Siguen llegando a Colombia, desde Venezuela, nacionales de nuestra tierra, solos o acompañados y hasta en familia.
Huyen ellos del país con la más alta inflación del mundo, con instituciones públicas carentes de solvencia internacional y hasta con una investigación pendiente en la Corte Penal Internacional. Lo hacen, no solo por la reacción que desde el poder se tiene contra opiniones discordantes, sino también por la existencia de salarios de hambre para buena parte de quienes allí residen, así como por la imposibilidad de acceder a un sistema público de salud de mediana calidad, pues este fue acabado este siglo 21, ello sin mencionar los altos costos de la atención médica privada que le imposibilita a la mayor parte de los habitantes del país, acceder a ese servicio.
Esta nueva oleada, la mayoría de ella no censada por el Estado colombiano porque el registro de migrantes irregulares está cerrado y solo protegió a quienes al país habían llegado hasta el 31 de enero de 2021, estimo es la más necesitada de ayuda internacional y de generosidad en la acogida, pero, lamentablemente, eso no está ocurriendo.
Pensemos por ejemplo, en el caso de las familias con hijos menores de edad.
Ciertamente que, en el estado actual de la normativa colombiana, estos últimos tienen derecho a la regularización a través del Permiso por Protección Temporal –PPT- independientemente de la forma migratoria como hubieren ingresado al país, pues ellos, acogiendo la normativa internacional y los términos de la Constitución Política, son sujeto de especial protección, pero no pasa igual con sus padres.
Así entonces ocurre que, mientras los muchachos están identificados en el país y son formados en las instituciones educativas colombianas, sus padres, por su condición migratoria irregular, están impedidos de trabajar legalmente o realizar actividad lucrativa alguna por cuenta propia o ajena; obvio es decirlo que, en caso de afectaciones de salud, esos padres solo podrán ser atendidos en caso de emergencia –la que por cierto solo califica el médico-, en tanto que no pueden abrir cuentas en bancos para consignar el dinero que con esfuerzo pudieren producir, corriendo con ello el riesgo que implica tenerlo en el hogar o en manos de terceras personas.
De tal manera que, esas familias están en permanente zozobra pues los muchachos no tienen certeza de que sus padres puedan mantenerlos, así como permanecer en el país dada su irregularidad migratoria. A eso se enfrentan.
Uno comprende que Colombia ha sido impactada por la situación venezolana; admite que ese impacto no es reconocido internamente en Venezuela pues quienes allí gobiernan consideran que no es cierta la cifra de migrantes nuestros internacionalmente anunciadas, pero también estima que, ante esa situación, lo menos conveniente al país es cerrar los ojos y dejar pasar el tiempo.
Los latinoamericanos tenemos la característica de hablar –solo hablar- de mucha hermandad, pero al momento de adoptar decisiones políticas, las autoridades de los países de nuestra comunidad son, por lo general, más cautelosos.
Hemos sido incapaces de convenir en la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, el libre tránsito de personas entre los distintos países del continente; cada uno, a su manera, pone trabas que, ciertamente, minimizan cuando se hacen tratados bilaterales o multilaterales, pero que no representan a la generalidad de los países del continente. Esos acuerdos de libre tránsito, sin embargo, no resuelven el problema que genera el migrante.
Este lo hace por una sola razón: mejorar económicamente; nadie sale de su tierra voluntariamente –abandonando afectos, dejando atrás recuerdos y quizás propiedades- a pasar trabajo. Lo hace porque estima que en el país de destino sus condiciones de vida –y las de su familia que con el viaje o aquellos que se queden en el país de origen- mejorarán con su esfuerzo. Ciertamente que ello es posible aún en condición de irregularidad migratoria, pero nadie dude que sería mucho mejor para todos que esa situación no existiera.
Hemos sido reiterativos sosteniendo en estas columnas que identificar al migrante es una ventaja para el país de acogida y hoy no será la excepción.
Conocer quien llega, qué sabe hacer y tener la posibilidad de redireccionarlo al lugar donde sus habilidades y aptitudes sean más beneficiosas al desarrollo nacional, es una ventaja invaluable para un gobierno que esté convencido de ello. Esa persona que llegó trae un bagaje personal que a la tierra de llegada nada le costó y que probablemente puede aportarle mucho. Eso, lamentablemente, se está desperdiciando en Colombia pues han transcurrido veintiséis (26) meses sin que se sepa quien llegó a esta tierra de Nariño y Caldas.
Pero es lo cierto también que esa persona aquí está; que compite con el colombiano por puestos de trabajo en condición desventajosa para este pues, el empresario, a los efectos de maximizar rentabilidad, probablemente preferirá retribuir el trabajo que le presta un irregular, por menos del salario mínimo -aún a riesgo de multas del Estado-, que pagar cuando menos el salario mínimo y esa decisión, nadie lo dude, genera involuntaria xenofobia en aquel que, reuniendo los requisitos para optar a la posición, se ve desplazado no por aptitud, sino por condición migratoria.
Poco ayuda al país una migración irregular. Adoptar las decisiones políticas conducentes para minimizar o, porqué no, eliminar definitivamente la misma, sería lo más beneficioso para todos. Colombia bien pudiere plantearse esa política pensando hacia el futuro, en una eventual reciprocidad dada los recursos humanos que requerirá la recuperación económica venezolana.
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FUENTE: >>https://www.gacetaregional.com/sitegr/drama-incomprensible/
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