Barra Plural 2037 La designación.

Está próxima a resolverse en Caracas las vacantes generadas por las renuncias que, en buena hora, a sus cargos presentaron quienes ocupaban la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

A pesar de que dentro del plazo previsto por la legislación se presentaron candidatos con un currículo intachable para ocupar cada vacante, según informó el señor Jorge Rodriguez, debió ampliarse el lapso de postulaciones porque no fue posible llegar a un consenso respecto de quienes podrían cubrir las mismas, lo que sin duda alguna refleja la situación política interna del país.

En los años pasados del presente siglo, cuando se trataba de cargos unipersonales, quienes tenían la mayoría en la Asamblea Nacional decidían con base a esa situación numérica, la persona que ocupaba la posición respectiva, sin importar credenciales de los postulados, lo que llevó la representatividad de las instituciones respectivas, al nivel de descrédito que actualmente tienen.

Hoy, esas mayorías no pueden imponerse, no dudo que, por falta de voluntad, sino por la situación política que hoy vive Venezuela.

La decisión que se adoptará pasa por dos tamices: el primero, aunque a algunos les parezca imposible, por lo que piense el grupo de diputados que representa en la Asamblea Nacional a quienes se oponen al gobierno en funciones. El segundo, por lo que finalmente considere esa persona que, en algún despacho en la Casa Blanca o en el departamento de Estado, está encargado de evaluar todo lo que ocurra al interior de Venezuela. Es, no lo dudo, finalmente esta, la opinión fundamental. Si ella veta la respectiva decisión, la mayoría lo acatará, seguramente a disgusto, pero lo hará pues no les queda de otra.

La situación sería muy distinta, nadie lo dude, si en la Asamblea Nacional no existiere ese contrapeso que, cuando menos 13 personas, están haciendo.

Ellas, tan denostadas, contra viento -gubernamental- y marea o fuego amigo opositor, representan la voz disidente que le permite al funcionario norteamericano a cargo de nuestro país -o ex país- tomar la decisión en los mejores intereses de su gobierno en el entendido que, para este, lo fundamental no es resolver el tema electoral sino, en primera instancia el económico. En todo caso, reitero: Desde el año 2019, Estados Unidos propuso para Venezuela un gobierno de cohabitación; ciertamente que, hasta ahora, los únicos que ocupan los poderes en Caracas son personas vinculadas -muy estrechamente- al proyecto que se ha desarrollado en nuestro país desde el 2 de febrero de 1999. Esa situación, posiblemente, empiece a cambiar ahora.

A nadie debe extrañar que las dos designaciones que se producirán próximamente conllevaría un equilibrio en las mismas. Ello, o sorpresa, implicaría un retorno impensado a lo que ocurría en Venezuela en la época democrática en la cual, los principales actores políticos se ponían de acuerdo para designar en la Fiscalía y en la Contraloría General de la Nación, que eran los órganos de actuación unipersonal que preveía la Constitución de 1961, a personas -independientes, nunca militantes- que simpatizaban uno con el gobierno y otro con la oposición, buscando así una suerte de balance institucional.

Se me argumentará, con razón, que la Constitución de 1999 establece, meridianamente, que quienes ocupen esos cargos deben ser personas absolutamente independientes.

Soy de quienes sostiene, inclusive académicamente, que es menester enmendar la Constitución respecto de ello, pues cualquiera puede ser independiente renunciando el dia anterior a la postulación respectiva a la militancia partidista y allí habría cumplido con el texto constitucional, pero que a mi juicio implicaría la vulneración del espíritu de la norma, lo que por cierto, nunca ocurrió entre 1959 y 1999 pues nunca se designó para ocupar ningún cargo de tal importancia, a uno que el día anterior hubiere renunciado a militancia partidista. Pero adicionalmente, reitero que, en Venezuela, el texto constitucional no es la hoja de ruta que siguen quienes han dirigido el país; es la interpretación que de ellas haga el TSJ y este, ya sabemos quienes lo integran y de donde provienen.

La designación del Fiscal General de la Nación y del Defensor del Pueblo es el primer instrumento que nos permitirá evaluar hacia donde considera el gobierno norteamericano que debe evolucionar la institucionalidad venezolana. Si ella implica el principio de la cohabitación que, reitero, desde el 2019 pretende ese gobierno para Venezuela, para ellos -y creo que para nosotros- iremos mejorando paulatinamente pues el país, guste o no a algunos, lo integramos personas con pensamiento plural.

Gonzalo Oliveros Navarro

@barraplural

Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias

FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro

Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.