El régimen no desapareció de un día para otro, pero perdió su estructura vertical y su capacidad de control absoluto. En su lugar, emerge una fase marcada por tensiones constantes, negociaciones discretas y episodios disruptivos de inestabilidad recurrente que reflejan la lucha interna por la redefinición del poder.
Este tipo de procesos no es inédito. Las transiciones tras la caída de liderazgos autoritarios rara vez siguen una línea recta; más bien, suelen atravesar etapas intermedias en las que el aparato estatal se reacomoda, las élites se fragmentan y los incentivos cambian rápidamente. En Venezuela, la salida de Maduro no significó el fin del sistema autoritario criminal que lo sostuvo. Por el contrario, se produjo el inicio de una pugna por el control del Estado entre actores políticos, militares, económicos y criminales que intentan asegurar su supervivencia en el nuevo contexto. Por ahora, el sistema es manejado por cuatro actores principales que, en conjunto, están conteniendo los movimientos sísmicos que los amenazan existencialmente.
El país vive, en términos estratégicos, una transición bajo presión, coacción y control externo. El riesgo de investigaciones penales, sanciones internacionales y recompensas contra figuras clave del aparato de poder ha alterado los cálculos de la corrupta élite gobernante. Algunos actores evalúan la posibilidad de negociar garantías o salidas pactadas con Estados Unidos, mientras otros optan por resistir y preservar posiciones de influencia a la espera de un cambio de inquilino en la Casa Blanca. Esta tensión crea un terreno inestable donde cada decisión genera efectos en cadena sobre la precaria gobernabilidad y la constante amenaza de violencia.
Las microfracturas políticas se convierten así en la expresión visible de ese reacomodo. Si bien no representan necesariamente explosiones de violencia generalizada, se transforman en episodios que evidencian fisuras: disputas internas, interrupciones institucionales, choques por el control territorial, tensiones en la cadena energética, conflictos entre estructuras de seguridad y amenazas de grupos paraestatales que se niegan a abandonar el control de territorios, rutas y centros de negocio de la economía ilícita. En escenarios de colapso híbrido, estos eventos son esperables; forman parte del proceso mediante el cual el poder deja de concentrarse en una figura central (en este caso, extraída por EE. UU.) y pasa a redistribuirse entre actores que buscan consolidarse.
El elemento criminal es fundamental en el análisis político. Durante años, el chavismo convirtió al Estado venezolano en un mero instrumento de la corporación criminal transnacional que opera en el país. Se consolidó un ecosistema de redes ilícitas y economías paralelas, lo que convirtió la disputa por el poder en una competencia por rentas, territorios y protección del narcoterrorismo y el lavado de activos a nivel mundial. En este contexto, debe entenderse que la transición supera la frontera de lo institucional: estamos hablando de una lucha cruenta por redefinir quién controla las estructuras económicas que sostienen la gobernabilidad informal del país. Este factor explica por qué las fracturas internas pueden ser más peligrosas que la presión externa.
A ello se suma el componente geopolítico. La política energética y las decisiones regulatorias en torno al petróleo venezolano han comenzado a influir directamente en el equilibrio interno. El control de la renta petrolera se perfila como el principal instrumento de estabilidad —o de desestabilización—, dependiendo de cómo se administre. Un flujo controlado de ingresos puede amortiguar tensiones y facilitar acuerdos; su captura por facciones rivales, en cambio, puede intensificar el conflicto.
En este escenario, el futuro inmediato de Venezuela se mueve entre tres rutas posibles que pueden ser diferentes al plan de la Administración de Donald Trump. La primera es una transición pactada, donde sectores del antiguo poder negocien garantías y se abra un camino gradual hacia elecciones verificables. La segunda es un colapso híbrido prolongado, con un Estado funcional pero fragmentado, atravesado por crisis recurrentes y disputas territoriales. La tercera, menos probable pero posible, es la escalada hacia un conflicto interno si las fracturas del aparato coercitivo se profundizan y las garantías desaparecen.
La historia reciente demuestra que la caída de un liderazgo autoritario no resuelve automáticamente las tensiones acumuladas durante años. Por el contrario, suele revelar la verdadera estructura del poder y las redes que lo sostienen. En Venezuela, esa estructura sigue activa y en proceso de redefinición. La estabilidad no dependerá únicamente de un cambio político formal, sino de la capacidad para gestionar las crisis intermedias, contener a los actores que buscan sabotear la transición —desde el exilio e internamente— y establecer reglas claras para la competencia por el poder.
El país entra, así, en una fase decisiva que se definirá en los próximos meses o años. La solución deseada no reside en la permanencia de un líder o de la llamada «tetrarquía». La salida debe concebirse a través de métodos que permitan a los actores controlar (o no) el sistema remanente tras la salida de Maduro (influenciado por China, Cuba, Rusia e Irán). En esa disputa, los conflictos son el síntoma de que el poder se está redistribuyendo y de que la transición venezolana será, antes que un evento puntual, un proceso prolongado marcado por tensiones, negociaciones y redefiniciones constantes.
FUENTE: >>https://www.epochtimes.es/news/tras-la-caida-de-maduro-venezuela-entra-en-la-fase-decisiva-por-el-control-del-pais-32167.html
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