(Caracas, 26 de febrero de 2026).
La renuncia del Fiscal General y del Defensor del Pueblo abre una coyuntura institucional determinante para el sistema de justicia venezolano. No se trata únicamente de un relevo de autoridades, sino de una oportunidad para corregir graves déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos.
Durante la gestión de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público y de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos. Estos patrones han sido documentados por la FFM_ONU @UNHumanRights , la @OACNUDH y la @CIDH.
En este contexto, el MP tenía la obligación jurídica de actuar con debida diligencia reforzada en la investigación de violaciones graves. La ausencia de investigaciones estructurales eficaces frente a patrones documentados de violaciones configura responsabilidad por omisión cuando la autoridad competente, teniendo conocimiento de hechos graves y capacidad para actuar, no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar.
La DdP, por su parte, tenía el mandato constitucional de prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias. La inacción sistemática frente a situaciones de riesgo y la minimización pública de denuncias comprometieron el cumplimiento de ese mandato y degradaron su calificación ante la comunidad internacional.
La renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales. La rendición de cuentas es una condición para la no repetición. Ambos funcionarios tendrán que aclarar, en un futuro, su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Alertamos que la designación de Devoe como Fiscal “encargado” y Saab como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos. El artículo 24 de la Ley Orgánica del MP establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal o la Vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del Defensor, según la Ley Orgánica de la DdP, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución.
Ante este nuevo escenario, hacemos las siguientes exigencias:
1) Un proceso de selección transparente y verificable,
2) Criterios mínimos de idoneidad e independencia
3) Plan inmediato de reforma institucional
4) Compromiso con estándares internacionales
5) Evaluación de actuaciones pasadas
La renovación del MP y de la DdP no puede reducirse a un cambio de nombres. Debe representar una transformación real en la manera en que el Estado responde frente a violaciones de DDHH.
Ratificamos que la legitimidad de las nuevas autoridades dependerá no solo de su perfil individual, sino de su disposición efectiva a investigar sin privilegios ni excepciones, a proteger a las víctimas sin discriminación y a garantizar que la ley se aplique incluso frente a quienes detentan poder, con una actuación que debe ser caracterizada por la independencia.
La justicia no es una opción política ni una concesión. Es una obligación constitucional y una condición indispensable para allanar el camino a la transición democrática.
Firman:
-CAMPO
-Caleidoscopio Humano
- Centro de Justicia y Paz
-Conexión Segura y Libre
-Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)
-Derechos Humanos en Acción
-Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento
-Gritemos Con Brío
-Ideas Por La Democracia
-Nosotras por Todas
-La República TV
-La TV Calle
-Observatorio Global de Comunicación y Democracia
-Observatorio Digital Probox
-Laboratorio de Paz
-Redes Ayuda
-Transparencia Venezuela
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FUENTE: >>Javier García
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