Transformar el discurso en derechos en acción concreta es el verdadero desafío.
En América Latina, la idea de que los derechos humanos deber ser el eje de las políticas públicas no solo es un ideal abstracto, sino una respuesta concreta, realista, a las necesidades y aspiraciones cotidianas de millones de personas desde el Río Bravo hasta la Patagonia, e incluso, en EEUU y Canadá.
En ese sentido, el documento "Ganar Derechos", auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, traduce esta visión en lineamientos prácticos, para que los Estados diseñen, implementen y evalúen sus políticas desde la perspectiva de derechos, no desde la lógica del asistencialismo o la mera gestión técnica.
¿Por qué este enfoque resulta relevante para el común de las personas? Porque vincula con demandas reales, trato digno, acceso a servicios esenciales, posibilidad de reclamar y ser escuchado, y, de suma importancia, participación en las decisiones que afectan nuestras vidas a diario.
Es menester recordar, que en la región la historia ha estado marcada por desigualdades profundas y exclusiones persistentes. Por tanto, la apuesta por políticas públicas basadas en derechos no es sólo un cambio de discurso o una ocurrencia del IPPDH, sino una transformación de fondo en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
El documento resalta la importancia de abrir canales para que la ciudadanía participe en la definición, ejecución y control de las políticas públicas. Por ejemplo, en varios municipios de la región se han implementado presupuestos participativos, donde las comunidades deciden directamente sobre el destino de parte de los recursos públicos, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y el control democrático. Porque, a fin de cuentas, se trata de fortalecer el sistema democrático.
Cuando las personas ven que pueden acceder a servicios de salud eficientes, sin discriminación, que sus hijos tienen garantizada una educación de calidad, que existen mecanismos para reclamar frente a abusos o deficiencias, y que su voz cuenta en la toma de decisiones, la percepción sobre la gobernanza mejora de manera tangible.
No se trata solo de estadísticas, de indicadores huecos, de narrativas efectistas, de planes o programas cabales técnicamente, es la experiencia diaria de que el Estado responde y rinde cuentas, de que los derechos no son promesas lejanas, sino realidades palpables. Esencia del enfoque en cuestión.
Por supuesto, persisten desafíos en: poner en agenda enfoques como este, la coordinación institucional, la asignación de recursos y la superación de prácticas discriminatorias arraigadas. No obstante, los avances logrados evidencian que, cuando el enfoque de derechos humanos se convierte en guía de la acción pública, los resultados son más inclusivos, sostenibles y legítimos.
En palabras del propio documento, "pensar las políticas desde los derechos que se busca promover y garantizar, contribuye a mejorar las intervenciones del Estado Social, y a la vez ayuda a la construcción de una ciudadanía activa y exigente". Así, este enfoque deja de ser un postulado teórico, para convertirse en una herramienta concreta de transformación, alineada con expectativas y necesidades reales.
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