Menuda tarea tienen las instituciones responsables del arbitraje. Hacer respetar el marco legal vigente es condición para que las otras reglas aplicables en el proceso electoral se acaten.
Edmundo Jacobo Molina
Telón de Fondo
El pasado jueves la SCJN, al derogar el llamado plan B, cerró un capítulo de la trama electoral, lo que es de reconocerse y festejarse. Sin embargo, el libro sigue abierto al menos por lo que hace a las reglas que deben seguirse en los procesos electorales, esos que ya están en curso aunque las leyes digan otra cosa, y respecto a cuándo y bajo qué condiciones se reabrirá la deliberación sobre el cambio a dichas reglas.
Afirmo que es de reconocer y festejar la decisión de la Corte en virtud de que reconduce las intentonas de reformas electorales al orden jurídico, al Estado de derecho. No es una cuestión menor, no se trata de conservadurismos, se trata del corazón mismo de la vida en democracia. Hemos luchado contra las arbitrariedades para constituir un andamiaje de leyes que ampare a todos por igual, y a eso es a lo que llamamos justicia.
El marco de normas sociales puede cambiarse, faltaba más, pero en tanto se trata del contrato que nos permite convivir civilizadamente, a sabiendas de nuestros derechos y responsabilidades, debe implicar un estudio cuidadoso y responsable de quienes nos representan. Más allá de mayorías se debe considerar la diversidad y privilegiar el consenso, ya que en ello se corre la suerte del respeto a la norma y su correcta aplicación, y más aún, como es el caso, cuando se trata de las reglas para la contienda política, para la convivencia social.
Cuán equivocados están los que afirman que “por encima de la ley debe estar la justicia”, ese sin duda es un falso dilema, la justicia y su aplicación si no tiene un marco normativo conocido y consensuado deviene en arbitrariedad y su mayor expresión se encuentra en aquella frase “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
De esa trascendencia es la decisión de la Corte, no tuvo que entrar al fondo, el sólo análisis del procedimiento llevó a que la mayoría del pleno considerara que los proyectos de reforma a leyes, normas de carácter general, deben exponerse y estudiarse con el debido cuidado por quienes votaron su aprobación, cuestión que a todas luces no sucedió.
Pero implicó además, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, un freno a los riesgos para la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones y en general los riesgos para la democracia que las pretendidas reformas constitucionales y legales implicaban. Conocemos muchos incidentes de incertidumbre e inestabilidad en nuestra historia, cuando los resultados de comicios electorales son cuestionables y el conflicto no concluye con la resolución jurisdiccional.
Lo que hoy rige para el proceder político-electoral es el marco constitucional y legal convenido en 2014, ese con el cual se han organizado exitosamente más de 330 elecciones y con el cual se organizarán las próximas, en las que estarán en juego más de 20 mil cargos de gobierno y representación. Esto es alentador.
Afirmo también que, a pesar de la decisión de la Corte, en los hechos todos los actores políticos retarán sistemáticamente las decisiones de las autoridades electorales y jugarán más allá del límite de lo permitido.
La cuestión es por demás delicada, están los que, desde mi punto de vista, rompieron las reglas y haciendo fraude a la ley adelantaron los tiempos electorales y quienes, en aras de no quedarse atrás, de equilibrar la balanza, proceden a lo mismo. Las razones políticas están a la vista, la legalidad en duda.
Menuda tarea tienen las instituciones responsables del arbitraje. Ejercer en estos momentos su autoridad y hacer respetar el marco legal vigente, es condición necesaria para que aquellas otras reglas (normas, resoluciones y sanciones) aplicables a las venideras etapas del proceso electoral, se acaten.
Momento crítico de un proceso electoral que aún no inicia. Mal si lo escrito hasta ahora en la materia no se va a cumplir, pésimo si las autoridades electorales no dan certeza y definen con claridad el derrotero y hacen valer su legítima potestad.
Otros capítulos serán los que vengan después de la jornada del 2 de junio, la calificación de las elecciones, y la ya anunciada nueva intentona de reforma electoral. De eso iremos comentando.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
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FUENTE: >>https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/edmundo-jacobo/2023/06/26/despues-del-plan-b/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=El+candidato+de+la+oposici%C3%B3n&utm_campaign=ef-opinion-260623&vgo_ee=2uJHlNG21O9v9VW4DzVhZAu%2FBjUbV3tBbT7t3P9FujdcsRrWNmdm5y0%3D%3AiewupjDsP77FPMbEqBZcFbhZNlcC1Ff4
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