Los jueces, guste o no, son los árbitros de los conflictos y sus decisiones, si bien pueden discutirse en estrados y fuera de estos, deben respetarse. Si ello no ocurre, se le abre al sistema de justicia un boquete por el cual, a la larga, se perderá la democracia y de eso sabemos en Venezuela.
Entiendo que si una persona comete delitos en su pais y este lo ubica en otro, lo lógico seria intentar el procedimiento de extradición, lo que normalmente conlleva detencion, pero si aquel no resulta favorable a la nación solicitante de dicha medida, la persona debe ser liberada, sin que ello implique disgusto para ninguno de los dos países interesados. Quedaría en todo caso, al país donde la persona se encuentra extrañarlo de su territorio, solo si la legislación respectiva lo permite.
Criticar a un juez porque se intuye sesgos en sus decisiones en virtud de la circunstancia de las eventuales simpatías políticas del mismo, solo es posible hacerlo si hay certeza evidente de la parcialidad del funcionario, tal como es obvio, lamentablemente, en alguno de nuestros países latinoamericanos, especialmente en casos con connotaciones políticas, dada la intromision del poder ejecutivo en la designación de los jueces y hasta en otros poderes.
Las normas que protegen el debido proceso están pensadas para garantizar este a toda persona. Ciertamente que de ellas se valen quienes contrarian la ley, pero es indiscutible que, mientras no exista sentencia en contra, la presunción de inocencia que a cada quien ampara según la respectiva legislación, se mantiene incólume y debe ser por todos respetada.
El problema de aceptar incumplir una orden judicial por la circunstancia que el afectado por el desconocimiento de la misma, se presuma a ojos del público, culpable, conlleva la posibilidad de que mañana, una decisión favorable a usted, que se sabe inocente, sea desconocida, generando así, todos los perjuicios posibles.
Quienes creemos en la democracia y aspiramos que ella perdure y se fortalezca en los países donde hacemos vida, debemos advertir sin dilación, el eventual desconocimiento de decisiones judiciales por parte del Estado o la intromision de los otros poderes públicos o fácticos en sus decisiones. De no hacerlo sépase que se corre el riesgo de terminar presos injustamente, muertos o desterrados, tal como ocurre con nacionales de países como Nicaragua, Cuba o Venezuela donde es obvia la sumisión del poder judicial al ejecutivo.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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