Venezuela: Soberanía y Derechos Humanos – Un Principio Fundamental

El Dilema entre Soberanía y Derechos Humanos

La relación entre la soberanía estatal y los derechos humanos ha sido, y sigue siendo, un campo de debate complejo y a menudo polarizado en el derecho internacional y las relaciones exteriores. Históricamente, el principio de soberanía ha sido el pilar fundamental del sistema westfaliano, otorgando a los Estados la autoridad exclusiva sobre sus asuntos internos sin interferencia externa. Sin embargo, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha introducido una dimensión ética y legal que desafía esta prerrogativa absoluta, postulando que el trato a los ciudadanos dentro de las fronteras de un Estado no es meramente un asunto interno, sino una preocupación legítima de la comunidad internacional.

Para Venezuela, un país con una rica historia de afirmación de su independencia y autodeterminación, esta tensión es particularmente palpable. La política exterior venezolana, así como su discurso interno, ha puesto un énfasis significativo en la defensa de su soberanía frente a lo que percibe como injerencias externas, especialmente de potencias occidentales. Simultáneamente, el país ha suscrito y ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos, comprometiéndose teóricamente a respetar y proteger las garantías fundamentales de sus ciudadanos. La pregunta fundamental que emerge, y que este artículo explorará en detalle, es: ¿Cuál es el principio fundamental que rige la posición de Venezuela en relación con su soberanía y los derechos humanos?

Este artículo argumentará que, para Venezuela, el principio fundamental que rige esta relación es la no injerencia en los asuntos internos, interpretada bajo el prisma de la soberanía como un escudo protector contra la intervención externa, incluso cuando se invocan preocupaciones de derechos humanos. Si bien Venezuela reconoce formalmente la existencia de obligaciones en materia de derechos humanos, su narrativa y sus acciones sugieren una primacía de la soberanía estatal que a menudo se traduce en una resistencia a la supervisión internacional y a la crítica sobre su desempeño en derechos humanos, percibidas como ataques a su autonomía.

Esta postura no es estática ni monolítica; ha evolucionado a lo largo de las diferentes administraciones y contextos geopolíticos. No obstante, una constante ha sido la renuencia a aceptar que la soberanía pueda ser limitada o condicionada por obligaciones de derechos humanos de una manera que justifique la intervención o la condena internacional. Se analizará cómo este principio se manifiesta en la retórica oficial, la legislación interna y la política exterior venezolana, así como sus implicaciones para la protección y promoción de los derechos humanos en el país. El análisis buscará comprender las raíces históricas y políticas de esta posición, y cómo se articula en el contexto actual de complejas dinámicas internas y presiones internacionales.

La Soberanía como Pilar Inquebrantable de la Doctrina Venezolana

La noción de soberanía ha sido una piedra angular en la identidad nacional y la política exterior de Venezuela desde su independencia. Enraizada en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, la defensa de la autodeterminación se ha convertido en un principio casi sagrado. Esta perspectiva se ha visto reforzada a lo largo del siglo XX y XXI, particularmente en el contexto de las relaciones con Estados Unidos y otros actores internacionales percibidos como hegemónicos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 1, establece claramente que Venezuela es "irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Bolívar". El artículo 5 subraya que "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que la integran". Estos artículos reflejan una profunda convicción de que la soberanía es una expresión de la voluntad popular y un derecho inalienable de la nación.

Desde la perspectiva venezolana, la soberanía implica la capacidad del Estado para tomar decisiones internas sin coacción ni presión externa. Esto se traduce en una fuerte objeción a cualquier forma de injerencia, ya sea política, económica o militar, bajo el argumento de que tales acciones socavan la autodeterminación del pueblo venezolano. En este sentido, las críticas o las acciones tomadas por organismos internacionales, incluso en el ámbito de los derechos humanos, son a menudo interpretadas como intentos de vulnerar esta soberanía. La narrativa oficial tiende a presentar cualquier escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país como parte de una campaña orquestada para desestabilizar al gobierno legítimamente constituido y, en última instancia, atentar contra la soberanía nacional.

Esta concepción de la soberanía no es meramente una cuestión legal o teórica; impregna la retórica política y se convierte en un elemento central de la identidad nacional. La defensa de la soberanía se equipara con la defensa de la patria y la dignidad del pueblo. Cualquier desafío a la misma es visto como un acto hostil, lo que genera una polarización en el discurso y dificulta el diálogo sobre temas sensibles como los derechos humanos.

Es importante señalar que esta insistencia en la soberanía no es exclusiva de Venezuela. Muchos países en desarrollo, con historias de intervenciones extranjeras, comparten una preocupación similar por la preservación de su autonomía. Sin embargo, en el caso venezolano, la intensidad de esta retórica y su aplicación en el ámbito de los derechos humanos son particularmente notorias. La primacía de la soberanía se convierte en un argumento esgrimido para justificar la resistencia a la implementación de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, o para desacreditar los informes que documentan violaciones, calificándolos de parciales o motivados políticamente. Este enfoque, aunque arraigado en principios históricos y constitucionales, plantea desafíos significativos para el escrutinio internacional y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos.

Los Derechos Humanos en la Política Venezolana: Reconocimiento Formal y Cuestionamientos

A pesar del énfasis en la soberanía, Venezuela es un Estado parte de un amplio número de instrumentos internacionales de derechos humanos. Ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Esta adhesión formal implica un reconocimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el compromiso de incorporar estos principios en su ordenamiento jurídico interno. La Constitución de 1999 dedica un capítulo completo a los derechos humanos y garantías, y establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional, prevaleciendo en algunos casos sobre la ley interna.

Sin embargo, la implementación de estas obligaciones y el respeto a los derechos humanos en la práctica han sido objeto de significativas críticas por parte de organismos internacionales, ONGs y diversos gobiernos. Las preocupaciones se han centrado en una amplia gama de derechos, incluyendo:
Derechos Políticos: Alegaciones de inhabilitaciones políticas arbitrarias, falta de garantías para la participación política de la oposición, y cuestionamientos sobre la transparencia y equidad de los procesos electorales.
Libertad de Expresión y Prensa: Restricciones a la libertad de prensa, cierre de medios de comunicación, detenciones de periodistas y uso de leyes para limitar la crítica al gobierno.
Libertades Civiles: Alegaciones de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, desapariciones forzadas, y limitaciones al derecho de reunión pacífica.
Derechos Económicos y Sociales: La grave crisis económica ha generado un deterioro significativo en las condiciones de vida, afectando el derecho a la alimentación, la salud, la educación y el acceso a servicios básicos.
Independencia Judicial: Preocupaciones sobre la falta de independencia del poder judicial y su presunta instrumentalización para perseguir a opositores políticos.

Ante estas críticas, la respuesta oficial de Venezuela ha sido consistente en invocar el principio de soberanía y no injerencia. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otras instancias son frecuentemente rechazados como parciales, politizados o basados en información sesgada. Se argumenta que estos organismos actúan bajo la influencia de intereses geopolíticos que buscan desestabilizar al país. Esta postura defensiva, aunque comprensible desde una perspectiva de soberanía absoluta, dificulta la posibilidad de un diálogo constructivo y la implementación de recomendaciones que podrían mejorar la situación de los derechos humanos.

La tensión entre el reconocimiento formal de los derechos humanos y la primacía de la soberanía se resuelve, en la práctica venezolana, a favor de esta última. Esto no implica una negación explícita de los derechos humanos per se, sino una interpretación que subordina su supervisión y aplicación a la autoridad exclusiva del Estado, limitando la legitimidad de la injerencia externa incluso cuando se trata de violaciones graves.

Conclusión: La Soberanía como Barrera y el Desafío de la Protección de Derechos

El análisis de la posición de Venezuela en relación con su soberanía y los derechos humanos revela que el principio fundamental que rige esta relación es la primacía innegociable de la soberanía estatal como un escudo contra la intervención externa, incluso cuando las preocupaciones de derechos humanos son invocadas por la comunidad internacional. Este principio, arraigado en la historia de la nación y plasmado en su Constitución, se interpreta de tal manera que cualquier escrutinio externo sobre su desempeño en derechos humanos es percibido como una injerencia en sus asuntos internos y una amenaza a su autodeterminación.

Mientras que Venezuela ha ratificado un amplio corpus de tratados internacionales de derechos humanos, lo que teóricamente la compromete a respetar y proteger estas garantías, la práctica demuestra una marcada resistencia a aceptar la supervisión o las críticas internacionales. La narrativa oficial consistentemente presenta cualquier preocupación sobre derechos humanos como parte de una agenda política más amplia destinada a desestabilizar el gobierno. Esta postura defensiva, si bien comprensible desde una óptica de preservación de la autonomía nacional, ha llevado a un deterioro en las relaciones con organismos internacionales y a un cuestionamiento persistente sobre la voluntad real del Estado para abordar las violaciones de derechos humanos.

La invocación constante de la soberanía como una barrera contra el escrutinio internacional tiene profundas implicaciones. Por un lado, permite al gobierno mantener un control interno estricto sobre la narrativa y las respuestas a las acusaciones de violaciones de derechos. Por otro lado, y quizás de manera más preocupante, puede socavar la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Si las preocupaciones externas son sistemáticamente desestimadas por ser injerencistas, se reduce el espacio para el diálogo constructivo, la cooperación internacional y la implementación de reformas necesarias.

El desafío para Venezuela, y para la comunidad internacional, reside en encontrar un equilibrio entre el respeto a la soberanía de los Estados y la responsabilidad colectiva de proteger los derechos humanos. Si bien la soberanía es un pilar fundamental del orden internacional, no puede ser un pretexto para eludir las obligaciones de derechos humanos que el propio Estado ha asumido voluntariamente. La doctrina de la "responsabilidad de proteger" (R2P), aunque controvertida y limitada en su aplicación, surge precisamente del reconocimiento de que la soberanía conlleva una responsabilidad primordial de proteger a la población de crímenes atroces. Aunque la situación en Venezuela no ha sido catalogada bajo el paraguas de R2P, el debate subyacente sobre la soberanía versus la protección de derechos humanos es el mismo.

En última instancia, la posición de Venezuela refleja una interpretación particular de la soberanía en la que la autonomía estatal prevalece sobre la posibilidad de injerencia, incluso cuando se argumenta en nombre de los derechos humanos. Hasta que no haya una voluntad política de reevaluar esta primacía y abrirse a una mayor colaboración y escrutinio internacional, la protección efectiva de los derechos humanos en Venezuela seguirá siendo un desafío significativo, atrapado en la tensión entre un principio fundamental de autodeterminación y las expectativas universales de respeto a la dignidad humana.

Por: Alan Brito.
Venezolano Cosciente

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FUENTE: >>Alan Brito

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