Al menos cuarenta intelectuales y artistas latinoamericanos y españoles, entre ellos, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki o Alberto Barrera han firmado el manifiesto Intelectuales por la libertad en Venezuela que se presenta hoy en Madrid en el que solicitan al Gobierno de Caracas que respete los derechos humanos, la libertad de expresión y el resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 6 de diciembre en ese país.
El manifiesto que, según los organizadores, surgió de forma espontánea tras la muerte de Díaz, forma parte de los actos de la llamada Caravana por la Libertad en Venezuela que en los últimos días recorre Lisboa y Madrid con distintas actividades. Ayer por la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de la capital española, siete intelectuales y artistas venezolanos —los escritores Alberto Barrera, Domenico Chiappe y Juan Carlos Méndez Guédez; el cineasta Oscar Lucien, el fotógrafo Alexander Apóstol, la cantante lírica Elvia Sánchez y la artista plástica Diana López, hermana de Leopoldo López— comparecieron para denunciar la grave situación que vive el país. “Los disparos contra Luis Manuel Díaz responden al ‘como sea’ de Nicolás Maduro para ganar las elecciones”, aseguró Barrera.
La iniciativa está promovida por Maite Pagazaurtundua, portavoz de UPYD en el Parlamento Europeo, también firmante del manifiesto, y por el eurodiputado portugués José Inazio Faria, del Partido da Terra. Los autores de la carta hacen referencia a la inseguridad ciudadana en Venezuela que, según sus palabras, funciona como un sistema de “coacción social” y aluden al sistema que obliga a los ciudadanos a registrar su huella digital en máquinas controladas por “aparatos de represión estatal” para las actividades más básicas, desde el derecho al voto hasta la compra de alimentos.
Con todo, la mayor demanda de los firmantes— algunos obligados a vivir fuera del país por la situación política, por lo que piden la vuelta de los exiliados — es que el Gobierno de Maduro, cuyo régimen califican de “estado de indefensión”, respete la disensión y una ley de amnistía para presos políticos— que se calculan en decenas— y ciudadanos comunes cuyo único delito ha sido expresar una opinión discordante en las redes sociales.
Fuente El País

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