“Matan poco a poco” a militares disidentes en Venezuela

El llanto de las madres de oficiales no cesa ante las cárceles donde están sus familiares. De 124 presos militares, la cifra llegó a 207 en 2026, y sólo han liberado a 7, mientras el resto sufre de torturas y en sus cuerpos hay huellas de desnutrición, de afectación mental por los años en las mazmorras del chavismo.

Hernán Lugo-Galicia

El general en jefe, Isaías Baduell, y sus hijos son ejemplos del maltrato recibido por militares que disienten del chavismo. Su compadre, Hugo Chávez, lo apresó, pese a haberlo devuelto a Miraflores en abril de 2002, luego de la intentona que lo sacó del poder y lo hizo firmar una renuncia.

Poco importó su jerarquía militar, su participación en el Movimiento Bolivariano 200 que idearon para derrumbar la democracia en Venezuela y esa afinidad con el barinés, pues lo mantuvieron en condiciones inhumanas hasta que falleció en una operación médica aún no aclarada.

Su familia ha sido perseguida, amenazada y encarcelada por llegar al apellido Baduel. Josnars está detenido desde 2020. Raúl Emilio tuvo que asilarse en España, mientras que Andreina está constantemente sediada, vigilada y recibe amenazas en su residencia o en cualquier lugar público.

Igual situación pasa con el resto de los oficiales que, en diversos momentos, han reclamado el respeto a la Constitución ya los derechos humanos, como el capitán Juan Caguaripano, quien sufrió descargas eléctricas, una vez que es capturado y sentenciado por la “Operación David Carabobo”, el primer teniente Franklín Caldera; la madre y padre, hermanos y primos del teniente José Rodríguez Araña, entre otros oficiales.

“Pura maldad contra sus compañeros de armas”, lamenta un general retirado sobre la existencia de rehenes militares en manos de los grupos de poder dentro del chavismo: el “Madurismo” y “Cabellismo”, y de cómo el honor y el decoro militar vale poco para la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

LaFrase: “El hecho de ser militar institucionalista, constitucionalista y venezolano representa para el chavismo una condena mortal: Ser detenido, vejado, incomunicado, torturado y, finalmente, asesinado”, cuestiona un general retirado.

Treta navideña

Una muestra de esa maldad se evidencia el 25 de diciembre de 2025 cuando Nicolás Maduro se ufanó de liberar a 99 presos políticos como una “gracia navideña”, sin incluir a los militares.

La resolución fue aprobada por el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pero no como una medida humanitaria, sino porque cuidaban de recursos económicos para alimentarlos y algunas presentaban enfermedades, producto de las torturas psicológicas, verbales y hasta físicas, y temían que fallaran bajo la custodia del régimen chavista.

“No fue un gesto por la Navidad, fue una treta”, manifestó un militar activo sobre este acto.

En esa cifra de excarcelados a finales de 2025 no incluían a los militares detenidos por razones políticas, así como tampoco figuraron en la primera lista de liberados, de manera parcial en inicios de 2026, hecha efectiva luego de la captura de Maduro el 3 de enero y debido a la presión de la administración de Donald Trump durante ese mes y febrero.

De hecho, los militares han sido excluidos de cualquier mecanismo judicial ya sea porque, en diversos años y actos, han expresado críticas al chavismo o participación en eventos pro restitución de la Constitución.

De 124 presos militares en 2024, la cifra aumentó en 2026 a 207, con la detención de 10 oficiales de la Aviación que insertaron aviones del narcotráfico.

Apenas han salido de la cárcel siete oficiales, entre ellos: un general de División, José Francisco Coraspe Vidal, a quien juzgaban por corrupción y no por hechos políticos, pero que fue torturado y estuvo desaparecido por más de un año; y el 11 de febrero, fue excarcelado el capitán (FAV), Robert Jiménez, por haber cumplido la condena en la cárcel Ramo Verde, estado Miranda, de 5 años cumplida el 2 de febrero de 2024

  

ElDato:

Militares de Rehenes

Ejército: 83

Armada: 11

Aviación: 29

GNB: 84

Total: 207

Actualizado: 12 de febrero de 2026

Fuentes: Ong's defensoras de derechos humanos, familiares, FIM y oficiales retirados

Asesinados por el chavismo

Desde Chávez hasta Maduro, los militares han sido lo más torturados, perseguidos y vejados por alzar sus voces contra el régimen chavista. “Hay un patrón o un manual de atropellos contra cualquier uniformado”, se refieren oficiales y soldados retirados.

En el “manual” figuran: Detenciones arbitrarias;
Negativa a la designación de abogados propios;
Persecución o intimidación a familiares de los militares;
Maltrato a cadetes;
Guerra psicológica en cuarteles por intermedio del G-2 de Cuba;
Prohibición de emisión de pasaportes a oficiales y de salida del país.
Paralización de bajas. Desde 2013, no hay registros de las deserciones.
Seguimiento por parte de la DGCIM y de la “red de sapos verdes”.

Entre 2020 y 2019, las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a 23.688 personas, bien en protestas o en procedimientos policiales, según la ONG Provea.

Desde 2015, fallecieron 14 personas, bajo custodia del régimen chavista; la mitad de ellos luego de la derrota de Maduro el 28 de julio de 2024.

De esta cifra, tres eran oficiales de alto rango y de ascendencia o respeto en la FANB: El capitán Rafael Acosta Arévalo fenece en 2019, producto de los golpes a los que fue sometido durante los interrogatorios sin que su denuncia fuera procesada por el juez que llevaba su caso.
Baduel, ex comandante general del Ejército (2004-2006) y ex ministro de la Defensa (2006 – 2007) falleció bajo custodia de la DGCIM el 12 de octubre de 2021, en una operación que se efectuó sin la autorización de sus familiares y en total hermetismo.
Y, el sargento de segunda (GNB), César Mayora, comprometido con la libertad de Venezuela.

En el exterior de Venezuela también han ocurrido hechos contra militares disidentes, por órdenes expresas de Miraflores.

El más alarmante fue el secuestro el 21 de febrero de 2024 y, posterior asesinato del primer teniente Ronald Ojeda en Chile, por el cual, la justicia de ese país exige la presencia de Diosdado Cabello, ministro del Interior, para declarar e imputarle cargos debido a que las evidencias demuestran que es el responsable intelectual.

En el manuscrito dejado por Ojeda hay constancia de la alevosía chavista contra los militares disidentes cuando en 2017 fue detenido por primera vez, bajo los cargos de supuesta desestabilización. En el escrito, el oficial señala a los responsables de golpear a la disidencia militar y denunciar la corrupción en la FANB.

Ojeda describe los siguientes métodos de tortura en la DGCIM:Patadas a la cabeza.
Rocío de gas pimienta
Asfixia con una cuerda
Pisada de manos
Descargas eléctricas en las orejas, dedos meñiques y tobillos.
Colocación de una capucha en la cara y rocío de agua para provocar asfixia momentánea.
Castigos en la DGCIM como “Gulag Castro Chavista”: Consiste en un cuarto oscuro, torturas que ocasionan quietud, desorientación y confusión mental. Colocación de esposas por horas.
Violación al debido proceso y principio de inocencia, artículo 42 de la Constitución.
Prohibición de acceso a baños, servicios médicos.
Quiebre de dedos con paletas con torniquete
Cuelga del cuerpos por horas
introducción en baldes de agua.
Castigos en “La Pecera” de la DGCIM: Sala de conferencia convertida en centro de torturas, donde sientan al detenido, esposado, por espacio de una hora, días y hasta un mes.
Comidas de mala calidad: Lentejas, arroz a través del “carrito del sabor”
Obligan a firmar actas a los detenidos para que nieguen los maltratos y torturas.
Informes a los médicos no registran las torturas a detenidos.

Contexto: El Centro de Procesados ​​​​y Penados Militares Guaicaipuro (Fuerte Guaicaipuro), en Charallave, estado Miranda, es controlado por el Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), adscrito a la DGCIM.

Muerte lenta

Las atrocidades contra los militares fueron expuestas de manera dolorosa el pasado 12 de febrero por familiares de quienes participaron en la “Operación Gedeón”, a quienes se les permitió verlos luego de seis meses.

“Los están matando poco a poco”, dijo una de las madres, mientras lloraba y trataba de darle consuelo a otra, cuyo rostro mostraba angustia, temor y un asombro ante lo que había visto.

Los 32 venezolanos que participaron en la mencionada operación, filtrada por Cabello para tender una trampa en 2020, están raquíticos; algunos en una especie de estado catatónico, con la mirada pérdidas, sin ver, ni responden a sus allegados; y otros con otros traumas, como consecuencia de estar incomunicados, de las torturas físicas y psicológicas.

La visita fue en Fuerte Guaicaipuro, donde fueron trasladadas las 32 personas, entre ellas 18 militares, 7 civiles, 6 policías y 1 DGCIM.

Por el caso “Gedeón”, el régimen chavista solicitó a Colombia la extradición de los hermanos Juven José y Juvenal Sequea Torres, mayores de la GNB, con 23 años de carrera militar.

Este expediente mostró cómo el chavismo ejecuta la práctica nazi “Sippenhaft”, de perseguir a familiares de opositores.

La madre de los oficiales, Mery Torres, de 71 años, y su sobrina Zoris Gutiérrez fueron secuestradas en septiembre de 2025.

Transcurridos dos meses de desaparición forzada, lograron ubicarlas en el centro de detención Zona 7 de Boleíta. Luego, Torres fue remitida al INOF en aislamiento prolongado, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó medidas cautelares y que tiene un estado crítico de salud.

Otros familiares, como el capitán Antonio Sequea y su cuñado, el español Fernando Moya, llevan seis años en la cárcel El Rodeo 1, y denuncian que han sufrido torturas, desapariciones forzadas y castigos con electricidad y aislamiento.

ElHecho: Mazmorras verdesRamo Verde: Sitio de reclusión de militares pero también han ubicado a civiles, entre ellos dirigentes políticos.
Fuerte Guaicaipuro: Centro de Procesados ​​Militares, adscrito y construido por órdenes de Min-Defensa, bajo la administración de Padrino López, a modo de jaulas que es vigilada desde arriba por los custodios, mientras los presos están en sótanos.
DGCIM: “La Pecera”
Casa en San Bernardino, Caracas, donde los colectivos ejecutan las torturas.
Sebin (Plaza Venezuela y El Helicoide)
Anexo de la Casa Militar en Fuerte Tiuna.
Centro de torturas en CONAS-GNB en Quinta Crespo y Las Acacias.
“90 centros de reclusión de presos políticos existen en toda Venezuela, de los que se tiene conocimiento”, indican Ongs que mantienen contactos con familiares.

¿Amnistía total o parcial?

Ahora, cuando en Venezuela, se discute una ley de amnistía, la familia de oficiales se preguntan ¿incluirán a los presos políticos militares?

La incertidumbre se manifiesta, no sólo por la alevosía que hay contra los disidentes, sino por dos hechos:Uno, el texto presentado a la Asamblea Nacional, de dominio chavista, pretende exonerar de responsabilidades a los funcionarios y subalternos que cometieron atropellos, con el argumento de que “cumplían órdenes” o es “un perdón general” para garantizar la paz. Dos, el 10 de febrero de 2026, fueron sentenciados a 30 años de prisión: los primeros tenientes Wladimir Escalona Gutiérrez y Marcos David Insignare García; y la sargento segunda, Iriannys Valentina Mujica de Montesinos, al imputarseles los cargos de espionaje, instigación a la rebelión, traición a la patria y desobediencia. Ya habían sido degradados en los rangos y detenidos en julio de 2023. “Amnistía versus Terrorismo de estado: ¿Reconciliación?”, expresan oficiales.

El Frente Institucional Militar (FIM) deplora la violación a la Constitución, leyes y reglamentos castrenses y exigen la libertad total de los presos políticos:

“Exigimos la liberación inmediata sin condiciones, de todos los presos políticos, con especial mención a los más de 180 compañeros de que sufren cautiverio por armas defensoras de la Constitución, y exigimos las garantías necesarias para el regreso libre y seguro de los miles de exiliados que anhelan reconstruir su hogar.

"​Reafirmamos -indicamos en un comunicado de fecha 9 de febrero- que la paz verdadera sólo nacerá del respeto absoluto a la voluntad popular. Recomendamos a los ciudadanos no abandonar la movilización pacífica y exhortamos a la comunidad internacional a mantener la presión hasta que se cumpla el de las urnas. La libertad de los cautivos y el retorno de la diáspora son importantes pilares en el proceso de reconstrucción obligatoria. Es imperativo que nacional la transición se concreta sin más dilaciones, devolviendo al pueblo la soberanía que mentalmente le pertenece”.

El FIM, representado por el general de Brigada (Ej), Juan Antonio Herrera Betancourt, como presidente; el general de Brigada (Ej), Teodoro Díaz Zavala, como vicepresidente, y el general de Brigada (GN), Rafael Vera Ruiz, como secretario de Organización y más de 200 oficiales, denuncian:

"Aún persiste la opresión sistemática que enfrentamos, marcada por una asfixiante falta de libertad de expresión, de reunión y una persecución política implacable. Bajo el actual estado de cosas, disentir se ha convertido en un riesgo de vida, derivando en la existencia de prisioneros de conciencia sometidos a torturas y tratos crueles por parte del aparato oficial. Esta realidad no es solo una violación a los derechos humanos, sino un agravio a la dignidad que justifica nuestra lucha por un cambio estructural. En este escenario, reconocemos y agradecemos el respaldo estratégico y diplomático brindado por el actual gobierno de los Estados Unidos, cuya firmeza ha sido fundamental para ayudarnos a cercar la usurpación y abrir caminos hacia la restitución de la legalidad”.

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FUENTE: >>https://hlgnapita.wordpress.com/2026/02/13/matan-poco-a-poco-a-militares-disidentes-en-venezuela/

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