*EXIGENCIA DELDESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO Y DE JUSTICIA INSTRUMENTALIZADA EN VENEZUELA:*
La salida de Nicolás Maduro del ejercicio del poder no puede interpretarse ni implementarse como un hecho aislado ni suficiente para garantizar una transición democrática real. Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la permanencia intacta del aparato represivo del régimen venezolano constituye una violación continuada de las obligaciones internacionales del Estado, en particular aquellas derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura.
Durante más de una década, Venezuela ha operado bajo un sistema institucional cooptado, en el cual órganos que deberían garantizar justicia, legalidad y protección de derechos —la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales ordinarios— han sido utilizados de forma sistemática para criminalizar la disidencia política, legitimar detenciones arbitrarias y encubrir graves violaciones de derechos humanos. Este sistema ha funcionado como un mecanismo estructural de represión, al que en análisis previos se ha denominado “Tribunales del Terror”, por su rol activo en la generación de miedo y control social.
Resulta particularmente preocupante que, en el discurso del presidente de los Estados Unidos del 3 de enero, posterior a la extracción de Nicolás Maduro, no se haya hecho referencia alguna a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su ilegítimo mandato ni a su responsabilidad como parte de una estructura de poder delincuencial calificada de narco terrorista llamada Cartel de los Soles, lo que originó la acción militar de EEUU en el Caribe y la extracción de Maduro. La omisión de estos elementos contradice el principio de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reconocido por el derecho internacional.
Diversos mecanismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y ONG especializadas han documentado un patrón generalizado y sistemático de represión estatal en Venezuela. Entre 2014 y 2025 se registraron aproximadamente 18.600 detenciones por motivos políticos, más de 300 personas fallecidas en contextos de protestas, al menos 25 muertes bajo custodia del Estado, múltiples casos documentados de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como desapariciones forzadas de corta y larga duración. Tras los acontecimientos poselectorales de julio de 2024, según el propio Maduro, 1.200 personas fueron detenidas arbitrariamente de las cuales 1.000 permanecen privadas de libertad y más de 30 son adultos mayores, recluidos en centros penitenciarios caracterizados por condiciones incompatibles con las Reglas Mandela.
A pocos días de la extracción, fue detenida una pareja de adultos mayores de 62 y 63 años, en el estado Mérida por celebrar dicha acción.
En este contexto, el desmantelamiento integral del aparato represivo del régimen venezolano constituye una obligación jurídica inmediata, no una opción política.Mientras subsistan los cuerpos de seguridad y de inteligencia responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias —incluidos organismos policiales y militares no será posible garantizar una transición democrática ni el restablecimiento del Estado de derecho.
Asimismo, cualquier proceso de estabilización política debe incluir, como medidas urgentes y verificables:
- *la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos(civiles y militares), sin medidas restrictivas posteriores ni procesos judiciales viciados;*
- *el cese definitivo de la práctica conocida como “puerta giratoria”, identificada por organismos internacionales como una forma de intimidación colectiva;*
- *la reforma profunda e independiente del sistema de justicia, con garantías de separación de poderes y rendición de cuentas.*
La persistencia del aparato represivo, aun tras la salida del jefe del régimen, implica una continuidad material de las violaciones y compromete la responsabilidad internacional del Estado.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, no puede haber paz sostenible sin justicia, ni transición legítima sin garantías de no repetición.
Hoy Nicolás Maduro ya no está, pero la represión se ha intensificado. *Mientras ese aparato siga intacto, no habrá transición, no habrá justicia y no habrá democracia.*
*Por El Comité de DDHH de Pensionados y Jubilados:*
Edgar Silva
9-1-2026
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FUENTE: >>Edgar Silva
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