Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y su comparecencia inicial, dos días después, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ha ido tomando fuerza una inquietud creciente en los círculos jurídicos y de seguridad nacional de Estados Unidos: ¿se está desarrollando el proceso penal en una jurisdicción potencialmente expuesta a sesgos ideológicos, a la nulificación del jurado o incluso al riesgo de un jurado sin veredicto? La pregunta no es menor. En causas de alto impacto político y geopolítico, la experiencia demuestra que la sede del juicio puede resultar tan determinante como la solidez de la prueba presentada por la fiscalía.
Un cambio de jurisdicción
El derecho procesal federal contempla la posibilidad de trasladar un juicio cuando existen razones fundadas para dudar de la imparcialidad del jurado. La Regla 21 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal permite el cambio de sede si la defensa o la fiscalía demuestran que «existe un prejuicio tan grande contra el acusado en el distrito actual que no puede obtenerse un juicio justo». Históricamente, los tribunales han sido prudentes, pero no renuentes, a mover procesos cuando la exposición mediática, el clima político local o la composición ideológica del distrito amenazan la neutralidad.
En procesos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de armas de guerra y asociación criminal transnacional, como los que enfrenta Maduro, el estándar se eleva un poco más, porque no basta la popularidad o impopularidad del acusado, sino la probabilidad real de que convicciones políticas del jurado interfieran con la aplicación estricta de la ley federal.
Nueva York es, sin ambages, una de las jurisdicciones más progresistas del país. La afiliación al Partido Demócrata domina ampliamente el padrón electoral de la ciudad; en elecciones recientes, candidatos demócratas han superado con holgura el 70–80 % del voto en varios distritos. A ello se suma una presencia significativa —aunque minoritaria— de corrientes de izquierda organizada, como los Democratic Socialists of America y grupos vinculados al Partido Comunista de los Estados Unidos, cuya sede histórica y mayor actividad se concentran precisamente en la Gran Manzana.
No existen cifras públicas granulares y actualizadas por ciudad sobre la membresía comunista; sin embargo, estimaciones recientes sitúan la membresía nacional del CPUSA en el orden de decenas de miles, con Nueva York como su principal distrito. Este dato, por sí solo, no invalida un juicio; sí adquiere relevancia cuando el acusado es presentado por sectores ideológicos como símbolo «antiimperialista» o como víctima de la política exterior estadounidense.
Precedentes incómodos
Aunque los tribunales desaconsejan explícitamente la nulificación, el fenómeno existe y se ha manifestado con mayor frecuencia en jurisdicciones urbanas progresistas. En la última década, jurados han absuelto a acusados pese a evidencia sustantiva, motivados por desacuerdo moral con la ley o por simpatía con la causa política del imputado. Casos relacionados con drogas pre-legalización, protestas ambientales o disturbios políticos ilustran cómo la ideología puede filtrarse en la deliberación.
El caso de los acusados por disturbios durante la investidura presidencial de 2017 en Washington D. C. —otra jurisdicción abrumadoramente demócrata— terminó en absoluciones generales en el primer juicio y en el retiro posterior de cargos. En Portland y otras ciudades de perfil similar, jurados se inclinaron por absolver activistas ambientales invocando la «necesidad moral». Estos antecedentes no prueban que ocurra lo mismo en un proceso por narcoterrorismo, pero sí demuestran que la nulificación no es una reliquia histórica.
Maduro ante un jurado neoyorquino: el riesgo específico
El riesgo no es que un jurado neoyorquino simpatice masivamente con Maduro, sino que una minoría ideológicamente cohesionada pueda bloquear la unanimidad requerida, produciendo un jurado sin veredicto o forzando un juicio nulo. Basta un solo jurado decidido a no condenar por rechazo a la política antidrogas, a la estrategia antiterrorista o a la figura del presidente Donald Trump, para frustrar años de investigación federal.
En un juicio de esta magnitud, el costo institucional de un proceso fallido sería enorme, ya que daría oxígeno político al chavismo, alimentaría narrativas de persecución y debilitaría la credibilidad de la justicia estadounidense en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Alternativas viables: distritos con menor carga ideológica
Otros distritos federales —como el Distrito Sur de Florida, el Distrito Este de Virginia o incluso Texas— presentan jurados más diversos ideológicamente y una historia más extensa de procesamiento de casos de narcotráfico internacional. La propuesta de un traslado no puede interpretarse como una decisión técnica para blindar el veredicto frente a cuestionamientos futuros, aunque los seguidores de Maduro, los simpatizantes de izquierda y los opositores de la política antidrogas de Trump pueden catalogarlo como una decisión política relevante e, inclusive, inaceptable.
En todo caso, la ley permite evaluar seriamente un cambio de jurisdicción en el caso Estados Unidos vs. Nicolás Maduro bajo el argumento de reconocer que la politización extrema del entorno puede convertirse en una variable de riesgo y aclarando ante el juez Alvin Hellerstein que la argumentación no se basa en desconfiar de Nueva York como bastión judicial en Estados Unidos. El asunto sería poner como verdad incuestionable que en caso de Maduro no está en juego la credibilidad del Estado de derecho frente al narcoterrorismo global, pero sí preocupa la imparcialidad de los posibles miembros del jurado.
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FUENTE: >>https://www.epochtimes.es/news/puede-cambiarse-la-jurisdiccion-del-juicio-contra-nicolas-maduro-29372.html
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Un cambio de jurisdicción
El derecho procesal federal contempla la posibilidad de trasladar un juicio cuando existen razones fundadas para dudar de la imparcialidad del jurado. La Regla 21 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal permite el cambio de sede si la defensa o la fiscalía demuestran que «existe un prejuicio tan grande contra el acusado en el distrito actual que no puede obtenerse un juicio justo». Históricamente, los tribunales han sido prudentes, pero no renuentes, a mover procesos cuando la exposición mediática, el clima político local o la composición ideológica del distrito amenazan la neutralidad.
En procesos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de armas de guerra y asociación criminal transnacional, como los que enfrenta Maduro, el estándar se eleva un poco más, porque no basta la popularidad o impopularidad del acusado, sino la probabilidad real de que convicciones políticas del jurado interfieran con la aplicación estricta de la ley federal.
Nueva York es, sin ambages, una de las jurisdicciones más progresistas del país. La afiliación al Partido Demócrata domina ampliamente el padrón electoral de la ciudad; en elecciones recientes, candidatos demócratas han superado con holgura el 70–80 % del voto en varios distritos. A ello se suma una presencia significativa —aunque minoritaria— de corrientes de izquierda organizada, como los Democratic Socialists of America y grupos vinculados al Partido Comunista de los Estados Unidos, cuya sede histórica y mayor actividad se concentran precisamente en la Gran Manzana.
No existen cifras públicas granulares y actualizadas por ciudad sobre la membresía comunista; sin embargo, estimaciones recientes sitúan la membresía nacional del CPUSA en el orden de decenas de miles, con Nueva York como su principal distrito. Este dato, por sí solo, no invalida un juicio; sí adquiere relevancia cuando el acusado es presentado por sectores ideológicos como símbolo «antiimperialista» o como víctima de la política exterior estadounidense.
Precedentes incómodos
Aunque los tribunales desaconsejan explícitamente la nulificación, el fenómeno existe y se ha manifestado con mayor frecuencia en jurisdicciones urbanas progresistas. En la última década, jurados han absuelto a acusados pese a evidencia sustantiva, motivados por desacuerdo moral con la ley o por simpatía con la causa política del imputado. Casos relacionados con drogas pre-legalización, protestas ambientales o disturbios políticos ilustran cómo la ideología puede filtrarse en la deliberación.
El caso de los acusados por disturbios durante la investidura presidencial de 2017 en Washington D. C. —otra jurisdicción abrumadoramente demócrata— terminó en absoluciones generales en el primer juicio y en el retiro posterior de cargos. En Portland y otras ciudades de perfil similar, jurados se inclinaron por absolver activistas ambientales invocando la «necesidad moral». Estos antecedentes no prueban que ocurra lo mismo en un proceso por narcoterrorismo, pero sí demuestran que la nulificación no es una reliquia histórica.
Maduro ante un jurado neoyorquino: el riesgo específico
El riesgo no es que un jurado neoyorquino simpatice masivamente con Maduro, sino que una minoría ideológicamente cohesionada pueda bloquear la unanimidad requerida, produciendo un jurado sin veredicto o forzando un juicio nulo. Basta un solo jurado decidido a no condenar por rechazo a la política antidrogas, a la estrategia antiterrorista o a la figura del presidente Donald Trump, para frustrar años de investigación federal.
En un juicio de esta magnitud, el costo institucional de un proceso fallido sería enorme, ya que daría oxígeno político al chavismo, alimentaría narrativas de persecución y debilitaría la credibilidad de la justicia estadounidense en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Alternativas viables: distritos con menor carga ideológica
Otros distritos federales —como el Distrito Sur de Florida, el Distrito Este de Virginia o incluso Texas— presentan jurados más diversos ideológicamente y una historia más extensa de procesamiento de casos de narcotráfico internacional. La propuesta de un traslado no puede interpretarse como una decisión técnica para blindar el veredicto frente a cuestionamientos futuros, aunque los seguidores de Maduro, los simpatizantes de izquierda y los opositores de la política antidrogas de Trump pueden catalogarlo como una decisión política relevante e, inclusive, inaceptable.
En todo caso, la ley permite evaluar seriamente un cambio de jurisdicción en el caso Estados Unidos vs. Nicolás Maduro bajo el argumento de reconocer que la politización extrema del entorno puede convertirse en una variable de riesgo y aclarando ante el juez Alvin Hellerstein que la argumentación no se basa en desconfiar de Nueva York como bastión judicial en Estados Unidos. El asunto sería poner como verdad incuestionable que en caso de Maduro no está en juego la credibilidad del Estado de derecho frente al narcoterrorismo global, pero sí preocupa la imparcialidad de los posibles miembros del jurado.
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