Dossier de Investigación: Redes de Corrupción en los Sectores Militar y Judicial de Venezuela

En Venezuela, las redes de corrupción en los sectores militar y judicial se manifiestan a través del abuso de poder y el desvío de recursos. En el ámbito militar, esto incluye la concentración de control en áreas ajenas a la defensa y el uso de la jurisdicción militar contra la disidencia. En el judicial, la corrupción se refleja en delitos cometidos por funcionarios, como la extorsión y la arbitrariedad.

1.0 El Deterioro del Honor Institucional en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

La percepción sobre la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en un punto crítico, sin consenso público o evidencia que respalde la existencia de un cuerpo con honor institucional incuestionable. El análisis de la erosión de valores como el profesionalismo y la disciplina es estratégicamente indispensable para comprender la permeabilidad de la institución a la corrupción y su

subordinación al poder político.

Dentro de la FANB opera una calculada ambigüedad estratégica entre la doctrina oficial y la realidad práctica. El régimen aprovecha el discurso del honor, plasmado en manuales y actos oficiales, como una fachada de legitimidad institucional. Simultáneamente, la práctica de una lealtad explícita al gobierno de Nicolás Maduro, las denuncias de corrupción y las divisiones internas aseguran el control político sobre la institución. Esta dualidad permite al Estado proyectar una imagen de orden castrense mientras neutraliza la autonomía militar.

Las tensiones internas son tan manifiestas que el propio presidente Maduro ha hecho referencia a una "quinta columna" y a la vulnerabilidad frente a traiciones. Esta admisión evidencia un entorno donde los intereses personales y las pugnas políticas priman sobre una cohesión basada en el mérito profesional. Aunque la estructura superior se presenta como garante del orden, el descontento latente en los mandos medios y bajos constituye un factor de inestabilidad persistente.

En síntesis, la instrumentalización política y los señalamientos de corrupción han vaciado de contenido la noción de honor institucional, erosionando la percepción de la FANB como institución profesional y consolidando su rol como instrumento de control político del régimen.

2.0 Corrupción Estructural en la FANB: Casos y Modalidades

La corrupción en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no constituye una serie de incidentes aislados, sino un fenómeno estructural que compromete la seguridad nacional y el monopolio de la fuerza del Estado. La evidencia documentada apunta a un patrón de conducta delictiva que involucra a miembros de la institución en todos los niveles, degradando su integridad operacional y su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales.

El modus operandi más significativo se ha registrado en el Arco Minero del Orinoco. Según hallazgos de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, miembros de la FANB están directamente implicados en actividades criminales en esta región estratégica. Su participación incluye la extorsión a mineros y la colusión con grupos armados ilegales. Un mecanismo clave de su poder es el control monopólico sobre la distribución de insumos críticos como el combustible y el mercurio, lo que les otorga un apalancamiento decisivo sobre toda la cadena de explotación. Este esquema se traduce en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

Más allá de la minería, se han documentado nexos militares en tramas de corrupción a gran escala vinculadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras empresas estatales. Estas redes involucran a altos oficiales en esquemas de sobornos, desvío de recursos y manipulación de contratos que ascienden a miles de millones de dólares, evidenciando el control que ciertos sectores de la FANB ejercen sobre áreas clave de la economía para su enriquecimiento ilícito.

Organizaciones como Transparencia Venezuela y otras fuentes de inteligencia han sistematizado los principales patrones de conducta corrupta, entre los que destacan:

• Transporte de equipos para minería ilegal, facilitando la logística de operaciones criminales.
• Peculado y asociación para delinquir, mediante el desvío de fondos y recursos públicos.
• Control de la minería ilegal para la obtención de ingresos ilícitos directos.
• Tráfico y extorsión como prácticas institucionalizadas en ciertos sectores bajo control militar.

La contundencia de esta evidencia demuestra que la corrupción estructural dentro de la FANB ha generado un ecosistema de impunidad que solo puede ser abordado eficazmente a través de investigaciones internacionales.

3.0 La Dimensión Internacional: Investigaciones y Denuncias

Ante la documentada ausencia de investigación y sanción por parte del Estado venezolano, los mecanismos internacionales se han convertido en el principal recurso para exponer las redes de corrupción y las violaciones de derechos humanos que involucran a la FANB. La labor de organismos multilaterales, la cooperación judicial y el trabajo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) ha sido fundamental para documentar una realidad que el sistema de justicia nacional ignora deliberadamente.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) de la ONU ha sido central en este esfuerzo. Sus informes han documentado con rigor la alianza corrupta en el Arco Minero entre militares, cuerpos de seguridad y grupos armados irregulares, así como las graves violaciones de derechos humanos asociadas, como ejecuciones extrajudiciales y torturas. Crucialmente, la MDH instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a considerar estos hallazgos en sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, elevando sus informes de una denuncia a evidencia potencial en un proceso penal internacional. Asimismo, la Misión ha documentado el rol de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la perpetración de torturas, y ha señalado la masacre de Tumeremo (2016) como un ejemplo del patrón de impunidad.

Paralelamente, la cooperación judicial internacional y la labor de las ONGs complementan este trabajo. Investigaciones coordinadas entre distintos países han permitido rastrear redes transnacionales de lavado de dinero y tráfico de oro vinculadas a la FANB. Informes de observatorios como Transparencia Venezuela visibilizan los patrones de abuso de poder, generando presión internacional para que se investigue y sancione a los responsables.

Estas investigaciones internacionales, si bien enfrentan obstáculos significativos, han logrado señalar a funcionarios específicos y exponer la magnitud de la corrupción, superando el muro de impunidad que prevalece dentro de Venezuela.

4.0 Actores Implicados: Perfiles y Acusaciones

La opacidad del sistema judicial venezolano y la impunidad sistémica obstaculizan la identificación exhaustiva de todos los funcionarios implicados. Sin embargo, inteligencia de fuentes abiertas y hallazgos de misiones internacionales permiten delinear los perfiles de actores clave. Los implicados operan dentro de una estructura simbiótica donde oficiales militares controlan las economías ilícitas, funcionarios civiles como Joselit Ramírez gestionan los flujos financieros y operadores judiciales garantizan la impunidad, demostrando un enfoque de corrupción que abarca todo el sistema.

Funcionarios Militares y Civiles

• Altos Oficiales de la FANB: Informes internacionales han vinculado a diversos oficiales de alto rango con la corrupción en el Arco Minero del Orinoco. Se les acusa de colusión directa con grupos criminales para la explotación de recursos y el control territorial.
• Joselit Ramírez: Como exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), ha sido implicado en investigaciones por corrupción a gran escala, representando un nexo clave entre el poder civil y las tramas de desvío de fondos.
• "Club de los 35": Denominación que refiere a una red de militares y empresarios acusada de operar esquemas de corrupción y tráfico ilícito, evidenciando la existencia de estructuras organizadas para el enriquecimiento a costa del Estado.

Operadores del Sistema Judicial

El sistema de justicia, lejos de ser un contrapeso, es un facilitador de la corrupción. Investigaciones nacionales han expuesto a fiscales y jueces implicados en redes de extorsión y protección de grupos delictivos. En el estado Carabobo, las acusaciones han sido particularmente específicas, señalando a:

• Miguel José Durán Trejo: Fiscal superior del estado Carabobo.
• Ángel Betancourt Martínez: Juez.
• Yaritza Yileida Godoy: Jueza.

El caso de Carabobo sirve como un ejemplo paradigmático de la infiltración de la corrupción en el sistema judicial y de la respuesta del propio Estado para intentar purgar sus filas.

5.0 Caso de Estudio: La Operación Anticorrupción en el Sistema Judicial de Carabobo (2025)

La operación anticorrupción ejecutada en el estado Carabobo en 2025 constituye un caso de estudio relevante, pues evidencia tanto la profundidad de la corrupción judicial como los esfuerzos del Ministerio Público por realizar una "limpieza" interna. El análisis de este evento plantea interrogantes sobre su naturaleza: si representa un esfuerzo genuino de reforma, una purga de rivales internos o una acción performativa para gestionar la percepción pública.

Como resultado de la operación, al menos 14 fiscales y jueces fueron detenidos e imputados por su presunta participación en una red de extorsión y tráfico de influencias.

La figura central del caso es Miguel José Durán Trejo, quien ocupaba el cargo de fiscal superior del estado. Su perfil y los cargos en su contra revelan el abuso de una posición de alta responsabilidad.

Perfil Profesional	Cargos Imputados
Exfiscal superior del estado Carabobo con una carrera consolidada en el Ministerio Público.	- Obstrucción de la justicia<br>- Beneficios económicos indebidos<br>- Retraso intencional en funciones<br>- Uso de información reservada<br>- Asociación ilícita

El perfil de los otros funcionarios detenidos es similar: profesionales con larga permanencia en el sistema judicial regional y en cargos de responsabilidad. Entre los implicados se encuentran los fiscales Pedro Amaya y Freddy Franco, acusados de mantener comunicación ilícita con abogados y criminales para favorecer causas a cambio de beneficios económicos, lo que ilustra el mecanismo directo de la corrupción.

Este caso de estudio demuestra la existencia de una compleja estructura de colusión dentro del poder judicial, donde funcionarios con trayectorias consolidadas utilizaron su autoridad para operar al margen de la ley.

6.0 Patrones y Consecuencias de la Corrupción Institucionalizada

Este dossier ha recopilado evidencia que confirma que la corrupción en los estamentos militar y judicial de Venezuela no es una anomalía, sino un fenómeno estructural. Las prácticas corruptas responden a patrones organizados que han permeado las más altas esferas del poder, desviando a estas instituciones de su propósito fundamental.

El patrón transversal más significativo es la simbiosis entre la corrupción militar y la judicial, que opera como un circuito cerrado de criminalidad e impunidad. El estamento militar controla y se beneficia de economías ilícitas, como la del Arco Minero, mientras que el sistema judicial cooptado proporciona un escudo legal que neutraliza la justicia y garantiza la protección de estas redes criminales.

Las consecuencias de esta corrupción institucionalizada son devastadoras. En el ámbito militar, degrada el prestigio de la FANB y su capacidad operativa. En el plano social, erosiona el Estado de derecho, destruye la confianza ciudadana y perpetúa un ciclo de violaciones a los derechos humanos, como ha sido rigurosamente documentado por la Misión de la ONU.

En última instancia, mientras la doctrina oficial mantiene un discurso de legalidad y honor, la evidencia apunta a un desvío sistémico del propósito ético de dos instituciones clave para la gobernanza del país. La corrupción ha creado una realidad paralela donde el servicio público es reemplazado por el enriquecimiento ilícito, con un impacto profundo y duradero para la estabilidad de Venezuela.

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FUENTE: >>Elena Garcia

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