Delcy Rodríguez, hoy como figura central del poder político, intenta marcar distancia respecto al período de destrucción institucional y económica que llevó a Venezuela al borde del colapso, pero esa narrativa tropieza con una realidad que sigue intacta: la existencia de redes de poder que han capturado sectores estratégicos de la economía, amparadas por capitales de origen dudoso y por la protección, abierta o velada, de sectores militares y policiales.
Uno de los casos más graves se observa en Apure, donde el negocio de la carne ha quedado atrapado en una lógica de control excluyente que asfixia a los productores, distorsiona el mercado y termina castigando al consumidor final. Lo que en teoría debería ser una cadena productiva sana, competitiva y regulada, se ha convertido en un esquema dominado por una sola estructura económica que impone condiciones, fija precios y reduce cualquier posibilidad de competencia real.
En ese entramado aparece la figura del empresario Bruno Venturi, dueño del Matadero Industrial del Sur C.A., junto a familiares que, según denuncias públicas, controlan una amplia red de frigoríficos y carnicerías bajo la denominación Capochi C.A. Ese nivel de concentración no solo debilita a los competidores, sino que permite incidir de manera decisiva en la distribución y venta del producto, en abierta contradicción con principios elementales de competencia libre y con el mandato constitucional que prohíbe el monopolio.
El problema, sin embargo, no se limita a una disputa local; Apure, uno de los principales estados ganaderos del país, termina vendiendo la carne más cara de Venezuela, pese a ser un gran productor. Esa paradoja expone la magnitud de la captura del mercado y demuestra que el control del negocio no está beneficiando ni al productor ni al consumidor, sino a una estructura de intermediación que se queda con la mayor parte de la ganancia.
Según cifras citadas por el Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), en Apure el precio promedio del ganado en pie se ubica en 2,05 dólares por kilogramo. Sin embargo, ese valor no se refleja en el comercio final, no existe una estructura de costos que justifique una carne en 10 dólares el kilogramo, ni mucho menos cortes como el lomito o la punta en casi 12 dólares. La diferencia entre origen y anaquel revela un sistema de sobreprecio y concentración que perjudica a toda la cadena productiva.
A ello se suma otro hecho todavía más delicado: la operación de este negocio con respaldo o tolerancia de organismos de seguridad del Estado. Diversos productores sostienen que se han debilitado los controles sanitarios y de movilización, incluidos los protocolos del Insai para verificar la salud del ganado y las guías exigidas en los puntos de control de la Guardia Nacional. Esa omisión no solo facilita la opacidad en el traslado de reses, sino que además abre espacio al abigeato, a la manipulación de lotes y al debilitamiento de la trazabilidad sanitaria.
El corazón del problema está en un sistema de control opaco, donde actores con poder territorial imponen condiciones arbitrarias para el sacrificio, la movilización y la venta del ganado. Los productores han denunciado que no pueden comercializar libremente su producción ni trasladarla sin someterse a estructuras que fijan rutas, precios y destinos; mientras tanto, quienes concentran el negocio se mueven con privilegios y sin supervisión equivalente.
La consecuencia es devastadora: pequeños y medianos ganaderos forzados a vender por debajo de sus costos o paralizar actividades. Menos oferta en el mercado, más escasez relativa y precios más altos para el consumidor. En un país ya golpeado por la inseguridad alimentaria, esta dinámica agrava la vulnerabilidad de millones de familias y profundiza el deterioro del poder adquisitivo.
Apure, tradicionalmente considerado uno de los pilares ganaderos de Venezuela, está siendo reducido a un territorio de control económico restringido por pocos actores. Ese modelo no solo destruye al aparato productivo local, sino que envía una señal alarmante al resto del país: cuando existen redes de protección institucional, la ley puede ser sustituida por intereses particulares. El silencio oficial, por ahora, sigue siendo ensordecedor.
Denunciar esta realidad no es un exceso retórico, sino una obligación ciudadana; mientras no se desmonten estas redes de control, no se restablezca el Estado de derecho en la cadena productiva y no se investigue a fondo el manejo del negocio cárnico, el país seguirá pagando el precio de un sistema que privilegia a unos pocos a costa del bienestar colectivo.
@jufraga12
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