canal en español del medio de comunicación alemán Deutsche Welle (DW) fue retirado de los proveedores de cable tras informar sobre un caso de corrupción.
La ONG Espacio Público documentó más de 400 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo censura e intimidación, durante los primeros ocho meses de 2024, la mayoría de las cuales se registraron en julio y agosto. Otra organización defensora de la libertad de prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), informó en agosto que, en una encuesta a 181 periodistas que emigraron de Venezuela, casi el 86 % afirmó haber emigrado debido a las restricciones a la libertad de información.
D2 0-4 puntos
¿Son los individuos libres de practicar y expresar su fe o no creencia religiosa en público y en privado? 3 4
Las garantías constitucionales de libertad religiosa se respetan en general, aunque las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana siguen siendo tensas. Según la edición de 2023 del Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de EE. UU ., existe un patrón de contenido antisemita en medios de comunicación afiliados al régimen y publicaciones en redes sociales. El informe también señaló que grupos católicos romanos y cristianos evangélicos han denunciado acoso, intimidación y represalias del gobierno contra sus miembros, incluidos miembros del clero. Sin embargo, en los últimos años, Maduro ha fortalecido sus vínculos con los grupos evangélicos y, en 2024, dedicó importantes recursos a obtener el apoyo electoral de los votantes evangélicos.
D3 0-4 puntos
¿Existe libertad académica y el sistema educativo está libre de un amplio adoctrinamiento político? 1 4
La libertad académica se ha visto sometida a una creciente presión en los últimos años, ya que los recortes presupuestarios y otros problemas de financiación han provocado una disminución de las capacidades de investigación en Venezuela, han socavado la autonomía de las universidades y han provocado un éxodo de académicos del país.
El régimen continúa ejerciendo influencia política sobre la dirección universitaria. En los últimos años, el TSJ ha suspendido las elecciones para puestos directivos en al menos dos universidades. En 2022, el TSJ suspendió parcialmente los resultados de las elecciones internas celebradas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor institución de educación superior del país, tras las derrotas de los candidatos oficialistas en todas las facultades y en 44 de las 49 escuelas.
D4 0-4 puntos
¿Son las personas libres de expresar sus opiniones personales sobre temas políticos u otros temas delicados sin temor a ser vigiladas o castigadas? 0 4
La libertad de expresión personal está gravemente restringida en Venezuela, debido en parte al efecto disuasorio de la extensa vigilancia gubernamental. La situación empeoró considerablemente durante 2024, cuando el régimen de Maduro reprimió cualquier disidencia percibida, tanto antes como después de las elecciones presidenciales de julio. Organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que el gobierno había incrementado sus medidas de vigilancia y censura digital en el período postelectoral, y numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar opiniones críticas sobre las elecciones en redes sociales. En agosto, el gobierno transformó VenApp, una plataforma respaldada por el régimen y creada en 2022 para denunciar problemas en los servicios públicos, para permitir que la ciudadanía reportara protestas políticas y disidentes a las autoridades.
Ese mismo mes, Maduro denunció WhatsApp, afirmando que la aplicación se utilizaba para amenazar al gobierno e instó a la ciudadanía a dejar de usarla. Posteriormente, las autoridades venezolanas anunciaron una investigación sobre personas que presuntamente habían enviado mensajes de odio antigubernamentales a través de la aplicación. Según informes, algunas instituciones públicas y empleadores han comenzado a monitorear grupos de WhatsApp en busca de disidencia política, lo que ha provocado el despido o la renuncia forzada de personas presuntamente críticas al gobierno.
Tras las elecciones presidenciales, se informó que las instituciones gubernamentales lanzaron una campaña de intimidación para mostrar al público las consecuencias de criticar al gobierno en redes sociales. La táctica incluyó la publicación de videos de arrestos y de detenidos disculpándose públicamente por criticar a Maduro. Otra táctica de intimidación, supuestamente utilizada en algunas zonas, consistió en que simpatizantes del régimen marcaran con una "X" negra las casas de quienes habían votado por la oposición o criticado al gobierno.
El gobierno también bloqueó varios sitios web después de las elecciones, incluida la plataforma de redes sociales X durante 10 días en agosto, así como varios servicios de transmisión populares.
Cambio de puntuación: La puntuación bajó de 1 a 0 porque los arrestos, la intimidación y otras represalias por expresar disenso aumentaron drásticamente después de las elecciones presidenciales, a menudo provocados por la vigilancia estatal de la actividad en las redes sociales o acusaciones de los vecinos.
E Derechos asociativos y organizativos
E1 0-4 puntos
¿Existe libertad de reunión? 0 4
Si bien está garantizada por la Constitución, la libertad de reunión está severamente restringida en la práctica y se sabe que ocurren enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, estallaron protestas masivas en toda Venezuela. Miles de personas salieron a las calles para cuestionar la afirmación infundada de victoria del presidente Maduro. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales respondieron a las protestas, mayoritariamente pacíficas, con un uso desproporcionado de la fuerza, realizando detenciones arbitrarias y utilizando gases lacrimógenos y munición real para dispersar a la multitud. Según las autoridades venezolanas, a mediados de agosto, más de 2.400 personas habían sido detenidas en relación con las protestas. Organizaciones venezolanas de derechos humanos han informado de la muerte de 24 personas durante las protestas; un informe de septiembre de Human Rights Watch consideró creíbles los informes y presentó pruebas que implicaban a agentes de seguridad del Estado en muchos de los asesinatos.
Las autoridades venezolanas también instaron a la población a denunciar a cualquier persona que hubiera participado en las protestas, deteniendo a presuntos manifestantes en sus domicilios durante las semanas y meses posteriores a las elecciones. Muchos manifestantes y personas acusadas de participar en manifestaciones antigubernamentales fueron imputadas arbitrariamente por delitos graves, incluido el terrorismo, y permanecían bajo custodia estatal al finalizar el año.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la represión de las protestas postelectorales como “escandalosamente brutal”.
E2 0-4 puntos
¿Existe libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular aquellas que realizan trabajos relacionados con los derechos humanos y la gobernanza? 1 4
El acoso, las amenazas y las sanciones legales y administrativas contra activistas de derechos humanos y ONG han aumentado en general en los últimos años. Según el Centro para la Defensa y la Justicia (CDJ), durante los primeros ocho meses de 2024 se registraron 782 ataques contra defensores y organizaciones de derechos humanos.
En enero de 2024, el gobierno ordenó el arresto de 14 personas, entre ellas la activista de derechos humanos Tamara Sujú y la periodista María Sebastiana Barráez, por su presunta participación en un complot para asesinar al presidente. En febrero, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que aboga por la supervisión civil de las fuerzas militares y de seguridad, y miembros de su familia fueron arrestados por cargos falsos de traición. San Miguel, quien fue arrestada justo antes de abordar un vuelo a Estados Unidos, permanecía bajo custodia estatal al final del año. También en febrero, 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que habían estado estacionados en Venezuela desde 2019 fueron expulsados del país. En agosto, la coordinadora de la organización civil Súmate, Nélida Sánchez, también fue arrestada; permanecía detenida al final del año.
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite al gobierno disolver las ONG si promueven el discurso de odio o el fascismo o si participan en actividades políticas. Amnistía Internacional condenó la ley, conocida como la ley anti-ONG, alegando que sus disposiciones ambiguas permitirían a las autoridades atacar arbitrariamente y sancionar de forma desproporcionada a las organizaciones de derechos humanos.
E3 0-4 puntos
¿Existe libertad para los sindicatos y organizaciones profesionales o laborales similares? 1 4
Los trabajadores tienen derecho legal a formar sindicatos, negociar colectivamente y hacer huelga, con ciertas restricciones a la capacidad de huelga de los trabajadores del sector público. El control de los sindicatos ha pasado de los líderes sindicales tradicionales, aliados con la oposición, a nuevas organizaciones de trabajadores, a menudo alineadas con el gobierno. Esta competencia ha contribuido a un aumento sustancial de la violencia laboral.
Entre 2013 y 2023, 120 líderes sindicales fueron arrestados, según la ONG venezolana de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), y un informe de 2022 del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) registró el asesinato de al menos 44 líderes sindicales entre 2015 y 2020. En enero de 2024, Víctor Venegas, presidente de un sindicato de docentes en el estado de Barinas, fue arrestado bajo cargos falsos de conspiración contra el gobierno. Fue liberado en marzo.
F Estado de derecho
F1 0-4 puntos
¿Existe un poder judicial independiente? 0 4
La politización del poder judicial, que aumentó drásticamente durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se ha acentuado aún más bajo el gobierno de Maduro. En 2022, la Asamblea Nacional, controlada por el PSUV, eligió a 20 nuevos jueces para el TSJ en virtud de una ley que redujo el número de jueces del tribunal, que antes era de 32. De los seleccionados, varios ya formaban parte del antiguo tribunal, lo que genera preocupación por la posibilidad de que violaran el mandato constitucionalmente limitado de 12 años. El TSJ ha emitido numerosas decisiones favorables al régimen de Maduro en los últimos años, y expertos de la ONU han criticado reiteradamente la falta de independencia del poder judicial.
En agosto de 2024, el TSJ certificó los resultados electorales del CNE, que identificaron a Maduro como el vencedor de las fraudulentas elecciones presidenciales de julio. En septiembre, una misión de investigación de la ONU en Venezuela emitió un informe que afirmaba que el poder judicial "sirve como un instrumento clave" en el plan del régimen para silenciar la disidencia política y social.
F2 0-4 puntos
¿Prevalece el debido proceso en asuntos civiles y penales? 0 4
Percibidos opositores al gobierno y al PSUV son detenidos y procesados rutinariamente sin el debido proceso, incluyendo civiles y militares que son llevados ante tribunales militares. Las víctimas de la violencia a manos del Estado carecen de una vía realista de reparación.
En agosto de 2024, una misión de investigación de la ONU a Venezuela informó que las autoridades habían violado gravemente el derecho al debido proceso de las personas detenidas arbitrariamente tras las elecciones presidenciales de julio. Las violaciones documentadas en el informe incluyen la imputación de delitos graves sin pruebas y la prohibición de que los detenidos elijan a su propia representación legal, entre otras medidas. En septiembre, la misión informó que el derecho al debido proceso de los detenidos se estaba violando sistemáticamente a un nivel sin precedentes.
F3 0-4 puntos
¿Existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y libertad frente a la guerra y las insurgencias? 0 4
Los venezolanos enfrentan inseguridad física y violencia proveniente de diversas fuentes, incluyendo grupos armados irregulares, fuerzas de seguridad y bandas organizadas. En abril de 2024, las ONG venezolanas de derechos humanos Provea y Foro Penal informaron que entre 2013 y 2023, la policía y las fuerzas militares habían llevado a cabo al menos 10.085 ejecuciones, 1.652 casos de tortura y 15.000 arrestos.
Grupos guerrilleros y organizaciones criminales colombianas continuaron operando en el lado venezolano de la frontera en 2024. Según un comunicado de prensa de junio de la ONG Fundaredes, más de 1.000 venezolanos han desaparecido a lo largo de la frontera desde 2019.
Las cárceles venezolanas se encuentran entre las peores de la región. Los centros de detención sufren un grave hacinamiento, así como malas condiciones sanitarias y de seguridad. Los pranes , o líderes de pandillas que operan desde las cárceles, coordinan libremente redes criminales en toda Venezuela. En junio de 2024, presos en 51 centros de detención iniciaron una huelga de hambre de varios días para protestar por las malas condiciones carcelarias y las demoras judiciales; la huelga finalizó después de que los presos y sus familias llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
F4 0-4 puntos
¿Las leyes, políticas y prácticas garantizan la igualdad de trato de los distintos segmentos de la población? 1 4
Las protecciones constitucionales contra la discriminación por razón de sexo, raza y otras características no se aplican adecuadamente en la práctica. Las mujeres siguen enfrentándose a importantes disparidades en educación, remuneración y empleo.
Los derechos de los pueblos indígenas, que representan el 2,5% de la población, están garantizados por la Constitución, pero su protección es deficiente. Los grupos indígenas a menudo sufren discriminación, explotación laboral, extorsión por parte de grupos militares y paramilitares, trata sexual y apropiación de tierras relacionada con la minería ilegal, lo que ha provocado la destrucción de los bosques y otros recursos naturales de los que dependen los residentes indígenas. Los indígenas venezolanos también experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas y a menudo enfrentan obstáculos para acceder a los servicios públicos.
Aunque la discriminación por orientación sexual está prohibida, las personas LGBT+ venezolanas se enfrentan a una intolerancia y violencia generalizadas. Según un informe reciente del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las personas LGBT+ son especialmente vulnerables a la discriminación y el abuso sexual en las cárceles venezolanas.
G Autonomía personal y derechos individuales
G1 0-4 puntos
¿Las personas gozan de libertad de movimiento, incluida la posibilidad de cambiar de lugar de residencia, empleo o educación? 2 4
La movilidad interna se ve limitada por las amenazas a la seguridad física en algunas zonas del país, y los venezolanos continúan huyendo al extranjero para escapar de la persecución política, la inseguridad y las crisis sociales y económicas que se superponen. Según la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un total de más de 7,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos habían salido del país hasta noviembre de 2024.
Tras las elecciones presidenciales de julio, el gobierno comenzó a cancelar los pasaportes de periodistas, activistas de derechos humanos, líderes políticos y otras personas venezolanas sin previo aviso ni justificación, lo que afectó su capacidad para entrar o salir de Venezuela. A partir de septiembre, los venezolanos que llegan al país por vía aérea ya no pueden ingresar con una cédula de identidad venezolana ni un pasaporte vencido, sino que deben presentar un pasaporte venezolano válido o documentos especiales de viaje. Los vuelos desde Venezuela a Panamá, República Dominicana, Perú y Chile se suspendieron al menos hasta septiembre, después de que estos países se negaran a reconocer la supuesta victoria electoral de Maduro.
G2 0-4 puntos
¿Pueden las personas ejercer el derecho a poseer propiedades y establecer negocios privados sin interferencia indebida de actores estatales o no estatales? 1 4
Los derechos de propiedad se han visto perjudicados por años de control de precios, nacionalización, sobrerregulación y corrupción. La confiscación ilegal de tierras y la extorsión por parte de grupos armados también siguen socavando los derechos de propiedad y la actividad empresarial privada.
G3 0-4 puntos
¿Disfrutan los individuos de libertades sociales personales, incluida la elección del cónyuge y del tamaño de la familia, la protección contra la violencia doméstica y el control sobre la apariencia? 2 4
Las libertades sociales personales relativas al matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos se respetan en general, pero los miembros de la comunidad LGBT+ todavía carecen de acceso igualitario a derechos fundamentales como el matrimonio legal, la adopción de hijos y el reconocimiento de la propia identidad de género.
La tasa de mortalidad materna ha aumentado drásticamente en los últimos años. El aborto es ilegal a menos que la vida de la paciente corra peligro, lo que lleva a muchas mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos, inseguros e insalubres, o a buscar abortos en el extranjero.
Una ley de 2007 se diseñó para combatir la violencia contra las mujeres, pero la violencia doméstica y la violación siguen siendo comunes. Utopix, una ONG venezolana que defiende los derechos de las mujeres, registró 201 feminicidios en 2023. Mujeres que han sido presas políticas han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo violencia sexual, amenazas de violación y desnudez forzada.
G4 0-4 puntos
¿Gozan los individuos de igualdad de oportunidades y de libertad frente a la explotación económica? 0 4
La prolongada crisis económica del país ha dejado a la población extremadamente vulnerable a la trata de personas y la explotación laboral. Mujeres, niñas y niños también son víctimas de trata sexual dentro y fuera de Venezuela.
(*) Franz von Bergen Granell:
Experto en comunicación y gestión de redes sociales. Graduado de periodismo con mención summa cum laude con masters en Ciencia Política y Comunicación Política e Institucional. Más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, consultoras, ONGs e instituciones públicas. Responsable de Comunicación Digital y de producción de contenidos audiovisuales. Autor del libro Auge y declive de la hegemonía chavista, un análisis de la organización y visión partidista del chavismo desde 1998.
Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias
FUENTE: >>https://codigolatinoeeuu.blogspot.com/2025/03/registran-cada-acto-que-muestra-caida.html
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
REDES: Twitter: @SigatokaNegra1 ; Instagram: @sigatokanegra ; Canal Telegram: @NoticiaSigatokaVenezuela ; Email: sigatoka.negra@yandex.com ; Tumblr: sigatokanegra
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.