Entender la salud, es percibir la vida ante toda consideración posible y razonable. Pero no sólo desde una perspectiva emocional. También desde lo que implica su concepto como acepción social. Aunque no por ello, escapa de todo enfoque que pueda considerarla como praxis política o responsabilidad económica. Al menos, así cabe visualizarla toda vez que su esencia compromete acciones de gobierno.
Es así que la salud acarrea compromisos económicos. No solo porque al fin de todo, el hombre es un ser cuya movilidad encaja con consideraciones que adquieren sentido en el plano social tanto como en el ámbito político. Asimismo, en el plano jurídico y en el terreno económico. Tan mayúscula complejidad, caracteriza al individuo en su comportamiento colectivo. Igualmente, en lo personal toda vez que su efecto lo compromete consigo mismo y con su entorno.
Entonces, comprender la salud, no es asunto de simple sumatoria. O de mera multiplicación entre fracciones de igual denominador. Es sobre todo, trascender dimensiones que superan límites que determinan conexiones de recíproca comunicación entre contextos que muchas veces suelen mostrarse en contrario.
Que si bien es un derecho reconocido constitucionalmente, es razonable. No obstante al mismo tiempo, y es lo que con dificultad se advierte y reconoce, es un evento que no sólo cimienta la posibilidad de vivir a satisfacción tanto de las demandas biológicas del ser humano, como de las necesidades que son propias del hombre en virtud de anhelos espirituales y de desarrollo emocional. Por esa razón, justamente, su reconocimiento se convierte en un problema que no siempre es admitido desde los enfoques de la política y de la economía. Aunque asimismo, desde la óptica de la sociología, la filosofía, la historia, la psicología, la antropología y demás disciplinas que estudian al hombre en su integralidad y desarrollo humano.
Cualquier problema que intente trabar esta realidad, debería sortear los embates por los que atraviesa la existencia del hombre al momento que se debate entre la vida y la muerte. Razón ésta que exalta y exhorta la salud como proceso al igual que como estado. Y particularmente, como valor. Pero también, cualquier problema que busque obstruir esta verdad, igualmente pudiera adoptar la forma epistémica necesaria para internarse por las profundidades del análisis cognitivo. Y seria esa ruta, la vía por la cual mejor podría transitar a fin de interpretar la complejidad que se halla debajo de tan prolífico concepto como el que describe la “salud” del hombre.
De ahí que la salud involucra tantos ámbitos de la vida que podrían resumirse en la conjugación de los tres más significativos y de mayor alcance epistemológico y filosófico. O sea, la economía, la política y todo lo que implica el mundo social donde el hombre circunscribe su vida física.
Aunque al discurrir político, al que llevan las circunstancias políticas al momento de trazar las orientaciones por las que ha de regirse una nación, con la precariedad de la materia, denomina: Derechos Sociales y de las Familias. Es el caso Venezuela toda vez que la Constitución de la República sancionada en Diciembre de 1999, así destaca lo que da cuenta de la debilidad conceptual que sostiene el concepto de “Salud”. Basta con atender lo descrito en el artículo 83 constitucional, principalmente, para advertir el carácter lacónico con el cual se maneja dicho concepto.
Sin duda que de tal fragilidad conceptual, se aprovecha el ámbito político para encauzar cualquier decisión cuya interpretación queda reducida a un flácido compromiso que, lamentablemente, desconoce la amplitud que envuelve tan profundo término. Razón ésta por la cual el Estado venezolano no se ha sentido con el compromiso que demanda la comprensión y atención de tan vasto concepto. De haber sido debidamente entendido y atendido, las realidades fueran otras. Así se habría contado con los derechos y razones propias que le habrían insuflado el valor moral que corresponde al concepto de “salud”. Con ello, se habría garantizado una calidad de vida cónsona con lo que implica el Estado de Bienestar que se plantea como condición y soporte conceptual de lo que recoge el hecho de proteger y resguardar la salud del venezolano.
A este respecto, vale apuntar un breve análisis sobre lo que hasta hoy ha sido la incidencia del CoronaVirus. Sobre todo, en virtud de la concepción de “salud” como valor implícito que de la mismo se tiene en Venezuela desde el año 2000. Así es posible desentrañar la postración en la que se encuentra la salud, al tiempo que su comprensión se subordinó a intereses ideológicos que se prestaron como criterios jurídicos para estructurar el exiguo concepto configurado en el texto trazado constitucionalmente.
Es por tanto que cabe una consideración, aunque breve, sobre la aterradora pandemia ocasionada por el intempestivo y dantesco virus conocido como CoronaVirus. Ésta, que por igual apaleó mortalmente gruesos sectores de población del mundo entero, ha sido cual remedo -algo estructurado- del apocalipsis bíblico. Aún cuando no se configuró con la misma violencia de sus jinetes desbocados, dicha pandemia hizo del mundo un escenario tan infausto por la mortalidad causada, que puso en evidencia gruesos desarreglos conceptuales que actuaron como azarosas justificaciones para que gobiernos del mundo desarrollado demostraran fallas y carencias en sus ejecutorias. Fallas y carencias éstas que expusieron importantes procesos económicos y posturas de la economía –mayormente- al escarnio social.
Fue así como el alto gobierno chino, luego de la caída bursátil que provocó el reconocimiento de dicha crisis dada su condición letal y de pronóstico incierto en empresas extranjeras asentadas en la República Popular China, ordenó su compra. De esa manera, la economía china, lejos de verse abatida a consecuencia de tan tenaz problema, ha buscado asegurar su recuperaración. En tal proporción, que podría convertirse en una gigantesca potencia mundial financiera e industrial. Muy por encima de economías que hasta hace poco podían imponerse a sus anchas.
Sin embargo, pese a que esta pandemia ha provocado rebotes de la economía en un sentido remedial, también habrá que admitir que otras economías habrán de salir oprimidas dado la recesión causada a consecuencia de las contingencias que tal calamidad ha incitado. Recesión ésta que habrá alcanzado buena parte del mundo. Referido esto con otras palabras, la susodicha crisis internacional busca enfundar los efectos que pueden inducirse sin poder evitarlos pues dicha pandemia ha coincidido con serios problemas económicos que han desatado reticencias en operaciones tan sensibles pero incisivas como las que tienen lugar dentro del mercado petrolero mundial. Asimismo se advierten bruscas e inesperadas caídas de los precios del petróleo, que ocurren en medio de una conjurada guerra de precios entre mercados disímiles.
En Venezuela, por ejemplo, es posible que se susciten problemas económicos que darán cuenta del recrudecimiento de la depresión económica que viene viéndose en los últimos años. Y sería aún peor, pues se verá avivada por una merma en la capacidad de la acción del sector privado. Aunque habrá que sumar ésta, a dificultades producidas por la crisis de los servicios públicos arrastrada por la crisis económica y política que venía padeciendo el país.
A esta altura del análisis, cabe preguntarse: ¿dónde quedó el carácter magnánimo de la Carta Magna con el cual reviste el significado de “SALUD”? En principio, pudiera inferirse que debajo de ella sólo subsiste una intención política que transluce un grotesco populismo cuyo acento demagógico permea una indignante controversia que conduce a una retórica que no termina de descifrar hacia quienes apuntan los beneficios señalados como elementos del sistema público de salud. La ambigüedad propia del discurso populista, supera cualquier expectativa que pueda manejarse ante el grandilocuente discurso utilizado para justificar una redacción que sólo obnubila ilusos y furibundos desentendidos del ejercicio de la política.
El enmarañamiento de términos que contravienen la noción de valores políticos, confunde la lectura de los artículos constitucionales 83, 84, 85 y 86, contemplados en la sección: De los Derechos Sociales y de las Familias. Y es porque los mismos buscan asirse a ideales que motivan un horizonte cargado de un realismo mágico. Ni siquiera alcanzan a darle formalidad a una verdadera política sanitaria, pues sus implicaciones no tienen condición para formular una política pública en su forma más contextual. Mucho menos, de cara a las necesidades, penurias y carencias que clama la población.
Escasamente el papel social que compromete el significado de “salud”, pudiera decirse que cumple con el sentido por el cual se rige su trazado explicativo. Y de algún modo, implica el financiamiento correspondiente a través de un presupuesto el cual no siempre termina de satisfacer las solicitudes de las instituciones públicas que comportan el ámbito “salud” del venezolano. Queda pues a instancia de los hechos, seguir revisando a los fines de constatar hasta dónde es la Salud: ¿un valor social, político o económico?
Antonio José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
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