Escrito por Barbara CordovaCaracas, 29 de marzo de 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió este domingo sobre los efectos que podría tener la pandemia del coronavirus en Venezuela, ante la crisis humanitaria que atraviesa el país.
A continuación el reporte de la CIDH:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en el marco de su recientemente instalada, Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI – COVID19), reconocen la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades en todo el mundo debido a las medidas excepcionales que buscan responder a la pandemia ocasionada por el
coronavirus COVID-19 que avanza en forma exponencial y que, al 26 de marzo, ya se había cobrado al menos 21.031 vidas a nivel global y 1.330 en el hemisferio occidental. Esto supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas e incluso para la vigencia de los derechos humanos. En ese contexto, la CIDH y su REDESCA advierten con grave preocupación los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de las personas venezolanas debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país.
La pandemia del COVID-19 demanda una actitud responsable y solidaria por parte de todos los Estados, instituciones nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía en general. La Comisión y su REDESCA han venido observando como la grave de situación de derechos humanos que afecta a las venezolanas y los venezolanos en los últimos años se ha profundizado debido a la crisis humanitaria que ha generado la mayor crisis de desplazamiento de las Américas, y que llevó a cerca de 5 millones de personas venezolanas a desplazarse. En este complejo contexto, las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención del COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo.
En efecto, a través de su constante monitoreo sobre la situación de derechos humanos, y su reciente visita in loco a la frontera colombo-venezolana, la CIDH y su REDESCA han podido verificar que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria sin precedentes. Esto ha repercutido profundamente en el goce de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de gran parte de la población; particularmente, de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión histórica. En tal sentido, la Comisión y su REDESCA recuerdan el carácter interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos, así como la interseccionalidad en cuanto a sus afectaciones, lo que como han venido sosteniendo se observa con particular claridad en el caso venezolano.
En cuanto a las condiciones para una adecuada atención de salud, la CIDH y su REDESCA han advertido reiteradamente sobre el deterioro progresivo de la red hospitalaria en Venezuela, cuyos centros médicos cuentan en general con infraestructura inadecuada y escasez de insumos básicos, así como de personal médico calificado. Gran parte de los centros de salud de Venezuela no cuentan de forma continua con agua potable, electricidad, insumos de higiene y profilaxis, equipos quirúrgicos, laboratorios para controles de transfusiones sanguíneas, material para esterilizar los instrumentos, vacunas para inmunizaciones básicas, ascensores operativos, ni medios de contraste para realizar diagnósticos. A ello se suma un clima de persecución, acoso y hostigamiento en contra de las y los profesionales de la salud, como de las personas que protestan por la falta de equipos y de insumos para brindar una atención de calidad a las personas enfermas. Particularmente, la Comisión y su REDESCA han recibido información sobre la crítica situación del Hospital José Manuel de los Ríos, el mayor centro pediátrico del país, y del Hospital Maternidad Concepción Palacios, uno de los principales centros de atención obstétrica a nivel nacional. Ambos hospitales han sido beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, que hasta la fecha no han sido cumplidas por parte del Estado.
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