Una de las fortalezas del sistema democrático es la de legitimar sus decisiones de gobernabilidad política de Estado mediante procesos electorales con la aprobación y voluntad de las mayorías. No siempre, los resultados son los convenientes, esperados y justos; sin embargo, el sistema ofrece la posibilidad de reparar las equivocaciones o decisiones desacertadas en consultas posteriores. Mientras mayor educación y conciencia ciudadana tengan los pueblos, mayores posibilidades de aciertos tendrán. En esto juega mucho, la calidad del voto.El pasado domingo, como se había previsto, se realizó cívicamente el plebiscito de paz de Colombia que tenía como objetivo aprobar o desaprobar el acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana después de 52 años de guerra. Una insubordinación civil armada que causó más de 220.000 muertes entre civiles y militares, sin contar los incapacitados dejados por este terrible flagelo bélico doméstico.
Un proceso negociado por el Gobierno de Colombia y las FARC durante 46 meses en Cuba. Según el gobierno de Santos, el componente guerrillero es de 10.500: 8.500 de las FARC y 2000 del ELN.
Los colombianos decidieron con el 50,2% rechazar los acuerdos de paz; mientras un 49,7% se decantó por el “Si”, con una abstención de más del 60%. Un resultado evidentemente muy estrecho, una diferencia de apenas de un 0,5% (62.000 votos) que, incluso, ninguna encuesta supo predecir.
Sí se puede hablar de ganadores, no me cabe duda, el triunfador político de esta jornada electoral resultó ser el expresidente Álvaro Uribe, defensor del “No”.
Otro ejercicio de expresión de voluntad política soberana de la sociedad colombiana. Igual, vale la mención y reconocimiento al poder electoral de ese país por organizar el plebiscito en 33 días con autonomía, independencia, eficiencia y transparencia; conduciendo un proceso manual, descentralizado por departamento, para que a las dos horas de cerrada la votación ya se tuvieran publicados los resultados de más del 90% de las mesas escrutadas.
Uribe, líder del partido Centro Democrático, centró la campaña del “No” en criticar los acuerdos de La Habana en cuanto a la participación en política de los líderes guerrilleros y el hecho de que ninguno pagará cárcel siempre y cuando reconozca sus crímenes. En otras palabras, rechazó categóricamente la impunidad; además fue coherente en torno a la política de Seguridad Democrática que debilitó las FARC durante su gobierno, y donde el actual presidente Santos fue su ministro de Defensa.
La guerrilla sigue siendo muy impopular entre los colombianos por los daños materiales y humanos durante todo este tiempo de conflicto armado, y de alianza con el narcotráfico, negocio que les ha garantizado la supervivencia en la selva y sus combates frente al Estado colombiano.
Si algo ha de reconocerse a Santos, la decisión de convocar a un referéndum para validar el pacto de La Habana; pues él podía haberlo ejecutado sin consulta alguna, tenía la potestad constitucional para hacerlo, y no lo hizo. El tiempo le ha dado la razón, si tomamos en cuenta el dictamen popular del 2 de octubre.
¿Qué hacer ahora? Ante una votación que habla de las profundas divisiones que hay entre los colombianos, una polarización política, en dos mitades casi iguales, que obligan tanto al gobierno como a la oposición a dar una lectura correcta y oportuna. No es hora de victoriosos o de perdedores, el pueblo colombiano les ha enviado “un mensaje a García” muy claro y contundente “pónganse de acuerdo”. Ambos sectores tienen algo en común y así lo demostraron en la campaña, su compromiso por la paz. La diferencia fundamentalmente radica en el destino político de los líderes de las guerrillas y la justicia de los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad. Amanecerá y veremos.
Presidente del Ifedec Capítulo Bolívar @renenunez51